El valor de vivir

Durante las pandemias, ¿qué costos económicos asociados con la regulación debería tolerar la sociedad para reducir los riesgos a la salud? Los economistas suelen argumentar que la respuesta debe guiarse por las decisiones que observamos en los mercados laborales en los que las personas aceptan un riesgo adicional de morbilidad y mortalidad a cambio de una mayor compensación. Los mineros de carbón y los trabajadores de la construcción, por ejemplo, reciben un salario mayor que otros con habilidades similares porque enfrentan un mayor riesgo estadístico de lesión y muerte en el trabajo. Una estimación reciente del Valor de una Vida Estadística (VVE) es de $9 millones, lo que implica que las políticas que reducen el riesgo de mortalidad son aceptables si el costo por vida salvada es de $9 millones o menos.

Los economistas especializados en las regulaciones evalúan rutinariamente las políticas de salud y seguridad de esa manera. Algunas intervenciones, como las normas que exigen que los encendedores sean a prueba de niños, solo cuestan $100.000 por vida estadística salvada y, por lo tanto, son altamente rentables, mientras que las regulaciones de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) con respecto a la exposición al formaldehído en el lugar de trabajo cuestan $78 mil millones por vida estadística salvada, más de 1.000 veces que la estimación del VVE.

Entonces, ¿las regulaciones de las cuarentenas, como ordenar el cierre de los negocios no esenciales y la emisión de órdenes para quedarse en casa, son medidas rentables para reducir la mortalidad de COVID-19, como las regulaciones para encendedores a prueba de niños, o una exageración absurda como las reglas de exposición al formaldehído? Las investigaciones recientes utilizan modelos epidemiológicos para estimar la cantidad de vidas que se pueden salvar a través de diversas medidas de aislamiento que son menos severas que las que se aplican actualmente en gran parte del país (aislamiento de 7 días para cualquier persona que muestre síntomas del coronavirus, un periodo de 14 días de cuarentena voluntaria para toda su familia, y una reducción drástica de contacto social para los mayores de 70 años). Greenstone y Nigam, por ejemplo, concluyen que el distanciamiento social podría salvar 1,76 millones de vidas hasta el 1 de octubre. Usando estimaciones de una vida estadística que varían según la edad (el VVE para los menores de 9 años es de $14,7 millones, mientras que el VVE para los mayores de 79 años es de $1,5 millones), estiman los beneficios de dichas políticas en un poco menos de $8 billones (“trillions” en inglés). Un VVE constante de $9 millones, en lugar de las estimaciones que varían conforme la edad, implicaría beneficios de $15,8 billones.

En 2019, el producto interno bruto (PIB) de EE.UU. fue de $21,4 billones. Por lo tanto, se estima que los beneficios del distanciamiento social moderado oscilan entre más de un tercio y más de dos tercios del ingreso nacional de un año.

La aparente implicación del análisis es que una reducción del ingreso nacional inducida por políticas de la magnitud de la Gran Depresión (entre 1929 y 1933, el PIB real de EE.UU. cayó alrededor de 30%) sería eficiente si la estimación de vidas salvadas (1,76 millones) es correcta. Y, por lo tanto, el cierre de los negocios no esenciales exigido por los estados es rentable porque es poco probable que den como resultado una pérdida de ingresos tan grave como la Gran Depresión: 8,5 por ciento del PIB anual si se mantienen solo durante tres meses.

Mientras damos la bienvenida a los intentos de estimar la relación entre los costos de la reducción forzada de la interacción humana y los beneficios de mortalidad que resultan de esta, creemos que las políticas que reducen deliberadamente la producción económica tienen grandes costos más allá de la pérdida de ingresos. En los análisis tradicionales de regulación de salud y seguridad, como las reglas de encendedores y formaldehído antes mencionadas, las estimaciones de costos incluyen solo los costos de cumplimiento: los costos adicionales de material y mano de obra involucrados en el cumplimiento de la regla. Las estimaciones de costos no incluyen cualquier otra razón que pueda causar que los consumidores se opongan a la regulación, o cualquier costo adicional en general (como los efectos no intencionados a largo plazo de las nuevas políticas gubernamentales).

En la mayoría de los contextos regulatorios tradicionales de salud y seguridad, esa omisión probablemente no sea empíricamente importante: tal vez las bolsas de aire hacen que el volante sea menos atractivo para algunas personas, pero su efecto es pequeño. En otros contextos regulatorios tradicionales, la omisión es más importante, pero se ignora: las tapas a prueba de niños en medicamentos de venta libre de prescripción y con prescripción son molestos para muchas personas y especialmente para los ancianos, pero la mayoría de los análisis de costos de cumplimiento ignoran tales efectos.

En la reducción forzada de la interacción social durante la pandemia actual, creemos que muchos costos, más allá de e la pérdida de ingreso, son importantes: el costo de perder la última oportunidad de ver al abuelo antes de que muera solo, los costos para la salud mental y física del aislamiento, el costo del tiempo perdido para que las personas solteras se encuentren con un compañero de vida mientras dura la ventana de fertilidad, el costo de perder oportunidades de viaje o el costo de adquirir nuevas habilidades o talentos que requieren salir de casa. En términos económicos, estos podrían denominarse costos adicionales de las restricciones a nuestras libertades no relacionadas con el mercado, o a la disminución de productividad de nuestro tiempo de ocio. Si fuesen cuantificados y se sumaran a cualquier análisis que evaluara los cierres, entonces la rentabilidad de las restricciones se reduciría mucho.

Reiterando, estamos de acuerdo en que, durante una pandemia, comparar un cálculo aproximado del valor de las vidas salvadas con el costo total de los cierres es un análisis fructífero. Por supuesto, esto solo nos dice qué política general es preferible, no “óptima”. Puede ser que los cierres sean más rentables que hacer nada, pero que una variedad de protocolos de seguridad y aislamiento de grupos vulnerables sea aún más rentable para minimizar los costos económicos y de salud combinados, por ejemplo. Pero nuestro punto clave es este: un gran componente de la estimación del costo de los cierres debe consistir en el valor monetario de la pérdida de libertad para moverse e interactuar como lo hacemos normalmente, además de los ingresos reales perdidos por la reducción en la actividad del mercado. Por lo tanto, la reducción apropiada (rentable) inducida por políticas en la actividad económica probablemente sería significativamente menor que la estimada actualmente como rentable por muchos economistas.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato at Liberty (EE.UU.) el 20 de abril de 2020.