El retorno de la "planificación"

El reciente anuncio del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la profesora Mariana Mazzucato para establecer en España la sede de un Consejo Global para una Economía del Bien Común no es un hito de vanguardia intelectual, sino el enésimo intento de revestir con lenguaje pseudo progresista, casi misionero, el viejo dirigismo estatal que tantas veces ha naufragado en la historia económica. Lo que se presenta ante la opinión pública como una “innovación disruptiva” —moldear mercados hacia un “bien común” definido por cuatro principios vagos y ocho “áreas de indagación”— es la resurrección de la planificación centralizada, disfrazada con los ropajes de la sofisticación académica contemporánea. Es un ejercicio de fatal arrogancia que ignora la lógica del mercado, incentiva la acción de los buscadores de rentas y se traducirá en socialización de pérdidas mientras se privatizan beneficios bajo la coartada del interés general.

De entrada, la premisa central del edificio teórico de Mazzucato —el Estado no debe limitarse a corregir fallos de mercado, sino que debe “crearlos” y “moldearlos”— choca frontalmente con la realidad. Como demostró F.A. Hayek, la información relevante para la asignación eficiente de los recursos es, por naturaleza, dispersa, tácita y cambiante. No es adquirible por una mente única ni por un consejo de sabios. Surge de la interacción descentralizada de millones de actores que responden a señales de los precios relativos. Un “compás del bien común” definido por políticos, burócratas y académicos alineados con ellos no resuelve el problema del cálculo económico; lo ignora al asumir que una élite iluminada posee la capacidad de predecir el futuro tecnológico y las preferencias sociales con mayor precisión que el proceso de descubrimiento del mercado.

Por otra parte, la pretensión de que un Consejo copresidido por un el Sr. Cuerpo y la Sra. Mazzucato sea capaz de saber cuáles son las trayectorias tecnológicas óptimas es puro delirio. La historia de las políticas industriales dirigistas reproduce una ley inmutable: los Gobiernos, al no arriesgar su propio capital y operar bajo una restricción presupuestaria blanda, carecen de la disciplina de mercado imprescindible para internalizar el coste del error. El mercado es un mecanismo de selección que elimina lo ineficiente; el Estado tiende a perpetuar sus errores para evitar el coste político de reconocer su fracaso. El resultado es siempre el mismo: proyectos denominados “estratégicos” que se eternizan y consumen recursos escasos en inversiones que jamás superan un análisis de rentabilidad riguroso.

El diseño institucional de este nuevo ente multiplica los fallos de la elección pública. Un organismo ad hoc, cuyos miembros son seleccionados por afinidad doctrinaria y sin mecanismos transparentes de rendición de cuentas, se convierte de modo inevitable en un imán para la captura regulatoria. Los grupos de interés organizados maximizarán su esfuerzo de cabildeo para obtener subvenciones directas, condicionalidades laxas y protección frente a la competencia. La retórica de la “co-creación” y la “participación vivida” que impregna el documento fundacional es sólo verborrea para ocultar un riesgo moral clásico: quien recibe fondos públicos condicionados a objetivos políticos tiene incentivos perversos para priorizar la búsqueda de rentas sobre la rentabilidad y la productividad. En España, donde ésta muestra un estancamiento crónico y la deuda pública se sitúa en niveles alarmantes, este mecanismo no acelerará el crecimiento; lo distorsionará hacia sectores políticamente rentables, pero económicamente estériles.

La vaguedad técnica del acuerdo suscrito por Cuerpo y Mazzucato es, por sí misma, un motivo de alarma. Hablar de una responsabilidad fiscal que incluya “retornos de inversión en capacidad productiva y resiliencia” sin especificar las funciones de producción, las tasas sociales de descuento o realizar análisis de equilibrio general, entra de lleno en el terreno de la contabilidad creativa. Esta aproximación ignora la restricción presupuestaria intertemporal del sector público y el inevitable efecto expulsión que la absorción de recursos por parte del Estado ejerce sobre la inversión privada. Intentar reescribir las reglas fiscales para que la inversión pública “se pague sola” equivale a dinamitar la disciplina presupuestaria que evita la acumulación insostenible de pasivos. En el documento no hay reconocimiento de trade-offs: no se dice a qué coste en términos de bienestar y crecimiento a largo plazo se persigue la “igualdad pre-distributiva” o una transición verde impuesta por decreto.

Por último, este acuerdo no ofrece un solo modelo formal contrastable, ni identificación causal rigurosa, ni evidencia que supere el simple cherry-picking de casos cualitativos que convienen a su narrativa. Es un manifiesto político con barniz académico que ignora cuatro décadas de teoría del crecimiento y la lección elemental de que los avances disruptivos —aquellos que realmente cambian el paradigma de una sociedad— surgen de trayectorias imprevistas y emprendedores audaces, no de planes burocráticos trazados en despachos ministeriales.

El Gobierno español incurre en un error estratégico de bulto: prioriza la narrativa intervencionista y olvida que son las políticas horizontales —la reducción de la presión fiscal, la desregulación de los mercados de bienes y servicios, la flexibilidad laboral y el fortalecimiento de la seguridad jurídica— las únicas capaces de generar innovación sostenible. En definitiva, el acuerdo Cuerpo-Mazzucato no es un paso hacia el futuro, sino un regreso a un pasado de ineficiencia y estancamiento. La "economía del bien común" es un eslogan seductor, pero la realidad es tozuda: son los mercados libres, y no los comités de expertos, los que crean prosperidad.

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (España) el 23 de abril de 2026.