El fracaso de los impuestos sobre el patrimonio
Adam N. Michel y Chris Edwards consideran que el Congreso debería reorientar el código tributario hacia una base de consumo para gravar cada dólar que gastan los ricos sin penalizar las inversiones que benefician a los trabajadores y a la economía.
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Por Adam N. Michel y Chris Edwards
Los californianos votarán este noviembre sobre un impuesto del 5 por ciento sobre el patrimonio de los multimillonarios. En el Congreso, los senadores Elizabeth Warren (Demócrata de Massachusetts) y Bernie Sanders (Inpedendiente de Vermomt) están impulsando planes para un impuesto anual sobre el patrimonio. Y en el extranjero, Noruega y España han ampliado sus impuestos sobre el patrimonio, y algunos países quieren imponer un impuesto global sobre el patrimonio.
Nuestro nuevo estudio del Instituto Cato, "Los fracasos de los impuestos sobre el patrimonio", analiza por qué estas iniciativas están mal orientadas. El estudio describe cómo una docena de países europeos han probado los impuestos sobre el patrimonio, pero luego los derogaron al fracasar. Los impuestos sobre el patrimonio generan pocos ingresos, ahuyentan a los inversionistas y a los emprendedores, y se llenan de vacíos legales.
A continuación, algunos puntos destacados:
Países que derogaron los impuestos sobre el patrimonio. Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Luxemburgo, los Países Bajos y Suecia derogaron sus impuestos sobre el patrimonio debido a que el daño económico y los costos administrativos eran demasiado elevados. Colombia, Noruega y España aún cuentan con impuestos sobre el patrimonio, pero enfrentan problemas similares.
Las tasas bajas del impuesto sobre el patrimonio no son tan bajas. Un impuesto sobre el patrimonio se basa en el valor de los activos, no en los rendimientos anuales; por lo tanto, un impuesto sobre el patrimonio aparentemente bajo del 3 por ciento anual sobre un activo que genera un 5 por ciento equivale a un impuesto sobre la renta del 60 por ciento.
El impuesto propuesto en California podría generar pérdidas. Los defensores de la iniciativa afirman que recaudará 100 mil millones de dólares, pero tras las reacciones de los contribuyentes, es posible que solo recaude 40 mil millones de dólares. De hecho, es probable que el estado pierda dinero en términos generales, ya que la base del impuesto sobre la renta se reduciría debido a la salida de multimillonarios.
Los trabajadores pagan el precio. Contrariamente a lo que opinan los defensores del impuesto sobre el patrimonio, el capital y el trabajo son complementarios. Gravar el patrimonio significa gravar los activos empresariales de las carteras de alto nivel. Esos activos respaldan la productividad de los trabajadores y el crecimiento salarial, por lo que gravar el patrimonio es, en última instancia, una política en contra de los trabajadores.
La riqueza es buena. En lugar de estar concentrada, la riqueza en Estados Unidos se encuentra dispersa por toda la economía en activos empresariales productivos. Entre el 0,1% de los hogares con mayor poder adquisitivo, el 73% de la riqueza neta corresponde a participaciones en empresas privadas o que cotizan en bolsa, y casi tres cuartas partes de los multimillonarios estadounidenses se han hecho ricos por sus propios medios. Toda la riqueza beneficia a la economía, y los responsables políticos deberían reducir las barreras a la creación de riqueza para todas las familias.
Graven el consumo en su lugar. Estados Unidos no necesita nuevos impuestos, sino más bien corregir los sistemas tributarios complejos y desiguales que ya están vigentes. El Congreso debería reorientar el código tributario federal hacia una base de consumo para gravar cada dólar que gastan los ricos sin penalizar las inversiones que benefician a los trabajadores y a la economía.
Lee el estudio completo aquí.
Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 23 de julio de 2026.