La Corte Suprema acertó en el caso IEEPA, pero aún no hay que descorchar el champán

La decisión de la Corte Suprema de anular los aranceles de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) del presidente Trump es una victoria bienvenida para el gobierno constitucional y el estado de derecho. Pero cualquiera que espere que esto suponga el fin de la oleada de aranceles de la administración debería pensárselo dos veces. Incluso sin la IEEPA, el presidente conserva una amplia autoridad legal para recrear rápidamente gran parte del caos actual de la política comercial.

Algunas de ellas son conocidas. Durante su primer mandato, Trump invocó la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 para golpear a China e imponer aranceles al acero y al aluminio. Sin embargo, la legislación estadounidense ofrece otras herramientas que han pasado prácticamente desapercibidas. Dos disposiciones menos conocidas, la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y la sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, podrían permitir al Gobierno continuar con su ofensiva arancelaria incluso sin la IEEPA.

Lo que la Corte acertó

Antes de profundizar en esas leyes, vale la pena señalar lo que la Corte Suprema acertó. Cuando el Gobierno invocó la IEEPA para imponer aranceles generalizados a casi todas las importaciones, amplió una ley de sanciones de 1977 mucho más allá de lo que pretendía el Congreso. La IEEPA se diseñó para permitir a los presidentes congelar activos y restringir las transacciones financieras durante emergencias reales. La ley no funciona como un interruptor en el Despacho Oval para que los presidentes reescriban unilateralmente prácticamente todo el código arancelario aprobado por el Congreso.

La decisión de la Corte proporciona un alivio práctico a los estadounidenses que sufren los aranceles desacertados de la administración. Las empresas se han visto sacudidas por unos tipos arancelarios que parecían cambiar cada hora durante el caos de la primavera. La Tax Foundation estima que los aranceles de la IEEPA aumentaron los impuestos de los hogares estadounidenses en unos 1.000 dólares en 2025 y supondrán otros 1.300 dólares en 2026. La imprevisibilidad, especialmente para las pequeñas empresas, fue casi tan perjudicial como los propios tipos.

Pero el fin de los aranceles de la IEEPA no significa el fin de la política comercial unilateral. La administración ya ha puesto sus ojos en otras leyes, en gran medida ignoradas, que podrían producir un resultado similar.

Sección 122

Ante una posible derrota de la Corte Suprema sobre la IEEPA, los funcionarios de la administración han estado preparando autoridades alternativas bajo las cuales imponer aranceles. Una de esas leyes es la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. La disposición faculta al presidente para hacer frente a déficits "grandes y graves" de la balanza de pagos mediante recargos a la importación de hasta el 15%, cuotas de importación o una combinación de ambos. Sin duda, esto resulta muy atractivo para un presidente que ha criticado constantemente (y erróneamente) los supuestos peligros de los déficits comerciales de Estados Unidos.

Sin embargo, hay un problema más fundamental con la invocación de la sección 122 que recibe menos atención de la que merece: no está nada claro que Estados Unidos tenga un déficit en la balanza de pagos, en ningún sentido técnicamente significativo. La balanza de pagos y la cuenta corriente son conceptos relacionados, pero distintos. La cuenta corriente, que recoge el comercio de bienes y servicios, es simplemente un subconjunto de la balanza de pagos más amplia, que también incluye los flujos de capital y las transacciones financieras. Es fundamental señalar que, en un mundo de tipos de cambio flotantes, un verdadero déficit de la balanza de pagos es prácticamente imposible: cuando un país tiene un déficit por cuenta corriente, las entradas de capital lo compensan necesariamente, manteniendo la balanza de pagos global cerca de cero por construcción. Estados Unidos tiene un déficit por cuenta corriente persistente, pero eso no es lo mismo que un déficit de la balanza de pagos, y confundir ambos conceptos supondría una distorsión significativa de los términos de la ley.

Esto es importante porque la sección 122 exige un déficit de la balanza de pagos "grande y grave" como desencadenante legal. No está claro si las cortes aceptarían el planteamiento de la Administración, pero la Administración Trump ya ha demostrado una voluntad constante de ampliar los estatutos comerciales mucho más allá de su significado evidente para lograr fines proteccionistas, y la sección 122 no sería diferente.

Como Stan Veuger, del American Enterprise Institute, y yo explicamos en diciembre en Foreign Policy, la administración podría replicar la mayor parte de la estructura arancelaria de la IEEPA a través de la sección 122 en poco tiempo. Los países que actualmente se enfrentan a tipos superiores al 15% verían alguna reducción, pero para todos los demás países, el impacto sería casi idéntico. Y lo que es más importante, la sección 122 no requiere las largas investigaciones que exigen otras leyes comerciales. El presidente podría actuar con rapidez.

Pero la administración también tiene otro problema: los aranceles de la Sección 122 expiran después de 150 días, a menos que el Congreso vote a favor de prorrogarlos. Sin embargo, aún está por ver hasta qué punto esto supone una limitación. Si el Congreso se niega a actuar, la administración podría, al menos en teoría, permitir que los aranceles caducaran, declarar una nueva emergencia de balanza de pagos y reiniciar el reloj. La maniobra plantearía serias preocupaciones en cuanto a la separación de poderes, pero nada en la ley la prohíbe claramente.

Dado que la ley nunca se ha invocado anteriormente, no hay precedentes judiciales que aclaren sus límites.

Sección 338

También existe la sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 (la infame Ley Smoot-Hawley) que, al igual que la sección 122, nunca se ha aplicado. Autoriza al presidente a imponer aranceles de hasta el 50% a las importaciones de cualquier país que "discrimine" al comercio estadounidense en comparación con otras naciones.

La ley es notablemente breve y vaga. Asigna una función a la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC), que tiene el deber de "determinar y estar informada en todo momento" de si se está produciendo discriminación y de "poner el asunto en conocimiento del presidente, junto con recomendaciones".

Sin embargo, no está claro si esto funciona como un requisito previo de procedimiento o simplemente como un canal consultivo. La ley autoriza por separado al presidente a imponer aranceles "siempre que considere que existe" discriminación. ¿Esa redacción faculta al presidente para actuar de forma unilateral o debe esperar a las conclusiones de la Comisión? El texto no lo aclara.

El Servicio de Investigación del Congreso ha sugerido que la sección 338 entra en la categoría de autoridades arancelarias que "no contienen" requisitos para que una agencia federal "realice una investigación y llegue a determinadas conclusiones antes de que se puedan imponer aranceles". Pero esta interpretación nunca ha sido puesta a prueba por ninguna administración ni ninguna corte.

¿Y qué se considera discriminación en primer lugar? La ley no lo dice con precisión. Demostrar la discriminación podría ser difícil cuando se trata de miembros de la Organización Mundial del Comercio sujetos a los requisitos de la nación más favorecida. ¿O no? La administración podría argumentar que cualquier país que mantenga aranceles sobre los productos estadounidenses —o cualquier país con prácticas comerciales que no sean del agrado del presidente— está "discriminando" al comercio estadounidense.

Estados Unidos amenazó con invocar la sección 338 varias veces durante la década de 1950 para promover sus objetivos de política exterior, pero nunca lo llevó a cabo. La ley no se ha puesto a prueba de manera significativa en las cortes modernos, lo que significa que sus límites siguen sin estar definidos. ¿Se someterían las cortes a una interpretación agresiva de la autoridad del presidente? ¿Exigirían la participación de la USITC? Nadie lo sabe. Para un Gobierno decidido a maximizar su discrecionalidad, esa ambigüedad podría ser una ventaja, no un inconveniente.

El problema subyacente

El uso sin restricciones de las secciones 122 y 338, junto con leyes más conocidas como las secciones 301 y 232, podría recrear esencialmente la difícil situación de la IEEPA. En la práctica, esto significa que el presidente puede seguir remodelando la política fiscal y el entorno empresarial a su antojo, redistribuyendo cientos de miles de millones de dólares e imponiendo una incertidumbre generalizada, sin la autorización expresa del Congreso.

La Corte realizó una importante labor al frenar el uso indebido de la IEEPA. Pero la intervención judicial solo puede llegar hasta cierto punto. El Congreso pasó décadas cediendo su autoridad constitucional en materia comercial al poder ejecutivo, y estas delegaciones siguen prácticamente intactas. Hasta que los legisladores recuperen parte de esa autoridad y añadan garantías procesales serias, seguirá existiendo el riesgo de aranceles arbitrarios.

La Corte hizo su trabajo. Ahora el Congreso tiene que hacer el suyo.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 20 de febrero de 2026.