Lo perfecto es enemigo de lo bueno

Gabriela Calderón de Burgos dice que si el gobierno decía continuar prohibiendo la venta de las vacunas, entonces deberá optar por reconocerle un valor a las cadenas de farmacias y demás actores privados para que estos tengan el incentivo y compitan entre sí para vacunar lo más rápido posible a la población.

Por Gabriela Calderón de Burgos

La periodista Megan McArdle del Washington Post indica que hay tres objetivos en los programas para inmunizar a la población: proteger a los individuos directamente estimulando su sistema inmunológico, a la comunidad negándole al virus organismos anfitriones que luego lo continúen propagando y —gracias a las nuevas cepas— ahora un tercer objetivo: proteger al país y al mundo drenando el stock de infectados más rápido de lo que pueda evolucionar el virus. McArdle señala que mientras que deseamos que se logren rápidamente los primeros dos objetivos, el tercero de ser el principal de cualquier programa de vacunación.   

Nuestro sistema de salud pública se caracteriza por su ineficiencia y corrupción. También tiene una cantidad limitada de hospitales y centros de salud, los cuales desde ya están copados por la pandemia. Es necesario permitir la cooperación del sector privado en la importación, distribución y aplicación de las vacunas. 

Enhorabuena, el gobierno ha permitido que los municipios y otras entidades de la sociedad civil puedan importar, distribuir y aplicar las vacunas, aunque todavía prohíbe su venta. Ahora quisiera destacar la propuesta de Pablo Lucio Paredes y Luis Espinosa Goded (Revista Koyuntura, Edición No. 100 de Febrero de 2021): que centros privados —como las 6.000 farmacias a nivel nacional— distribuyan y apliquen la mitad de las vacunas procuradas por el gobierno bajo control estatal. 

Ellos estiman que el costo de distribución de la vacuna gira en torno a $175 millones y de aplicación de la misma ronda los $85 millones. Esto último considerando que para vacunar a 12 millones de ecuatorianos en 9 meses se necesitan 379 equipos de vacunación de 11 personas cada uno. 

Si el gobierno desea continuar prohibiendo la venta de la vacuna, entonces tendrá que reconocerle un valor a las cadenas de farmacias y demás actores privados para que tengan el  incentivo y compitan entre sí para vacunar los más rápido posible. Ellos sugieren que el gobierno pague a los actores privados por cada vacuna aplicada, pudiendo incluso reconocer una prima por vacunas aplicadas a personas de grupos determinados como prioritarios por el gobierno. Esto combatiría al menos dos de las tres grandes escaseces a las que se enfrenta el estado ecuatoriano: la de puntos de distribución y la de personal para aplicar la vacuna. 

Para aliviar la escasez de vacunas ARCSA tiene que relajar el proceso de aprobación, aceptando aquellas vacunas aprobadas en países que ya han obtenido los mejores resultados.

Otra estrategia para disminuir la escasez que ya ha dado buenos resultados en el Reino Unido de retardar considerablemente la aplicación de la segunda dosis. Los datos más recientes indican que aquellas personas anteriormente infectadas con COVID-19 ni siquiera requieren una segunda dosis, un estudio nuevo señala que retardar más la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca incrementa su eficacia, y la aplicación de las primeras dosis redujo transmisión en Reino Unido en un 67%. 

Los alimentos son esenciales para la vida y se encuentran en manos de privados. Nadie cuestiona que sea así. En esta carrera cuyo objetivo principal es la velocidad para vacunar a la mayor cantidad posible de personas, no debemos por prejuicios ideológicos negar la necesidad de una extensa cooperación del sector privado.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 26 de febrero de 2021.