Las mentiras y trampas económicas del debate a cinco

Juan Ramón Rallo comenta las posturas de los cinco candidatos presidenciales de España, como las expusieron en el debate del 4 de noviembre.

Por Juan Ramón Rallo

Un debate electoral a cinco encorsetado por los tiempos y el dinamismo exigido por el formato televisivo obliga inexorablemente a que los candidatos simplifiquen sus mensajes para llegar a los distintos perfiles de audiencia. Pero la simplicidad no debería estar reñida con el rigor, es decir, simplicidad no debería ser equivalente a simplismo y mucho menos a propaganda. Por desgracia, el espectáculo circense que muchos españoles tuvimos el estómago de contemplar este pasado lunes tuvo mucho de simplismo propagandístico: los candidatos a la presidencia del gobierno se centraron ora en repetir datos falsos ora en mercadear con compromisos cuyo impacto económico ocultaron deliberadamente a los espectadores. Hagamos una breve recopilación de las principales trampas y embustes.

Pedro Sánchez

  • Inacción ante la desaceleración: que la economía española se ha desacelerado y que esa desaceleración está afectando negativamente sobre la creación de empleo es algo que a día de hoy nadie cuestiona. Es verdad que, dado el origen de esta ralentización (guerra comercial y Brexit), el gobierno no cuenta con demasiado margen para darle la vuelta a la situación, pero en todo caso sí podrían plantearse políticas de oferta (las famosas “reformas estructurales”) que ampliaran la flexibilidad de nuestro tejido empresarial para readaptarse a la presente situación. Pero la única propuesta anticíclica que colocó Sánchez encima de la mesa fue la de nombrar a Nadia Calviño vicepresidenta económica. No es que sea una mala elección para el puesto, pero se trata de un lavado de cara de la fachada sin sustancia alguna para contrarrestar el parón.
  • Más gasto sin financiación: a lo largo del debate, Sánchez se deshizo en promesas electorales que suponían un notable incremento del gasto público, a saber, ingreso mínimo vital, gratuidad en la educación de cero a tres años, mayor parque de vivienda pública en alquiler, multiplicación de las becas, supresión de los copagos farmacéuticos, inclusión de la salud bucodental en el sistema sanitario público y revalorización de las pensiones conforme al IPC (Índice de Precios al Consumidor). Sin embargo, el candidato socialista no reveló cómo piensa financiar todas esas promesas, especialmente en un contexto donde Bruselas nos exige —con razón— una reducción de nuestro déficit público. El cada vez más exiguo crecimiento económico no parece que vaya a disparar los ingresos y la subida impositiva que propuso Sánchez en el anteproyecto de presupuestos de 2019 apenas contenía un aumento de los recursos públicos de 5.600 millones de euros, suma claramente inferior al gasto vinculado a tales compromisos. ¿Cómo piensa, pues, el PSOE hacérnoslo pagar?

Pablo Casado

  • Menos impuestos sin financiación: Casado perpetró, aunque en otro sentido, la misma trampa que Sánchez, a saber, prometer aquello que no se explica cómo financiar. En este caso, el líder de los populares prometió una (muy positiva) rebaja tributaria consistente en minorar los tipos en IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y en Sociedades, por ampliar la tarifa plana de los autónomos y por suprimir Patrimonio, Sucesiones y AJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados). En total, una merma recaudatoria de unos 15.000 millones de euros (según las estimaciones del propio PP). Descartado que la rebaja impositiva vaya a autofinanciarse (España no se halla a la derecha de la curva de Laffer), ¿cómo sufragar esa merma impositiva sin incrementar el déficit? Casado no explicó qué partidas de gasto piensa recortar.
  • “El PP ha garantizado la revalorización de las pensiones públicas”: el líder de los populares quiso colgarse la medalla de que su partido había afianzado la revalorización de las pensiones públicas 'sine die'. No, el PP aprobó una buena reforma de las pensiones que contribuía a garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema, pero a las primeras de cambio el propio PP se cargó su propia reforma (revalorizando las pensiones por encima del 0,25% en los presupuestos de 2018 que hoy sigue aplicando Sánchez). De este modo, la insuficiencia financiera de la Seguridad Social no ha quedado solucionada y, por tanto, lo único que verdaderamente hicieron los populares fue fundirse el Fondo de Reserva de las pensiones para evitar aplicar recortes más profundos de los que se atrevieron a aplicar.

Albert Rivera

  • El populista Impuesto de la Corrupción del Bipartidismo: Albert Rivera sacó a relucir su lado más populista en el debate dando por buena una cifra que en otras ocasiones ya ha blandido Podemos de un modo igualmente engañoso. A saber, la estimación de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) de que el coste anual de la “corrupción” en España son 48.000 millones de euros. En su momento ya tuvimos ocasión de explicar lo engañoso de esa cuantía. Primero, no se trata de una estimación de corrupción, sino del coste de las ineficiencias vinculadas a los procesos de licitación pública. Segundo, no se trata de una medición directa de ese coste, sino de una estimación indirecta: la CNMC supone que el sobrecoste de las ineficiencias puede ser del 25% del monto total de los contratos públicos, de manera que, si el volumen de pública cuando efectuó el informe era del 18% del PIB, entonces el coste de esas ineficiencias tenía que equivaler al 4,5% del PIB, esto es, los famosos 48.000 millones. En realidad, no sabemos cuál es el auténtico coste de las ineficiencias estatales por no ser capaces de escoger a los mejores proveedores, ni tampoco parece probable que tal coste pueda reducirse a cero. Pero, sea como fuere, acusar a PP y PSOE de robar 48.000 millones de euros anuales es un disparate.

Pablo Iglesias

  • Subir el salario mínimo a 1.200 euros mensuales: incrementar el salario mínimo puede generar aumentos del paro. Que en un contexto en el empleo se está frenando y antes de que el Banco de España haya evaluado cuáles han sido los efectos de la anterior subida del SMI se esté impulsando un nuevo aumento del mismo (redoblado, además, por la reducción del número de horas trabajadas que también propugna Podemos) constituye toda una irresponsabilidad económica.
  • Más gasto en pensiones sin financiación: el líder de Podemos también se comprometió a derogar las dos últimas reformas de las pensiones, la de 2011 y 2013, así como a mejorar las condiciones de acceso a la jubilación de los nuevos pensionistas. Como ya hemos expuesto en otras ocasiones, esto supone aumentar el gasto público una media de cinco puntos del PIB por año. ¿Cómo piensa financiar Iglesias este gigantesco sobregasto? Al parecer, según dice, haciendo pagar más a las grandes empresas, pero España solo recauda cinco décimas por debajo de la media europea. ¿Cinco décimas financian cinco puntos? No. Y, además, los argumentos que emplea Podemos para justificar esa subida son falaces.
  • El mito del tipo efectivo del 5%: Iglesias repitió la mentira, tantísimas veces refutada, de que las grandes empresas en España tributan a un tipo efectivo del 5%. Falso. Ese dato surge de comparar impuestos abonados en España con beneficios mundiales no consolidados. Una vez comparamos los impuestos abonados en todo el mundo con los beneficios mundiales consolidados, el porcentaje real se ubica entre el 20% y el 30%.
  • Controlar los alquileres es menos oferta: los precios de la vivienda están aumentando en España porque la demanda de vivienda en las grandes ciudades está creciendo muy por encima de la oferta. Por consiguiente, para que la vivienda se vuelva más accesible debemos incrementar su oferta, no racionar su demanda. Si queremos consumo de masas, necesitamos producción en masa. Pero Pablo Iglesias propone establecer precios máximos sobre los alquileres, los cuales sabemos que contribuyen a reducir la oferta de inmuebles en el corto y largo plazo: más demanda y menos oferta significa mayor desabastecimiento. Es decir, hacer uso de la cartilla de racionamiento: determinar políticamente quién alquila y quién no.
  • Los pisos basura de la Sareb: a decir verdad, Pablo Iglesias sí tuvo una idea sobre cómo aumentar la oferta de vivienda en alquiler, a saber, obligar al banco malo a colocar sus viviendas en régimen de arrendamiento. La idea podría parecer razonable hasta que recordamos qué es la Sareb: un vehículo financiero donde se aparcó toda la basura inmobiliaria de las cajas de ahorros quebradas. ¿De verdad alguien se cree que ese banco malo está repletó de buenos pisos en las grandes ciudades españolas? No, el 'stock' de la Sareb es, en esencia, pisos terminados o semiterminados en ciudades con escasa demanda.
  • Precios mínimos contra los más pobres: al mismo tiempo que Podemos reivindicó precios máximos en los alquileres, también reclamó fijar precios mínimos para la producción agraria nacional, esto es, que determinados bienes de primera necesidad no puedan abaratarse por debajo de determinado nivel para así incrementar las ganancias de los agricultores patrios. Una cesta de la compra más cara equivale a menor renta disponible, especialmente entre las clases más humildes. La contradicción no puede ser más palpable: ¿no sería acaso un disparate imponer precios mínimos en los alquileres para maximizar la remuneración del propietario nacional?
  • Más cajas de ahorros: por último, Pablo Iglesias también pidió mantener Bankia como un banco público dirigido por políticos que prioricen el crédito a aquellas familias y empresas a los que la banca tradicional no desea financiar. Dicho de otro modo: reinstaurar el fallido modelo de las cajas de ahorro patrias. Políticos dirigiendo arbitrariamente el crédito hacia la financiación de agentes económicos insolventes pero bien conectados con los círculos de poder. No más socialización de pérdidas.

Santiago Abascal

  • “O autonomías o pensiones”: Abascal repitió uno de los mantras tantas veces vociferados por Vox. O autonomías o pensiones. A saber, o recentralizamos el sector público y ahorramos varias decenas de miles de millones o habrá que recortar las pensiones. La disyuntiva es del todo falaz. A nadie se le escapa que en nuestro sector público existen duplicidades, ineficiencias y chiringuitos muy variados, pero ni los mismos son atribuibles a la descentralización administrativa (¿acaso nos creemos que Sánchez no multiplicaría la administración central del mismo modo en que sus correligionarios andaluces la multiplicaron esta administración territorial?) ni el coste de las mismas se acerca remotamente a las cifras infladísimas que ofreció el de Vox. Recordemos que, desde un punto de vista internacional, el coste de la burocracia española ronda el 2,5% del PIB: un gasto inferior al de otros Estados hipercentralistas como Francia. Así que no: no usemos las pensiones como pretexto para promover el jacobinismo estatal.
  • El comodín de los inmigrantes: autonomías e inmigración ilegal son los dos comodines que emplea Vox para cuadrar todas sus cuentas (como los impuestos a los ricos y el fraude fiscal son los dos comodines de Podemos). No en vano, Abascal también prometió en el debate una rebaja impositiva aún más ambiciosa que la del PP. Y, como el PP, tampoco explicó de modo riguroso cómo piensa sufragarla ahora que la desaceleración de nuestro crecimiento no parece que vaya a aumentar sustancialmente la recaudación. Descartado que pueda darse un enorme ahorro acabando con la burocracia autonómica (véase punto anterior), ¿acaso no podríamos rebajar enormemente el gasto público evitando que los inmigrantes ilegales usen los servicios del Estado? Pues no. El propio Abascal reconoció públicamente que desconocía cuál era el coste de la asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales (¿cómo cuadrar las cuentas con un monto cuyo importe ignoras?) pero, en todo caso, recordemos qué nos dice la evidencia: los inmigrantes legales son contribuyentes netos (no receptores netos) del Estado de Bienestar (fenómeno que se da en toda Europa). No así los inmigrantes irregulares, dado que tienen prohibido trabajar formalmente en nuestro país y, por tanto, no pagan impuestos (aunque sí abonan los indirectos). Por consiguiente, la deportación de los ilegales no es la única (ni la más humana) vía de evitar este sobregasto: bastaría con regularizar la situación de los ilegales para que pudieran ganarse honestamente el pan como ya hace el resto de inmigrantes regulares y, por esa vía, devenir contribuyentes netos del Estado.

En suma, todos los candidatos mintieron y ocultaron a los ciudadanos el coste económico de sus ocurrencias compravotos. Es lo que sucede, por cierto, cuando se niegan a presentar una memoria económica que ponga contra las cuerdas a su propia demagogia.

Este artículo fue publicado originalmente en el blog Laissez Faire de El Confidencial (España) el 6 de noviembre de 2019.