La campaña de represalias de la FTC contra Media Matters es inconstitucional

En 2023, la organización de periodismo de investigación Media Matters for America informó de que habían aparecido anuncios de al menos cinco grandes marcas "junto a publicaciones que ensalzaban a Hitler y a su Partido Nazi en X". En respuesta, Elon Musk prometió presentar "una demanda termonuclear contra Media Matters". Las demandas del Sr. Musk no han tenido éxito, pero otros pronto tomaron el relevo. En primer lugar, varios fiscales generales estatales intentaron emitir órdenes de investigación civil (CID) contra Media Matters, pero esos esfuerzos fueron bloqueados en las cortes.

Mientras tanto, el presidente Trump nombró a un crítico acérrimo de Media Matters, Andrew Ferguson, nuevo presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC). Poco después de que se bloquearan las CID estatales, la FTC emitió su propia y onerosa CID contra Media Matters. Los efectos de esta CID federal sobre Media Matters han sido graves. Media Matters ha reducido su actividad informativa y otras organizaciones han evitado colaborar con ella.

Media Matters demandó entonces a la FTC, argumentando que la CID se había emitido como represalia por las declaraciones de Media Matters en las que se criticaba a Musk y a X. Un tribunal federal de distrito dio la razón a Media Matters y prohibió de forma preliminar a la FTC hacer cumplir la CID. Ahora la FTC ha recurrido ante la Corte de Apelación del Distrito de Columbia, que escuchará hoy los argumentos del caso. Y Cato ha presentado un escrito amicus curiae en apoyo de Media Matters.

En nuestro escrito, esbozamos el papel histórico de la Primera Enmienda y la libertad de prensa que esta protege. Desde la fundación del país, nuestras cortes han promovido las libertades de prensa, y la Primera Enmienda ha evolucionado para proteger a las personas tanto del castigo explícito a posteriori por sus declaraciones como de las amenazas coercitivas del Gobierno de un castigo potencial por sus declaraciones. Este último tipo de violación, conocido como "jawboning" o presiones verbales, puede ser más difícil de identificar que las represalias, pero es igual de pernicioso.

Como explica nuestro escrito, este caso implica no solo represalias explícitas (las propias CID, que suponen una carga) sino también varios casos de "jawboning". Ferguson y otros futuros funcionarios de la FTC hicieron varias declaraciones en el periodo previo a la emisión de la CID que amenazaban no solo a Media Matters, sino también a otras organizaciones de vigilancia. Cuando el Sr. Ferguson competía por la presidencia, dijo que tenía un "historial de plantar cara a… la izquierda radical" y que "investigaría… los boicots de los anunciantes".

Aunque la presión verbal viola la Primera Enmienda, la Corte Suprema no ha proporcionado un marco claro para que las cortes inferiores la identifiquen. En nuestro escrito, argumentamos que la Corte de Apelación del Distrito de Columbia debería utilizar el marco del juez Alito, tal y como lo expuso en su voto particular en Murthy v. Missouri (2024), en el que instaba a las cortes a centrarse en la autoridad de los funcionarios públicos, las declaraciones que han realizado y la reacción de aquellos que han sido objeto de presión verbal. Pero incluso si la corte adopta un enfoque más holístico, el resultado debería ser la misma conclusión: las acciones de la FTC son inconstitucionales.

Dado que los funcionarios de la FTC amenazaron a Media Matters por su discurso y luego llevaron a cabo esas amenazas, el Circuito de DC debería confirmar la decisión de la corte inferior y bloquear la ejecución de la CID. Cuando las agencias federales intentan coartar la libertad de expresión y diluir las garantías de la Constitución, las cortes no deberían rehuir detenerlas.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 13 de abril de 2026.