La masificación del gas, un objetivo equivocado

La ley para la masificación del gas natural aprobada por el Congreso a fines de julio es mejor en dos aspectos que los proyectos del Gobierno y de la congresista Francis Paredes. Primero, la ley permite que los proyectos de masificación los desarrollen no sólo empresas estatales, sino también empresas privadas bajo contratos de concesión. Segundo, no exonera a las empresas estatales que los desarrollen de la aplicación de la ley de contrataciones públicas.

Lo primero es importante porque algunas empresas estatales del sector energético apenas pueden cumplir con su función principal, como ampliar sus redes eléctricas para cubrir toda el área de sus zonas exclusivas de distribución. Lo segundo, porque, en un momento en que está en entredicho la transparencia con la que se ha adjudicado contratos de suministro para Petroperú, no es lo más aconsejable extender ese privilegio. 

En lo que coinciden la ley y las iniciativas oficialistas es en el objetivo –la masificación– y los medios –un subsidio directo y un subsidio cruzado o “mecanismo de compensación”–. Es por eso que esta ley, que no es más que una nueva reencarnación de viejas aspiraciones legislativas, nos parece fundamentalmente errada.

Los subsidios generan ineficiencias, desperdicio de recursos, y si es necesario recurrir a ellos en este caso es porque el objetivo es forzado. El objetivo de la política energética no debería ser que todos los peruanos tengan acceso al gas, sino que tengan acceso a la fuente de energía más barata posible, puesta en el lugar de consumo, que no es necesariamente el gas. El gas es abundante y su costo de producción es el mismo, independientemente de dónde se lo use. Pero el costo de transporte varía con la distancia. Eso quiere decir que hay lugares del país donde no es eficiente el uso del gas. Hay otras fuentes de energía que pueden satisfacer las mismas necesidades a menor costo (a menor costo para el país). Se le puede cobrar menos a la gente que vive en esos lugares, pero hay que usar mano de obra, materiales y maquinaria para tender las redes hasta allá, que bien podrían usarse para otros fines tan o más urgentes.

La ley resuelve el problema económico de un plumazo, trasladando el costo de inversión a los consumidores de electricidad y de combustibles líquidos que pagan recargos para el FISE, el SISE (y el TORTOLISE), además del canon y las regalías. No hay nada en la ley que diga que los beneficiarios de los proyectos financiados con esos recursos deban pagar una tarifa que permita recuperar y remunerar la inversión.

La ley alienta, de esta manera, el consumo de gas aún allí donde no es la solución más eficiente (menos costosa para el país). Pero no es la única manera; también lo hace a través del mecanismo de compensación. El mecanismo consiste en que los usuarios de los proyectos de masificación paguen la misma tarifa que se paga en Lima y Callao. Suena bonito, pero el costo de llevar el gas a una casa en una ciudad como Lima es menor porque hay economías de escala en las redes de distribución. Aplicar una tarifa única a nivel nacional no es malo porque haya que cumplir con un sacrosanto principio económico, sino porque ese principio –que el precio que paga el usuario refleje el costo de atenderlo– evita el desperdicio de recursos.

Usemos el gas donde haga sentido usarlo; y donde no haga sentido, usemos otras fuentes de energía. Un producto competitivo se masifica solo. No hace falta una ley. Así lo demuestra la propia historia del gas, que año a año viene sumando 150.000 nuevos clientes residenciales.