Las consecuencias no intencionadas de la medida de Trump contra los salvadoreños

David J. Bier señala que la medida de Trump logrará lo contrario de lo que pretende: fomentará la inmigración ilegal, aumentará la competencia de extranjeros en la fuerza laboral de EE.UU. y, de paso, disminuirá la recaudación tributaria e impondrá mayores costos a las empresas.

Por David J. Bier

Los funcionarios de la administración de Trump anunciaron esta semana que el gobierno revocaría los permisos de residencia provisional que tienen alrededor de 200.000 salvadoreños el próximo año. La decisión es parte de la Agenda “América Primero” del Presidente Trump, restringiendo los derechos de los inmigrantes para proteger a los trabajadores estadounidenses. Pero, como demuestran los anteriores experimentos de inmigración, la política no ayudará a los trabajadores estadounidenses. Ciertamente tampoco logrará que los salvadoreños preparen sus maletas. La orden de Trump es  probable que tenga los efectos opuestos.

El Presidente George W. Bush concedió a los salvadoreños status de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) luego de los terribles terremotos que azotaron a El Salvador en 2001. Él y el Presidente Barack Obama repetidas veces extendieron el status. Más allá de su impacto humanitario, el TPS provee beneficios económicos significativos. No le da a los solicitantes acceso a prestación social alguna —así que hay pocos costos— pero si les da el derecho legal a trabajar. Los salvadoreños con TPS tienen altas tasas de participación laboral: 83 por ciento de ellos participan en la fuerza laboral, comparado con 63 por ciento de los estadounidenses.

El empleo legal ha ayudado a los salvadoreños a obtener una calidad de vida relativamente alta. El ingreso promedio de los hogares salvadoreños con TPS es de $50.000, más alto que el promedio de alrededor de $36.000 para los inmigrantes no autorizados. Sus salarios más altos, junto con la ausencia de beneficios estatales, ha sido una gran ganancia para los contribuyentes estadounidenses.

Cancelar el TPS hará que sea ilegal para estos salvadoreños trabajar, pero es poco probable los obligue a volver a su país. En 1990, el Presidente H.W. Bush le concedió TPS a algunos 185.000 salvadoreños durante la guerra civil de ese país, y cuando el Presidente Bill Clinton canceló su status en 1996, pocos volvieron a casa. Las deportaciones aumentaron ligeramente, y muchos salvadoreños simplemente trabajaron de forma ilegal hasta 2001.

A estas alturas, 28 años después de la designación original del TPS y 17 años después del segundo TPS, los incentivos para quedarse serán demasiado grandes como para que se de cualquier migración masiva de vuelta a El Salvador. Trump puede tratar de expulsarlos con redadas migratorias y con crecientes deportaciones, como lo han tratado otros presidentes, pero el porcentaje más alto de inmigrantes ilegales deportados en cualquier año ha sido de 2,1 por cientotres veces el porcentaje que deportó esta administración en 2017.

Perder el derecho legal a trabajar no previene que los inmigrantes encuentren empleos. Ellos pueden usar documentos falsos o prestados de miembros familiares estadounidenses, o los empleadores les pueden pagar por debajo de la mesa. El empleo ilegal, sin embargo, paga menos que el empleo legal —los empleadores compensan por tomar el riesgo de contratar a alguien que podría estar aquí ilegalmente.

Los investigadores descubrieron este efecto en la década de 1980, cuando los empleadores empezaron a enfrentarse a penalidades por contratar a inmigrantes no autorizados. En 1986, el congreso combinó dichas sanciones sobre los empleadores con un programa para legalizar a 3 millones de inmigrantes no autorizados. Después de 1986, los inmigrantes ilegales recibían salarios más bajos que los inmigrantes legales por primera vez.

En lugar de desalentar que los inmigrantes no autorizados encuentren empleos, sin embargo, los salarios más bajos alentaron a que ellos acepten trabajos adicionales para reponer la diferencia. Luego de que las sanciones fueran implementadas, los inmigrantes no autorizados trabajaron más, y su tasa de participación laboral aumentó. Mientras tanto, la tasa de empleo entre los inmigrantes legalizados en 1986 mediante la ley cayó, especialmente para las mujeres.

Un experimento similar se dio en Arizona desde 2008, cuando el estado hizo obligatorio el uso de E-Verify, sistema que verifica la identificación de los empleados con unas bases de datos federales. Mientras que este ha sido ineficaz —los trabajadores todavía pueden prestar documentos— este ha reducido los salarios para los hombres no autorizados. Pero esto ha promovido que trabajen más esposas, causando que haya más competencia de ilegales por los trabajos.

A corto plazo, muchos empleadores elegirán la opción segura de despedir a los salvadoreños que perderán su TPS, incluso si saben que otros empleadores los contratarán después con identidades prestadas. Este traslado entre empleos perjudicará innecesariamente a los inmigrantes e impondrá al menos $1.000 millones en costos a las empresas que deberán buscar, contratar y entrenar a nuevo personal —costos que los consumidores estadounidenses terminarán pagando.

Los salarios más bajos para los trabajadores no autorizados no es probable que los conduzcan a irse del país. Los salarios de los inmigrantes centroamericanos son entre 250 y 300 por ciento más altos en EE.UU. que aquel que recibirían por el mismo trabajo en sus países natales; un declive modesto de 10 a 20 por ciento simplemente no es suficiente para convencer a muchos de irse.

Además, los salarios más bajos podrían derivar en que los salvadoreños envíen menos dinero a El Salvador. Como tanta gente allá depende del dinero enviado desde afuera —las remesas constituyen 17 por ciento del PIB del país— todavía más salvadoreños podrían terminar dirigiéndose al norte de manera ilegal. La cancelación del TPS no solo podría fracasar en desalentar la inmigración ilegal, la podría promover todavía más.

Incluso si se pudiera remover a todos los beneficiarios del TPS, los trabajadores estadounidenses no se beneficiarían. La evidencia más relevante proviene de la cancelación en 1964 del programa “Bracero” de trabajadores invitados, el cual permitía que los trabajadores de temporada ingresaran a EE.UU. legalmente y duró poco más de una década.

Los partidarios decían que eliminar a los trabajadores invitados aumentaría los salarios en las haciendas que tenían tantos trabajadores como estos —esas haciendas perdieron cerca de un tercio de su fuerza laboral de temporada— pero los salarios en estas haciendas no aumentó comparado con aquellos de las haciendas que no tenían muchos trabajadores invitados. De hecho, en los años posteriores al fin del programa, estos salarios aumentaron más lentamente que en las haciendas que nunca habían contratado trabajadores invitados.

Los agricultores cultivaron productos que requerían de menos mano de obra, produjeron menos cultivos o adoptaron tecnología para cosecharlos. No aumentaron los salarios. En la medida en que la cancelación del TPS derive en que más salvadoreños se vayan de EE.UU., no hay evidencia que sugiera que esto beneficiará a los estadounidenses.

La decisión de Trump de cancelar el TPS de los salvadoreños no reducirá la inmigración ilegal ni protegerá a los estadounidenses de la competencia de trabajadores extranjeros —aumentará la inmigración ilegal y la competencia en la fuerza laboral. Las empresas estadounidenses tendrán que sobrellevar innecesariamente mayores costos para cumplir con la ley. El gobierno perderá recaudación tributaria. Además, esto provocará miedo y sufrimiento innecesario entre los residentes salvadoreños de este país, muchos de los cuales han construido sus vidas aquí a lo largo de décadas. Ellos no merecen ser lanzados a un caos por una política que está condenada a fracasar.

Este artículo fue publicado originalmente en The Washington Post (EE.UU.) el 11 de enero de 2018.