El gobierno no debe asignar una vacuna contra el coronavirus según la raza

Walter Olson dice que una aplicación sensata de los principios de salud pública es darle a determinados grupos un acceso más temprano a la vacuna contra el COVID-19 por su mayor exposición al virus y/o vulnerabilidad ante el mismo, pero que ir más allá de eso y asignar la prioridad para la vacunación según la raza sería inadecuado.

Por Walter Olson

Un comité asesor federal que recomienda prioridades para la eventual distribución de una vacuna contra el COVID-19 ha flotado una idea muy mala: asignar prioridad a unos beneficiarios por sobre otros según su raza. Si fuese implementado, este régimen muy probablemente fuese encontrado por las cortes como inconstitucional. Pero incluso dejando eso a un lado, las preferencias raciales en esta cuestión constituirían una peligrosa traición de la neutralidad e imparcialidad que los ciudadanos tienen derecho a esperar del estado. 

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para Control de Enfermedades (ACIP, por sus siglas en inglés) ha estado examinando las prioridades de vacunación desde la primavera. El mes pasado el New York Times reportó que los miembros del ACIP estaban considerando la “opción controversial” de “poner a negros y latinos, que han sido de manera desproporcionada víctimas del COVID-19, delante de otros en la población”. Un reporte más reciente del Washington Post confirma que la idea todavía está siendo considerada. 

Esta idea, además, proviene de unos jugadores bien posicionados. Uno es el Dr. José R. Romero, quien dirige el comité y es uno de los cuatro miembros seleccionados para evaluar la cuestión de la prioridad, también es el funcionario médico titular del Departamento de Salud de Arkansas. El New York Times lo citó diciendo, “Estos son grupos que requieren ser ubicados adelante de la cola, en mi opinión”.

El mismo artículo cita “Dayna Bowen Matthew, decana de la Escuela de Derecho de George Washington University, quien se ha enfocado en la desigualdad racial en la atención médica” y es una consultora para el ACIP acerca de la cuestión de la asignación de prioridad. Matthews dice que la desigualdad social “produjo las enfermedades subyacentes”, y “es la desigualdad la que requiere que prioricemos por raza y etnia”.

Vale la pena pausar aquí para señalar una serie de asuntos que no son parte de la controversia:

  • El COVID-19 es especialmente peligroso para personas con condiciones pre-existentes, tales como la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, y algunas de esas condiciones que predisponen a las personas se encuentran en tasas más altas entre las poblaciones minoritarias. 
  • Además, algunas ocupaciones exponen a los trabajadores a un riesgo elevado de contagio, tanto en el sector de cuidados médicos como en los trabajos que dan la cara al público como la conducción de buses, y estos están de manera desproporcionada siendo desempeñados por las minorías.
  • Las personas que viven en hogares pequeños y multi-generacionales constituyen un tercer grupo que es visto como de mayor riesgo, y estas situaciones, también, algunas veces están correlacionadas con el status de minoría.

Una aplicación sensata de los principios de salud pública, y algo no tan terriblemente controversial, es darle a muchos grupos en estas categorías acceso más temprano a las vacunas. La prioridad para estas condiciones pre-existentes podría reducir la mortalidad total, la prioridad para aquellas situaciones sociales sumamente conectadas produce réditos interceptando el contagio, y así sucesivamente. Como resultado de esto, muchas reglas totalmente sensatas incidentalmente protegerían relativamente más a las personas pertenecientes a las minorías —lo cual sería totalmente adecuado, siempre y cuando estos sean los fundamentos sobre los cuales se base la decisión. 

En cambio, ir más allá de la asignación adecuada de prioridades —que por sí sola asistirían a muchos miembros de las minorías que tienen razones válidas para querer estar adelante de la cola—para favorecer preferencias raciales explícitas en la distribución de una vacuna que potencialmente podría salvar la vida sería inadecuado y es poco probable que sobreviva un reto en las cortes. 

Como el abogado Hans Bader señala, la Corte Suprema en casos como Richmond vs. J.A. Croson Co. (1989) generalmente no ha aprobado que el estado use dichas preferencias raciales para compensar por la desigualdad, excepto cuando “el estado produjo la desigualdad mediante su propia discriminación reciente, ampliamente dispersa e intencional”. Las atrocidades de salud pública de décadas anteriores, como el famoso experimento de Tuskegee, no crean una extensión de la culpa racial/médica por la cual el estado podría imponer una desventaja a los ciudadanos sin culpa de hoy.  

Es sorprendente que un esquema de preferencia racial de este tipo haya llegado tan lejos como lo ha hecho. El gobierno federal debería tomar medidas para repudiarlo, rápidamente e integralmente.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (EE.UU.) el 19 de agosto de 2020.