La 'totalización' no es amenaza rara para la seguridad social de EE.UU.

Por Michael D. Tanner

Los mexicanos están viniendo a Estados Unidos y nos van a quitar nuestra Seguridad Social. Eso decían las últimas advertencias de los alarmistas anti-inmigración. Pero, como en previas afirmaciones de que los inmigrantes iban a quitarnos nuestros empleos o a vivir del Estado de Bienestar (siempre me pregunté cómo se suponía que iban a hacer ambas), este último alboroto es mucho ruido y pocas nueces.

La fuente de la alarma es un nuevo acuerdo, conocido como "totalización," que está siendo negociado entre la administración de Bush y el gobierno méxicano. La Totalización le permitiría a los ciudadanos de cualquiera de los dos países, que vivan y trabajen en el otro país, calificar para beneficios de Seguridad Social que ganen mientras trabajan allí. Podrían recibir esos beneficios incluso después de regresar a su país de origen y en algunos casos podrían combinar créditos ganados en ambos países para calificar a los beneficios.

No hay nada particularmente inusual sobre este acuerdo. Los Estados Unidos ha estado negociando acuerdos de totalización desde 1978 y actualmente tiene esos acuerdos con cerca de 20 países. Hubo algunos gritos de alarma cuando se firmó uno de esos acuerdos con Australia en el 2002. De hecho, los estadounidenses han sido generalmente los beneficiarios más grandes de la totalización porque tienen mayores probabilidades de trabajar en corporaciones multinacionales y dividir sus carreras laborales entre los Estados Unidos y otros países.

Claro, México es un poco diferente porque hay más ciudadanos mexicanos trabajando en los Estados Unidos que en el otro sentido. Aún así, es difícil entender la histeria.

La mayoría de los inmigrantes mexicanos no se quedan en los Estados Unidos por los diez años necesarios para calificar para los beneficios de jubilación del Seguro Social. Pero las nuevas reglas probablemente llevarán a un incremento en el número de beneficiarios. Además, porque el tiempo necesario para calificar para los beneficios de sobrevivientes y por incapacidad es más corto, esos pagos puede esperarse que se incrementarán significativamente. Los costos totales de los beneficios para ciudadanos mexicanos bajo la totalización se estima en cerca de $78 millones de dólares en el primer año del acuerdo.

Como forma de comparación, actualmente pagamos $173 millones al año a ciudadanos de países con los que ya tenemos acuerdos. Para el 2050, los pagos anuales a ciudadanos mexicanos llegarían a cerca de $650 millones. Eso es dinero real, claro, aún para los estándares de Washington. Pero, veamos el contexto. Dado que actualmente la Seguridad Social enfrenta pasivos sin financiación de más de $26 millones de millones, el costo adicional de la totalización difícilmente puede sorprender.

La Seguridad Social está enfrentando una crisis financiera, pero ésta no tiene nada que ver con los inmigrantes mexicanos, legales o ilegales. De hecho, al menos en el corto plazo, la inmigración beneficia a la Seguridad Social, al incrementar el tamaño de la fuerza laboral y el monto de los pagos de nómina recaudados. De hecho, sin inmigrantes la Seguridad Social podría estar ya en déficit. En el largo plazo, seguramente la pirámide colapsará. Pero eso es por la estructura financiera defectuosa de la Seguridad Social.

Claramente, la Seguridad Social necesita ser reformada. El Presidente Bush ha propuesto, de hecho, permitir a los trabajadores más jóvenes invertir privadamente una porción de sus impuestos para Seguridad Social a través de cuentas individuales. Eso apuntaría hacia la solución de los problemas financieros de la Seguridad Social - y crearía un mejor y más seguro sistema de retiro para los trabajadores de hoy.

Tomar de chivos expiatorios a los inmigrantes no servirá de nada para solucionar el problema.

* La totalización es un acuerdo entre dos países que permite eliminar la doble tributación al seguro social para aquellos que han trabajo en ambos países y el tiempo de permanencia en cada país ha sido menor al período de eligibilidad para gozar de los beneficios. (Nota del Editor)

Traducido por Javier L. Garay Vargas para Cato Institute.