La democracia de Brasil está en peligro; y ya lleva así un tiempo

El 25 de octubre, los brasileños acudieron a las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre el presidente en ejercicio de izquierda, Lula da Silva, y su rival de derecha, Flávio Bolsonaro. Con el 52 por ciento de los votos, el presidente Da Silva fue declarado ganador, pero la noche electoral distó mucho de ser normal y, una vez más, generó serias preocupaciones sobre el estado de la democracia brasileña.

Después de las 4:20 p. m., el partido de Da Silva solicitó a la Corte Suprema de Brasil que extendiera el horario de votación por dos horas en todos los lugares donde se reportaran problemas. A las 4:40 p. m., el partido de Bolsonaro solicitó al Tribunal Electoral del país —al que la Constitución le encomienda la organización de las elecciones— que extendiera el horario de votación en tres estados donde las fuertes lluvias impedían que los votantes llegaran a las urnas.

Según se informa, el juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin fue asignado al caso al azar. Zanin es el exabogado personal del presidente Da Silva, quien llegó al día de las elecciones como el candidato menos favorito, tras haber sido derrotado por Bolsonaro en la primera vuelta por 47 contra 45 por ciento. Da Silva nombró a Zanin para la Corte en 2023. A las 5 p. m., cuando las urnas estaban cerrando en todo el país, Zanin emitió una directiva que extendía el horario de votación a nivel nacional hasta las 7 p. m.

Zanin procedió con la extensión a pesar de que algunos jueces del Tribunal Electoral, e incluso algunos de sus colegas, no estaban de acuerdo con su decisión. De hecho, el magistrado de la Corte Suprema Kassio Nunes Marques, quien también es presidente del Tribunal Electoral, dijo que la decisión de Zanin causó "dificultades" y destacó que el Tribunal Electoral tiene jurisdicción "exclusiva" sobre asuntos electorales: aún no está claro por qué la Corte Suprema debería tener la autoridad para anular las decisiones del tribunal creado específicamente para administrar las elecciones.

Aún más preocupante es que las urnas cerraron a las 5 p. m. y los resultados ya se estaban dando a conocer; por lo tanto, la prórroga de Zanin no se aplicó de manera universal. Nunes Marques dijo que la prórroga no alteró el recuento de votos, pero Flávio Bolsonaro se negó a reconocer la derrota y pidió la anulación de la elección.

La injerencia judicial selectiva no se limitó al día de las elecciones. Entre la primera y la segunda vuelta, el presidente Da Silva tomó varias medidas para revertir su derrota inicial, incluso adelantó los pagos de la seguridad social para que se realizaran justo antes del día de las elecciones. Estas decisiones aún no han sido resueltas, a pesar de varias demandas presentadas con anticipación, aunque la ley electoral brasileña prohíbe las medidas políticas que afecten la igualdad de condiciones de los candidatos durante la campaña. Antes de la primera vuelta, la injerencia judicial también había beneficiado a Da Silva: un juez que él había nombrado unilateralmente prohibió que un canal de televisión mostrara un púlpito vacío en un debate al que él decidió no asistir.

La injerencia judicial no es algo nuevo en Brasil. En el pasado, la Corte Suprema censuró plataformas enteras de redes sociales como X, así como a críticos del gobierno de Da Silva y de la propia corte. Como escribió mi colega David Inserra, el poder judicial en Brasil actúa "como víctima, fiscal, juez, jurado y verdugo". A esto se suma el hecho de que la injerencia judicial muestra un sesgo constante hacia la izquierda, y el resultado es una democracia en la que la gente no confía. La democracia de Brasil está en problemas, pero ya lo ha estado desde hace tiempo.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 26 de octubre de 2026.