La Corte Suprema, Cartes y Lugo

Víctor Pavón indica que el oficialismo colorado ha encontrado un aliado en el partido Frente Guazú en su mal concebida búsqueda de permitir la reelección presidencial.

Por Víctor Pavón

¿Qué argumentos jurídicos y filosóficos de fondo esgrimirá la Corte Suprema para hacer lugar o no a la habilitación de los señores Horacio Cartes y Fernando Lugo como candidatos presidenciales para el 2018? ¿Podrán los jueces hacer valer, con sabiduría y firmeza, el control de Constitucionalidad establecido en el famoso caso Marbury vs Madison (1.803) y que hoy forma parte del compendio jurídico internacional?

Recordemos que el artículo 229 de la ley fundamental dice: "El Presidente de la República y el Vicepresidente durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones a contar desde el quince de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso".

Pese a esta disposición, el sector oficialista del partido Colorado pretende la reelección del actual presidente y por esas cuestiones de apetencias por el poder está teniendo un aliado en su camino, el partido Frente Guazú del cual es líder el ex presidente Fernando Lugo, el mismo con el que se estaría enfrentando en la próxima compulsa electoral. La estrategia tiene entonces hoja de ruta. El actual presidente de la República, Horacio Cartes, y el ex presidente, Fernando Lugo, deben ser habilitados como candidatos para las próximas elecciones nacionales. Y en su camino solo queda el Poder Judicial, la Corte Suprema.

El Congreso hizo lo que debió impidiendo el avance de la enmienda para hacer lugar a la reelección. Lo que sí está claro es que la doctrina de la supremacía constitucional exige para su eficacia la defensa de la ley fundamental, de manera a que las normas y actos contrarios a la Constitución no valen, son inconstitucionales. Esta es una competencia de la Corte Suprema y deberá decidir sobre si se encuentran autorizados a presentarse como candidatos los señores Cartes y Lugo, así como los demás ex presidentes.

Se dirá que este es un caso muy político, en el sentido de lo que se hace para llegar al poder, lo que se entiende como la política en su análisis explicativo. Pero, también es un tema a ser abordado atendiendo a que la política tiene su fase normativa, su deber ser. La política es el estudio de la conducta humana desde el gobierno; pero también la política tiene ese componente de valores y principios, los cuales tienen trascendencia institucional.

En la idea de la sana y prudente política de la que el derecho forma parte, la Corte Suprema adquiere un rol preponderante puesto que el órgano jurisdiccional debe fundar su decisión de autorizar o no como candidatos a los señores Cartes y Lugo para las elecciones presidenciales del año 2018. Estamos entonces ante un tema jurídico e igualmente filosófico en cuanto que la institución denominada Estado de Derecho es una doctrina meta legal que subordina la actividad del poder político a la juridicidad, cómo método garantista de la isonomía, palabra griega que denota la igualdad ante la ley sin privilegios y de la que hasta hoy día forma parte la civilización.

La estrategia del oficialismo colorado y del Frente Guazú los lleva a dirigirse al Poder Judicial, a la Corte Suprema, y ésta debe mostrarse como custodio de la Constitución, interpretándola, cumpliendo y haciéndola cumplir. Estas atribuciones tienen un cordón umbilical que ata al poder judicial que lo hace dependiente de la coyuntura política porque así se estableció en nuestra ley fundamental con el sistema de elección, Consejo de la Magistratura, y el Jurado de Enjuiciamiento.

De lo que no hay duda es sobre los efectos de la decisión de la Corte Suprema. El antecedente resolutivo significará para la historia del país un antes y un después, en la que todos los ciudadanos, aun aquellos que reniegan de la política, quedarán afectados.