Las universidades estadounidenses no pueden innovar de forma aislada

En un intento paradójico por "hacer grande de nuevo a Estados Unidos", el presidente Donald Trump y los republicanos del Congreso están presionando para restringir la colaboración internacional en materia de investigación en la educación superior estadounidense. El Departamento de Educación está investigando a la Universidad de Harvard, la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Pensilvania por posibles violaciones de la Ley de Educación Superior, que exige a las universidades informar sobre los regalos y contratos extranjeros por valor de 250.000 dólares o más.

Los responsables políticos proponen además reducir ese umbral a 50.000 dólares y exigir a las universidades que obtengan exenciones federales antes de celebrar contratos con "países extranjeros que sean motivo de preocupación". La Administración también pretende prohibir a Harvard matricular a estudiantes internacionales e imponer prohibiciones totales o parciales de viaje a personas de 19 países. Y después de suspender las entrevistas para visados de estudiantes durante aproximadamente un mes a partir de mayo, la administración está ahora examinando las cuentas de las redes sociales de los solicitantes para aprobar o denegar sus visados.

En un momento en que se acelera la carrera mundial por desarrollar tecnologías de vanguardia, Estados Unidos debería ampliar, y no restringir, sus asociaciones internacionales de investigación.

Las nuevas políticas y propuestas federales para restringir a los estudiantes internacionales y las colaboraciones transfronterizas en materia de investigación son muy intrusivas y mal concebidas.

Las exigencias federales de declaración de donaciones extranjeras comenzaron en 1986, después de que la Universidad de Georgetown recibiera donaciones de gobiernos árabes para crear su Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Los responsables políticos temían que estas donaciones pudieran acarrear condiciones, como influencia en los planes de estudio y amenazas a la libertad de expresión, lo que dio lugar a una legislación que obligaba a las universidades a revelar la financiación extranjera. Sin embargo, con el tiempo, el cumplimiento de la ley fue decayendo y los sucesivos gobiernos permitieron que quedara en desuso.

Esto cambió en 2019, cuando la administración Trump reactivó la aplicación de la ley y comenzó a investigar a las universidades por incumplimiento, descubriendo miles de millones de dólares en fondos no declarados. La preocupación entonces, al igual que ahora, era que la falta de transparencia amenazaba la independencia académica y planteaba riesgos para la seguridad nacional.

Es comprensible querer saber si los gobiernos extranjeros están influyendo en las instituciones estadounidenses. Pero, ¿hay buenas razones para pensar que las normas actuales son eficaces o que unas más estrictas lo serían?

Hay pocas pruebas de que décadas de aplicación laxa hayan causado un daño significativo. La Iniciativa China de la administración Trump, por ejemplo, pretendía erradicar el espionaje en el ámbito académico, pero en su lugar lanzó una red amplia e indiscriminada que dio lugar a acusaciones penales contra profesores como Feng Tao, Anming Hu y Gang Chen, basadas en acusaciones cuestionables. En todos los casos, los cargos fueron finalmente retirados o los científicos fueron absueltos, pero no sin antes ver dañada su reputación y arruinada su carrera. De los 162 casos procesados por el Departamento de Justicia en el marco de la Iniciativa China, solo unos 20 involucraban a investigadores universitarios, y al menos nueve de ellos terminaron en desestimación de los cargos o absolución. La iniciativa ilustra cómo la ansiedad geopolítica puede erosionar la libertad académica y dañar colaboraciones inocentes a cambio de pocos beneficios.

Tanto la administración Trump anterior como la actual han examinado minuciosamente la investigación de las universidades, incluida la de tecnologías de doble uso, como la inteligencia artificial, los sistemas robóticos y la tecnología láser, argumentando que pueden utilizarse para promover los objetivos militares de gobiernos extranjeros (en particular, el de China). Sin embargo, los políticos suelen ignorar que la mayoría de las aplicaciones en estos campos son de carácter no militar, como los aspiradores autónomos, los robots industriales y los autos autónomos. Los sistemas autónomos son un campo de investigación global desde hace mucho tiempo, en gran parte orientado a la innovación civil. Además, las agencias federales, incluido el Departamento de Defensa, han apoyado implícitamente esta investigación mediante financiación.

Si bien la presentación de informes puede ser onerosa, exigir a las universidades que obtengan exenciones federales para colaborar con investigadores de "países extranjeros que suscitan preocupación" es más intrusivo. Lo mismo ocurre con la posible selección sesgada de los estudiantes extranjeros en las redes sociales y las prohibiciones de viaje que impiden a poblaciones enteras relacionarse con instituciones estadounidenses. Estas políticas van más allá de la transparencia y se convierten en un control de acceso, obligando a las universidades a solicitar permiso antes de trabajar con investigadores de países como China, que cuenta con más de 1.400 millones de habitantes y es líder mundial en investigación científica. No es necesario volver a aprender las lecciones históricas del pasado sobre cómo se ha permitido que las tensiones políticas erosionen la libertad académica.

Aunque el Departamento de Educación de Estados Unidos afirmó que mejoraría el proceso de notificación de donaciones extranjeras con un nuevo portal en la primera administración Trump, lo que hizo fue aumentar la cantidad de información que deben comunicar las universidades. El proceso de notificación, aunque pretende mejorar la transparencia, impone costos burocráticos a las instituciones.

Preservar entornos académicos abiertos, donde pueda prosperar la innovación, no es una carga, sino una ventaja estratégica. No obstante, hay que tomar precauciones. Las investigaciones sensibles deben ser clasificadas por el Gobierno federal. Las empresas que se asocian con universidades deben establecer condiciones claras sobre quién puede acceder a los proyectos de propiedad exclusiva. Las personas que violen las normas de clasificación o los términos del contrato deben afrontar las consecuencias. Pero lo normal debe ser la libertad, no la prohibición.

Para mantener la grandeza de Estados Unidos, es esencial preservar la apertura y la libertad intelectual que definen la educación superior estadounidense y la convierten en el mejor sistema de enseñanza superior del mundo, al menos según lo indican su dominio en las clasificaciones internacionales, su porcentaje de premios Nobel y su atractivo para los estudiantes internacionales. Los entornos académicos abiertos fomentan la innovación, promueven el pensamiento crítico y permiten a los investigadores explorar campos de vanguardia, incluidos aquellos que son vitales para la competitividad nacional.

Si Estados Unidos quiere mantener su posición como líder mundial en investigación, debe defender la libertad académica, no restringirla.

Este artículo fue publicado originalmente en Inside Higher ED (Estados Unidos) el 15 de julio de 2025.