La guerra contra la libertad de expresión en las universidades

Daniel Jacobson dice que el derecho a no ser ofendido por las expresiones o emociones de otros es un derecho que no puede ser garantizado a todos y que viola el derecho de todos a la libertad de expresión.

Por Daniel Jacobson

La hostilidad hacia la libertad de expresión en las universidades estadounidenses ha estado creciendo silenciosamente por décadas, pero últimamente se ha vuelto imposible ignorarla.

La tolerancia de opiniones impopulares alguna vez fue considerada central para el propósito de una educación liberal, que no pretendía adoctrinar dogmáticamente a los estudiantes sino enseñarles cómo formar sus creencias.

Pero estas normas liberales clásicas de tolerancia y de la exploración abierta han dado paso a una concepción activista de la misión de la educación superior. En la práctica, esto equivale al establecimiento de una ideología específica a la cual sus defensores se refieren en términos tan genéricos como “justicia social”.

El disentimiento de esta nueva ortodoxia cada vez es más tratado como una herejía: más allá de toda discusión. La ironía de esta retirada de la misión liberal clásica de la universidad es que reivindica los mismos argumentos a favor de la libertad de expresión y de la diversidad intelectual que rechaza.

Considere la obsesión con la diversidad, entendida casi exclusivamente en términos raciales y sexuales, que ignora en declive en la diversidad ideológica y política—especialmente en los departamentos de humanidades de nuestras instituciones élite.

La Universidad de Michigan, donde soy profesor de filosofía, consistentemente se ubica entre una de las mejores universidades públicas. Recientemente nuestro presidente anunció que quería ampliar nuestra definición de diversidad un poco: “Muchas veces se vuelve enfocada en la raza y la etnicidad, y estas son increíblemente importantes. Pero para mi, es igual de importante la diversidad de experiencias, cultura, socio-económica, o geográfica”.

Notablemente, la diversidad intelectual queda fuera de la lista. Para ser justos, Michigan si auspicia una presentación financiada acerca de la Diversidad Intelectual. La presentación de este año se tituló, “Más allá de la cosa juzgada: Explorando la intersección de la raza y el género”.

Para que nuestras creencias sean justificadas, debemos ser capaces de responder a los mejores argumentos en contra de ellas. Aún así John Stuart Mill observó que a la gente naturalmente le disgusta la confrontación con argumentos opuestos y suele evitarla. Estas tendencias humanas ampliamente dispersas socavan la justificación de nuestras creencias, haciendo que la tolerancia de opiniones impopulares sea un requisito para obtener conocimiento.

Por estas razones y otras, Mill defendió la libertad de expresión sin compromisos: “debería existir la mayor libertad para expresar y discutir, como cuestión de convicción ética, cualquier doctrina”, sin importar su falsedad, inmoralidad, o incluso sus perjuicios.

Los ideales de la exploración abierta y de la libertad de expresión han sido tan ampliamente rechazados en la academia porque el poder en la academia se ha desplazado desde los liberales clásicos que valoran la tolerancia hacia los progresistas que están dispuestos a utilizar la intolerancia para avanzar sus fines políticos. Quizás el desarrollo más destructivo es el dogma de que el disentimiento de la ortodoxia de la justicia social constituye una violencia literal en contra de grupos vulnerables que no debe ser tolerada.

Esta confusión del discurso con la violencia es la consecuencia inevitable del dogma popular de que el llamado “discurso de odio” no debe tener la inmunidad que tiene la libertad de expresión. La idea de que las opiniones pueden desatar episodios emocionales traumáticos y que la gente debería estar segura de opiniones ofensivas es una amenaza a la idea misma de la libertad de expresión.

Para argumentar que una opinión está más allá de la tolerancia, uno simplemente necesita decir que esta constituye un “discurso de odio”. Si un discurso supuestamente ofensivo es prohibido, entonces aquellos que desean suprimir opiniones no ortodoxas tratarán de enmarcarlas como odiosas y violentas. Esto es justo que lo estamos viendo ahora en los campus universitarios, como cuando la Universidad de California le advierte a los profesores en contra de cometer “micro-agresiones” como decir que EE.UU. es la tierra de las oportunidades, o que las personas mejor calificadas deberían obtener el puesto.

Esta intolerancia moralista genera presiones de negar a los conservadores un espacio en el campus, y de callarlos a gritos o amenazarlos cuando se les permite hablar. Cuando la Universidad DePaul en Chicago recientemente prohibió al conservador Ben Shapiro debido a lo que denominó “preocupaciones de seguridad”, efectivamente le dio un poder de veto a los alborotadores que amenazan con ejercer violencia.

Dado que es imposible que todos estén protegidos de las ideas y emociones que les parecen aborrecibles, este derecho solo puede ser concedido de forma desigual: a algunos, no a todos. Nadie considera que se debe hacer un campus libre de ideas radicales para los conservadores, ni deberían hacerlo.

Pero hay una creciente necesidad de protegerlos de violencia real en nombre de la justicia social. El derecho de no ser atacado puede garantizársele a todos, pero la demanda de no ser ofendido por las opiniones de otros socava no solo la libertad de expresión sino también la igualdad de derechos.

Al oficialmente desalentar la creencia en estas ideas, la universidad socava la misión de enseñar a sus estudiantes cómo formar sus creencias de una manera en que lo hacen las personas inteligentes.

Este artículo fue publicado originalmente en Detroit News (EE.UU.) el 7 de septiembre de 2018.