¿Estamos condenados?

Juan Carlos Hidalgo considera que en Costa Rica cada vez más la administración pública percibe al sector productivo con una mentalidad burocrática de que todo empresario es evasor, explotador y contrabandista.

Por Juan Carlos Hidalgo

“Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada”.

Recordé esa lapidaria advertencia de la novelista Ayn Rand cuando leí que el Banco Nacional está cerrando las cuentas a los choferes de Uber. Porque más allá de la persecución sin cuartel que el gobierno ha desatado contra quienes se ganan un ingreso honradamente usando esa plataforma, se trata de un caso sintomático de cómo en Costa Rica quienes no producen nada atormentan, cada vez más, a quienes sí producen.

Basta hablar con empresarios nacionales —no importa si son pequeños, medianos o grandes— para comprender el grado de acoso que ejerce el Estado: inspecciones laborales constantes, cálculos desproporcionados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cambios repentinos y arbitrarios en la normativa tributaria, exceso de tramitomanía en aduanas y municipalidades, etc. La Administración Pública trata con abierta hostilidad al sector productivo y se consolida la percepción burocrática de que todo empresario es evasor, explotador y contrabandista hasta que demuestre lo contrario.

A esto hay que sumarle una creciente voracidad fiscal. La pésima gestión del sector público, reflejada en un Gobierno Central al borde de la bancarrota e instituciones estatales en serios apuros financieros, se traduce en reiterados incrementos de tarifas, creación de impuestos y aumentos de cargas sociales. Todo con el fin de sostener una enorme burocracia cuyos servicios van en franco deterioro, pero donde abundan los altos salarios, las pensiones de lujo y muchas otras gollerías.

Pero no todo el sector productivo está bajo el zapato del Estado. Hay empresarios que descifraron que su éxito radica en consentir al poder político. A cambio, disfrutan de créditos sin garantías, subsidios, transferencias y exoneraciones fiscales. Es triste, pero en nuestro país el dinero fluye cada vez más hacia quienes trafican no bienes, sino favores.

Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Costa Rica) el 4 de diciembre de 2017.