Los derechos individuales como bienes comunes: El ejemplo de la Segunda Enmienda

Una corriente destacada del pensamiento posliberal sostiene que el gobierno existe para promover el bien común y que se ha dado demasiada importancia a los derechos individuales. El profesor de derecho de Harvard Adrian Vermeule ha defendido la autoridad del gobierno para promover el bien común "incluso cuando hacerlo requiera prevalecer sobre las reivindicaciones egoístas de los individuos respecto a los 'derechos' privados". Esta es una postura seria que responde a una debilidad real en la forma en que a menudo se entienden los derechos: como cartas de triunfo que poseen individuos aislados frente a una sociedad que es su adversaria.

Sin embargo, los derechos deben reconocerse como parte del entramado que conforma el bien común. El filósofo político y teólogo católico Martin Rhonheimer llega incluso a describir la protección mutua de los derechos como parte del "bien común de la democracia constitucional". La responsabilidad que cada miembro de la sociedad tiene hacia ella —el respeto que le debemos al orden público en su conjunto— incluye velar por los bienes comunes que son los derechos individuales y que contribuyen a su prosperidad.

La Segunda Enmienda protege los derechos individuales para promover el bien común

La Segunda Enmienda ofrece un ejemplo especialmente claro en el contexto estadounidense. Su texto se refiere tanto al bien común como a los derechos del individuo. "Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre", reza la disposición, "no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas".

La histórica decisión de la Corte Suprema en Distrito de Columbia contra Heller reconoció que la Enmienda contiene su propio propósito social y podría parafrasearse como: "Dado que una milicia bien regulada es necesaria para la seguridad de un Estado libre, no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas". El propósito y el mandato van de la mano, según la Corte: "La lógica exige que exista un vínculo entre el propósito declarado y el mandato". Y el propósito social original de la Enmienda es claro: desalentar la tiranía y, de ser necesario, potenciar la resistencia contra ella. La Segunda Enmienda garantiza un derecho individual teniendo en cuenta un bien común vital.

Si los derechos existen porque sirven al bien común, ¿puede el gobierno anularlos cada vez que decida que el bien común así lo exige? Ese es el punto que Vermeule plantea en la cita al inicio de este ensayo. La respuesta es que consagrar constitucionalmente ciertos derechos individuales es una forma de asegurar los bienes comunes que estos proporcionan, al aislarlos de las negociaciones de la política cotidiana. Citando a Heller: "La mera enumeración del derecho le quita al gobierno […] el poder de decidir, caso por caso, si realmente vale la pena insistir en ese derecho". Tal resultado "es el producto mismo de un equilibrio de intereses por parte del pueblo" —un compromiso social de gran importancia y peso.

Los derechos individuales, en general, promueven el bien común

Ningún otro derecho constitucional establece tan claramente su propósito social. La Primera Enmienda no dice nada sobre el valor de la libertad de expresión para la búsqueda de la verdad, ni de la religión para la civilización, ni de presentar peticiones al gobierno para la respuesta oficial. La Cuarta Enmienda guarda silencio respecto a la importancia del orden legal y la privacidad para el tono de una vida en comunidad digna y decente. La Octava Enmienda no habla de lo que le sucede a una sociedad que inflige violencia gratuita a aquellos de sus miembros que han sido condenados por delitos.

Por supuesto, los patriotas que consagraron esos derechos individuales conocían los bienes comunes que promoverían. La defensa de John Milton de la libertad de expresión como ayuda a la veracidad social, Areopagitica, llevaba un siglo y medio impresa. Más presente en la mente de los fundadores estadounidenses habría estado la decisión del King’s Bench en Entick v. Carrington, que fue muy influyente al establecer las protecciones del derecho consuetudinario contra los registros irrazonables. La opinión de Lord Camden se refirió al derecho de cada individuo a la propiedad privada como "sagrado", pero también advirtió que las intrusiones ilegales "destruirían todas las comodidades de la sociedad". Incluso un derecho del que solo disfrutara un subgrupo de la población podía defenderse en términos de beneficio social. Una década antes de que la Constitución prohibiera los castigos crueles e inusuales, Thomas Jefferson redactó un proyecto de ley penal en el que afirmaba que el uso excesivo de la pena de muerte "debilitaría al Estado al eliminar a tantos que, de reformarse, podrían volver a ser miembros válidos de la sociedad".

Algunos pensadores modernos siguen entendiendo los derechos individuales como bienes comunes. Consideremos la respuesta del católico francés Pascal-Emmanuel Gobry al ataque terrorista de 2015 dirigido contra una revista satírica anticlerical. "El equipo de Charlie Hebdo y yo teníamos puntos de vista diametralmente opuestos sobre religión, filosofía, política, economía… lo que se te ocurra". Sin embargo, "un ataque contra personas con las que discrepo en casi todo" es "un ataque a mis valores, a aquello en lo que creo y aprecio". Gobry vio el asesinato de los críticos de su religión como un ataque a una sociedad basada en la libre expresión de opiniones, en el debate acalorado pero pacífico, en lugar de una guerra de todos contra todos. Entendió que la solidaridad en defensa de los derechos individuales es parte del mantenimiento del bien común. Como ha escrito el teólogo Aristóteles Papanikolaou, se trata de una forma de amistad cívica —de amor social.

Los posliberales tienen razón al señalar que en el pensamiento contemporáneo está arraigada una concepción excesivamente individualista de los derechos individuales. Mucho se ha hablado sobre los fundamentos de los derechos modernos en las antropologías de la Ilustración de John Locke y Thomas Hobbes, donde las personas solitarias se aferran celosamente a sus derechos o los ceden al salir del individualismo primordial para ingresar a la sociedad. En estas filosofías, los derechos individuales se sitúan por encima y en oposición al bien común. Pero los derechos tal como los entendían Milton, Lord Camden y Jefferson, y ahora personas como Rhonheimer, Gobry, Papanikolaou y Scalia, también reflejan una comprensión profunda de los bienes de la sociedad misma. Son partes indispensables de las dimensiones sociales y comunitarias de la tradición estadounidense, al igual que lo son de su lado más individualista.

El caso Viramontes es una oportunidad para que la Corte Suprema explique con mayor detalle cómo los derechos individuales promueven el bien común

Este período de sesiones, la Corte Suprema tiene la oportunidad de explicar con mayor claridad cómo el derecho individual protegido por la Segunda Enmienda respalda el bien común. En diciembre, escuchará los argumentos en Viramontes v. Condado de Cook, una impugnación a las prohibiciones de los rifles semiautomáticos AR-15. La controversia central se ha planteado en torno a si los AR-15 deben entenderse más bien como armas civiles para la autodefensa o como armas de guerra.

Si bien la autodefensa está protegida constitucionalmente y es importante, se trata de una falsa disyuntiva que pasa por alto el propio texto de la Segunda Enmienda. En un escrito de amicus curiae del Instituto Cato, explicamos por qué las armas pequeñas de la milicia son tan fundamentales para el derecho de la Segunda Enmienda como las pistolas que protegió el caso Heller. Sin embargo, el punto más amplio es que el bien común de la milicia que promueve la Enmienda es la razón por la que esta protege el derecho individual a poseer y portar armas. Los defensores del derecho a portar armas no deberían aceptar un planteamiento que oponga estos dos aspectos del texto de la Segunda Enmienda.

En este y otros contextos, los libertarios y otros defensores de la libertad deberían responder a las preocupaciones sobre el bien común no con desdén, sino demostrando cuán inseparables son los derechos individuales de él. La decisión en el caso Heller, y ojalá la próxima en el caso Viramontes, muestran cómo hacerlo.

El deseo de los "posliberales" de un lenguaje político que reconozca el bien común es válido, pero su hostilidad hacia los derechos individuales no lo es. Han asumido la misma oposición entre estas dos categorías que los pensadores a quienes se oponen. El bien común es distinto de los derechos individuales, pero estos son un aspecto integral del mismo.

Este artículo fue publicado originalmente en Libertarianism.org (Estados Unidos) el 14 de octubre de 2026.