El petróleo "de todos"

Gabriela Calderón de Burgos dice que la medida más eficaz para combatir el despilfarro y la corrupción en Ecuador sería liberalizar el mercado petrolero.

Por Gabriela Calderón de Burgos

En los países en los que el estado no es dueño del petróleo, la caída de su precio es un motivo de celebración para muchos. Considere aquellos productores que ahora están experimentando un shock externo por la caída de precios de lo que exportan, muchos de ellos verían un alivio en la caída del precio del petróleo, siendo este un insumo importante. El pensamiento estatista suele confundir la fortuna del estado con aquella de la sociedad en general. Pero, puede darse la situación en que aunque el estado le vaya mal, la sociedad en general prospere.

El petróleo estatizado tiene consecuencias negativas para las finanzas públicas y para el surgimiento de las instituciones propias de una democracia liberal. El estado ecuatoriano ha demostrado ser un pésimo empresario con el manejo de una de las principales riquezas naturales de nuestro país. Adam Smith explicaba que los recursos naturales en manos de la corona eran mal negocio para la nación porque estos eran mal administrados. Decía que le convendría a las monarquías de la Europa de su época vender esas tierras para que sean los propietarios quienes mejor las exploten. Smith consideraba que el estado era un mal empresario puesto que los sirvientes del rey administraban de manera irracional e ineficiente los recursos naturales.

Por el lado de las finanzas públicas, ya hemos vivido dos bonanzas petroleras y en ambas el resultado fue el mismo: explosión del gasto y de la deuda pública, aumento de la carga tributaria y economía estancada por varios años posteriores a la bonanza.

Ahora bien, imagínense si el petróleo no fuese propiedad del estado, sino de diversas empresas, como sucede con el sector camaronero o bananero. El precio del petróleo podría caer y las empresas de esa industria estarían sufriendo, pero muchas otras junto con los consumidores estarían celebrando que el combustible ahora les costaría menos (asumiendo que también tendríamos en el país precios reales para el combustible).

Uno de los principios básicos de las democracias liberales es que no hay tributación sin el debido consentimiento de los gobernados. Un gran avance en este aspecto fue haber eliminado con la dolarización el impuesto furtivo que no requiere aprobación en la asamblea: la inflación. Los políticos de turno ya no pueden monetizar la deuda pública vía emisión monetaria. Pero todavía pueden empeñar el futuro del país utilizando como fuente de financiamiento el petróleo que nominalmente es “de todos” pero que sabemos que es para beneficio principalmente de los políticos, burócratas y contratistas. La riqueza natural no explotada de manera eficiente es todavía otro impuesto que no requiere aprobación en la asamblea.

El presidente Lenin Moreno dijo querer eliminar empresas públicas y siempre dice querer combatir la corrupción. Quizás la medida más eficaz de combatir el despilfarro y la corrupción sería emprender una histórica liberalización del mercado petrolero. Como luce poco probable un consenso nacional en torno a esta propuesta, conviene que los alcaldes del país impulsen la descentralización de la gestión de los recursos naturales. Algunas comunidades podrían optar por crear un mercado de derechos de propiedad y otras por mantener el modelo que ha fracasado a nivel nacional.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 13 de marzo de 2020.