El Estado de Bienestar y la deuda soberana se dirigen hacia un precipicio

El Estado de Bienestar se mete en nuestros asuntos lentamente, por etapas: un programa por aquí, gozando de amplio respaldo; otro por allá, menos considerado; pequeños incrementos en todas partes, casi desapercibidos, como las exenciones tributarias enterradas en un denso código tributario. Y así sucede, hasta que, antes de que nos demos cuenta, nos encontramos, como si fuese una tarjeta de crédito gratuita, enterrados en deuda —$28 billones (“trillion” en inglés) y creciendo en EE.UU. hoy, sin contar las obligaciones no financiadas que exceden considerablemente eso, y sin hablar de la deuda de los estados y gobiernos locales que llega tan lejos hasta donde puede llegar la vista. 

Nada de esto dice algo acerca de la redistribución regulatoria —obligando o restringiendo a algunos para el beneficio de otros, la rama “fuera del presupuesto” del Estado de Bienestar; o de los bancos centrales, cuyos intereses bajos o incluso negativos solo fomentan una deuda explosiva. Todo esto porque hemos llegado a pensar que el propósito del estado es resolver todos nuestros problemas, sin importar cuán personales, en gran parte con “cosas gratuitas”; o, más recientemente, porque estamos obsesionados con lograr una “equidad” vacua. 

¿Cómo puede un político ambicioso resistirse a darle a la gente lo que piensan que quieren, pero aquello por lo que no quieren pagar, cuando puede endosarle la cuenta a las generaciones del futuro? Ellos no votan, después de todo; al menos no durante algún tiempo. Y cuando lo hagan, él, y nosotros, ya no estaremos aquí.  

¿Cinismo? Ahí lo tiene. EE.UU. no está solo en esto (de hecho, nuestros planificadores progresistas fueron a la escuela bajo el Estado de Bienestar de Bismarck). ¿Desde hace cuánto tiempo partes de Europa han estado rescatando a otras partes de Europa, enredándose cada vez más en el proceso? ¿Cómo nos va con la centralización de la producción y distribución de la vacuna contra el COVID-19? Hemos visto lo que sucede con esta estrategia centralista antes. No termina bien.

Entonces, ¿qué corresponde hacer? En EE.UU. alguna vez tuvimos una respuesta: una Constitución, que se suponía no solo debía poner orden en nuestros asuntos políticos sino también limitar a los gobiernos —y que debía limitarnos a nosotros, el pueblo, también. De otra manera podríamos haber escrito y ratificado un documento de una sola línea: “Nosotros el pueblo autorizamos, establecemos, y apoderamos al gobierno para que haga el bien según como lo decida de vez en cuando una mayoría del pueblo (o, mejor dicho, según lo decida cualesquiera que sean los intereses especiales que puedan llegarle a los funcionarios estatales)”— que es más o menos lo que tenemos actualmente. 

Los Padres Fundadores tenían más sensatez que eso, al igual que las generaciones de estadounidenses que vinieron mucho después de ellos. Estaban preocupados no solo acerca de lo que el estado podía hacer por ellos sino acerca de lo que podía hacerles a ellos. Con un entendimiento sobrio de la naturaleza humana y de la naturaleza del estado, e inspirándose en la visión de derechos naturales delineada en la Declaración de Independencia, ellos escribieron, ratificaron y en gran medida vivieron bajo una Constitución que autorizaba al gobierno federal para hacer las pocas cosas que ellos consideraron adecuado que este hiciera, principalmente cosas que no podíamos hacer nosotros mismos o que no podían hacerse a nivel de los estados, dejando la mayoría del poder con los estados o en nuestras manos particulares. Sin duda, no fue perfecto. Se necesitó de la Guerra Civil para acabar con el acuerdo Faustiano que reconocía la esclavitud —requerido para asegurar la unidad inicial— y de la aprobación de las Enmiendas de la Guerra Civil para corregir y avanzar el diseño original por la libertad bajo un gobierno limitado. 

Pero conforme se acababa el siglo 20, los progresistas empezaron a reconsiderar las cosas. Proviniendo de las universidades élite del Noreste, ellos eran ingenieros sociales enamorados de las nuevas ciencias sociales. Los modelos europeos los inspiraron, especialmente el modelo utilitario británico, que había reemplazado a la teoría de derechos naturales y había justificado de manera agradable la persecución de fines políticos mediante la legislación —mejor, pensaron ellos, que el litigio de derecho consuetudinario que estaba basado en principios atemporales como la libertad, la propiedad y los contratos. 

Ellos se enfrentaron a vientos contrarios, sin embargo: las cortes y los jueces comprometidos mediante un juramento de hacer respetar las restricciones de la Constitución. Las cosas se pusieron tensas a principios de 1937. Poco después de una victoria electoral abrumadora, Franklin Roosevelt amenazó con aumentar el número de jueces en la Corte Suprema con seis miembros nuevos. Hubo un gran alboroto. El congreso se opuso. Aunque el plan fracasó, la Corte recibió el mensaje. Ese año interpretó de manera amplia los poderes limitados del Congreso, abriendo las compuertas para que surja el estado moderno redistributivo y regulatorio; en 1938 redujo la libertad económica a un status de segunda clase; y en 1943 bendijo al moderno estado ejecutivo y administrativo —todo sin una enmienda constitucional. En pocas palabras, puso de cabeza la Constitución que buscaba limitar al estado.

Conforme los programas proliferaban, las actitudes y el comportamiento se ajustaban de manera consecuente. Hoy, grandes segmentos de la población, incluyendo a las empresas, se han involucrado con y dependen del estado. Como suele suceder, cada esquema de este tipo tiene consecuencias no intencionadas, que justifican solo más esquemas a modo de corrección —y más burócratas, seguros de que ellos pueden planificar nuestras vidas mejor de lo que podríamos hacerlo nosotros mismos, si nos dejan hacerlo por cuenta propia.

Y la deuda crece. La nueva administración de Biden acaba de lograr que se apruebe una ley de casi $2 billones en el Congreso mediante un voto totalmente partidista. Es cierto, la deuda federal ha aumentado bajo todo presidente estadounidense moderno, pero desde el año 2000 ha aumentado de manera exponencial, desde $5,7 billones hasta más de $28 billones actualmente, desde 55% del PIB hasta llegar a 130%, es ahora más alta que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial. Las tasas de interés y la inflación bajas nos pueden adormecer y hacernos pensar que la deuda pública no es un problema. Pero vaya que lo es. Esto no puede seguir así para siempre, especialmente cuando consideramos nuestros llamados fondos de ahorro para los programas de prestaciones sociales. Estos quebrarán en menos de una década (2024 para Medicare). Aquí nuevamente, como siempre, aquellos que pagarán el precio, cuando llegue el día, serán aquellos que menos lo pueden costear. 

Ese día llegará, a menos que nosotros mismos reconozcamos la realidad económica y la rectitud política. Si está mal utilizar a otro para nuestros propios fines, utilizarnos los unos a los otros para fines colectivos que a veces no compartimos y otras veces sí no está menos mal, pero es más tonto cuando la libertad está ahí para permitirnos a cada uno seguir nuestros propios fines como deseemos hacerlo.

Este artículo fue publicado originalmente en Decipher Grey (EE.UU.) el 5 de abril de 2021.