Las nuevas normas de Trump contra la inmigración legal de estudiantes y cónyuges de ciudadanos estadounidenses

Recientemente, la administración de Donald Trump hizo públicas dos nuevas normas que limitan la inmigración legal: una, una reforma masiva del sistema de visas para estudiantes internacionales; la otra, una reformulación del motivo de inadmisibilidad por “carga pública” que afectará principalmente a los familiares de ciudadanos estadounidenses —en su gran mayoría, sus cónyuges e hijos menores de edad—.

Como ya he detallado, Trump ya había reducido la inmigración legal mucho más que la inmigración ilegal: 2,5 veces más. Estas dos normas agravarán esa tendencia. Ninguna de ellas apunta a quienes cruzaron la frontera ilegalmente. Ambas apuntan a personas que hicieron exactamente lo que la ley les exigía.

La norma para estudiantes: se prohíbe cambiar de opinión

Anteriormente, a los estudiantes internacionales con visas F, a los visitantes de intercambio con visas J y a los representantes de medios extranjeros con visas I se les concedía la admisión por la "duración de su estatus", es decir, mientras mantuvieran su estatus o cumplieran con las reglas de los programas de visas. La norma definitiva del DHS reemplaza eso por un período fijo de entrada de no más de cuatro años (para estudiantes internacionales y visitantes de intercambio). Pero hace mucho más que poner fin a la admisión de duración indefinida. A lo largo de todo el texto se encuentra un conjunto de restricciones sin precedentes y sin fundamento legal.

• Los estudiantes no pueden cambiar de carrera ni cambiarse de institución durante el primer año, y los estudiantes de posgrado no pueden hacerlo nunca. El propio resumen de la norma lo establece claramente:

Para los estudiantes con visa F-1 que cambien de objetivos educativos o se transfieran a una institución certificada por el SEVP, se exige que el estudiante complete su primer año académico del programa de estudios en la institución que inicialmente emitió su Formulario I-20 o el formulario sucesor, a menos que el SEVP autorice una excepción; se prohíbe a los estudiantes con visa F-1 de posgrado o niveles superiores cambiar sus objetivos educativos en cualquier momento durante el programa de estudios.

A los estudiantes de pregrado se les concede un año antes de que se levante esta restricción. A los estudiantes de posgrado nunca se les levanta, a menos que el SEVP conceda una excepción. Si cambias de opinión sobre el tema de tu doctorado en el cuarto año, serás considerado como alguien que viola su estatus desde el primer día.

• No puedes obtener un segundo título del mismo nivel ni bajar un nivel, nunca. También del resumen:

Exigir que cualquier no inmigrante que haya completado un programa en un nivel educativo solo pueda comenzar otro programa en un nivel educativo superior como estudiante F-1, y prohibir el cambio al mismo nivel educativo o a uno inferior mientras sea estudiante F-1.

¿Terminaste una maestría y quieres una segunda maestría en un campo diferente? Ilegal. ¿Terminaste un doctorado y quieres obtener un título de técnico superior en algo práctico? Ilegal.

• La verdadera respuesta del DHS a quienes están preocupados por la necesidad de cursar una doble especialización: planifícalo con anticipación, o mala suerte. Los comentaristas señalaron que esto afectaría gravemente a los estudiantes en campos interdisciplinarios que necesitan dos títulos para realizar su trabajo. La respuesta del DHS:

esta norma no impide que los estudiantes que necesitan una doble especialización para alcanzar sus metas planifiquen con anticipación y se matriculen en ambas al mismo tiempo. Por ejemplo, nada en esta norma impide que alguien curse un programa de J.D./M.B.A. en una institución con un solo I-20 que indique la fecha de finalización del programa, la cual tenga en cuenta el tiempo adicional que toma completar la doble especialización.

Un J.D. y un M.B.A. ni siquiera son ejemplos de especializaciones, sino de tipos de títulos; por lo tanto, quienquiera que haya redactado esta norma no tiene la más mínima idea de lo que hacen los estudiantes en la educación superior. Más aún, muchas personas llegan a una universidad de Estados Unidos sin saber desde el primer día que necesitarán cursar una doble titulación. La respuesta del DHS a esa realidad es: debías haberlo sabido de antemano.

• 30 días para encontrar trabajo, salir del país o pasar a estar en situación irregular. La norma también reduce drásticamente el plazo para salir del país o mantener el estatus de 60 a 30 días. Dar a las personas 30 días para salir del país es un plazo irrazonablemente corto, especialmente después de que muchas de estas personas hayan pasado años en Estados Unidos.
• Y el papeleo colapsará el ya deficiente sistema del USCIS. Cada uno de estos cambios —denegaciones de transferencia en el primer año, excepciones a nivel de posgrado, extensiones de programas más allá de los cuatro años, solicitudes de OPT— ahora requiere presentar el Formulario I-539 ante el USCIS. En este momento, el 20 por ciento de las solicitudes del Formulario I-539 para cambiar a la categoría de estudiante F o M, o de visitante de intercambio J, desde otra categoría, ya tardan ocho meses o más en procesarse. Esta norma está a punto de saturar ese mismo sistema colapsado con cientos de miles de solicitudes adicionales al año.
• "Pueden solicitar" no es una promesa. El investigador adjunto del Instituto Cato, Stuart Anderson, señaló la clave en el propio lenguaje del DHS, al responder a los comentarios de que cuatro años no son suficientes para la mayoría de los títulos:

Los estudiantes que demuestren un progreso académico continuo y cumplan con los criterios de elegibilidad para la visa F-1 pueden solicitar una extensión de su estatus para completar sus programas, de acuerdo con las realidades de la educación superior en Estados Unidos.

En otras palabras, no hay garantía de aprobación. El DHS seguirá evaluando subjetivamente cada solicitud. Las propias cifras del DHS dejan en claro con qué frecuencia esa brecha es relevante: el NCES informa una mediana de 52 meses —4,3 años— para terminar una licenciatura, y la NSF informa una mediana de 5,7 años para un doctorado. Ambos superan el período fijo de cuatro años para la mayoría de los estudiantes, según los propios datos del gobierno.

• Los investigadores y médicos con visa J-1 son los más afectados. Las categorías J-1, como los investigadores y los médicos extranjeros, están autorizadas según las normas del Departamento de Estado (DoS) para programas de entre cinco y siete años —más largos que la mayoría de los programas de grado F-1—. Bajo esta norma, nada de eso importa. El DHS lo dice sin rodeos. Un médico en un programa de capacitación médica de varios años, que hace exactamente lo que contempla su categoría de visa, sigue topándose con un obstáculo impuesto por el DHS al cuarto año y tiene que solicitar permiso para seguir haciendo lo que ya se le había autorizado hacer. Eso significa más costos, incertidumbre y espera para investigadores y médicos importantes.

El DHS no puede explicar por qué es necesario nada de esto. Si lees la propia descripción que hace el DHS de los comentarios, queda claro que no hay razón para estas normas, ni mandato legal para crearlas, ni consideración alguna del daño práctico que la agencia está causando. Los estudiantes internacionales mantienen a las universidades estadounidenses como las más prestigiosas del mundo, y a menudo se quedan después de graduarse para fundar muchas de las empresas más valiosas de Estados Unidos.

La regla de la carga pública: una prohibición encubierta contra los inmigrantes de “bajos ingresos”

La segunda regla dada a conocer hoy allana el camino para que el USCIS prohíba la entrada a la mayoría de los inmigrantes legales que, según sus proyecciones, tendrán bajos ingresos. La sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad declara inadmisibles a las personas que se considere que "probablemente se convertirán en una carga pública". En el siglo XIX, las cargas públicas eran personas que vivían en asilos financiados con fondos públicos. Desde 1999, se refiere a personas que están internadas en instituciones o que reciben la mayor parte de sus ingresos en efectivo de la asistencia social —"que dependen principalmente" de los contribuyentes—. Si el funcionario estimaba que un inmigrante probablemente cumpliría con esta definición después de recibir una tarjeta de residencia, podía rechazar la solicitud de la misma.

• Reemplazar una regla clara por nada: En 2019, durante su primer mandato, el presidente Trump derogó esta regla y la reemplazó por una regulación extremadamente detallada, enrevesada y perversa. La administración de Biden restableció rápidamente las reglas de 1999. Esta vez, el DHS decidió no volver a emitir esa norma de 2019. En su lugar, simplemente está derogando la regulación actual sobre la carga pública y reemplazándola por nada: ni una nueva definición, ni un nuevo estándar, solo una discreción ilimitada de la agencia o del funcionario. Esto afecta más duramente a la inmigración familiar, ya que los inmigrantes patrocinados por familiares —los cónyuges, hijos menores de edad y padres de ciudadanos estadounidenses— constituyen la mayor parte del flujo de inmigrantes legales sujetos a la norma.

Los funcionarios decidirán ahora, a su discreción, si alguien podría llegar a utilizar cualquiera de una lista mucho más amplia de beneficios públicos que la que el DHS consideraba anteriormente (como el almuerzo escolar gratuito), basándose únicamente en "la totalidad de las circunstancias". El DHS sugiere que podría proporcionar "orientación subreglamentaria", pero no tenemos idea de en qué consistirá. De cualquier manera, esto crea una situación propicia para denegaciones arbitrarias de inmigrantes legales basadas en un criterio subjetivo.

Es importante aclarar que esta norma no se limita a prohibir que los no ciudadanos, ni siquiera los solicitantes de la green card, utilicen los beneficios, como han informado muchos medios de comunicación. Se trata de una norma que excluye a las personas basándose en la predicción de que algún día podrían recurrir a la asistencia social. Si el DHS simplemente prohibiera a los solicitantes de la green card utilizar la asistencia social, eso no sería ningún problema en absoluto: simplemente dejarían de usarla. Eso no es lo que hace esta norma. Se trata de excluir a las personas del país basándose en una suposición subjetiva sobre su futuro, no de darles a nadie la oportunidad de demostrar su autosuficiencia bajo un criterio objetivamente evaluable.

• El planteo de "bajos ingresos actuales" es erróneo. Como mostramos en nuestro reciente artículo, los inmigrantes poco calificados —definidos en nuestro análisis como aquellos sin título de licenciatura, la población que los funcionarios encargados de la norma de carga pública estarán más inclinados a señalar—tuvieron un impacto fiscal positivo de 2,8 billones de dólares entre 1994 y 2023. Trabajan a tasas más altas que los trabajadores nacidos en Estados Unidos con un nivel educativo similar y utilizan los beneficios de vejez, la educación y el gasto en prisiones a un nivel muy por debajo del promedio per cápita.

Es más, no tiene sentido analizar los ingresos de una persona en el momento en que presenta su solicitud. Los solicitantes de la green card a menudo no tienen derecho a trabajar cuando presentan su solicitud. Por eso, históricamente, siempre que alguien pudiera trabajar, se asumía por defecto que lo haría. Esa presunción por defecto debería mantenerse, a menos que haya pruebas sólidas de lo contrario, como seguir recibiendo prestaciones en el momento de la solicitud. Los efectos exactos siguen siendo desconocidos porque el DHS afirma que solo proporcionará más orientación una vez que la norma sea definitiva —es decir, "finalizar la regulación para saber qué contiene la regulación".

La administración más contraria a la inmigración legal

Ninguna de estas normas afecta a quienes cruzaron la frontera ilegalmente. Una se dirige a personas que ya cumplieron con todas las normas para obtener una visa de estudiante y que simplemente desean la misma flexibilidad académica que tienen todos los estudiantes estadounidenses. La otra se dirige a personas cuya única "ofensa" es estar emparentadas con un ciudadano estadounidense y no ser lo suficientemente adineradas como para satisfacer una decisión discrecional, indefinida, inapelable y tomada a posteriori por un solo funcionario.

Estas normas ponen de manifiesto que el enfoque de la administración no está en reducir la inmigración ilegal. También se trata de convertir la inmigración legal en ilegal. Los inmigrantes son beneficiosos para los presupuestos estatales y nuestra prosperidad, ya que aumentan nuestra productividad a través de la innovación, el espíritu emprendedor y el trabajo. No hay razón para adoptar estas normas dañinas y mal concebidas. El Congreso debería intervenir para evitar que entren en vigor.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 17 de julio de 2026.