El declive de la racionalidad política en España

La polarización política en España es un fenómeno ampliamente reconocido. Sin embargo, el problema más grave no es la existencia de posiciones enfrentadas, sino la creciente irracionalidad con la que muchos ciudadanos las defienden. Una democracia sana necesita debate, discrepancia y pluralidad; lo que no puede permitirse es que las ideas dejen de evaluarse por sus méritos y comiencen a juzgarse únicamente por quién las propone. Cuando la identidad política sustituye al pensamiento crítico, la sociedad empieza a perder una de sus herramientas más valiosas: la razón.

Cada vez es más frecuente encontrar ciudadanos que no apoyan un proyecto político porque compartan sus principios, sino porque representa la mejor forma de oponerse al adversario. No son de izquierdas, sino anti-derecha; no son de derechas, sino anti-izquierda. La política deja entonces de ser una discusión sobre soluciones y se convierte en una competición emocional entre bandos. El objetivo ya no es construir un país mejor, sino impedir que el otro gane. Y cuando eso ocurre, cualquier error de los propios es perdonado mientras cualquier acierto del rival es rechazado automáticamente.

El problema no es que los ciudadanos se sitúen a la izquierda o a la derecha. El problema es que cada vez menos personas son de izquierdas o de derechas por convicción; son, sobre todo, anti-izquierda o anti-derecha. Hemos sustituido la defensa de unas ideas por el rechazo a quienes defienden otras. En consecuencia, la posición política deja de construirse desde principios propios y pasa a definirse por oposición al adversario. El resultado es una ciudadanía más emocional, más reactiva y mucho menos crítica.

Esta dinámica tiene una consecuencia especialmente peligrosa: destruye la capacidad de autocrítica. Si la prioridad es derrotar al contrario, toda crítica interna pasa a considerarse una traición. Los ciudadanos terminan justificando decisiones que en otras circunstancias habrían rechazado simplemente porque proceden de su lado. La racionalidad queda subordinada a la lealtad política y el debate público se transforma en una batalla de identidades. Es precisamente en ese contexto donde los discursos autoritarios encuentran terreno fértil para crecer.

Además, la realidad política es mucho más compleja de lo que sugieren las etiquetas tradicionales. En España seguimos interpretando la política principalmente como una línea recta entre izquierda y derecha, cuando muchas posiciones contemporáneas combinan elementos de ambas tradiciones. Existen ciudadanos económicamente liberales y socialmente progresistas; otros son intervencionistas en lo económico y conservadores en cuestiones culturales. Sin embargo, la simplificación permanente del debate empuja a millones de personas a elegir un bando antes que a reflexionar sobre cada cuestión por separado. Incluso nuestras encuestas siguen preguntando a los ciudadanos dónde se ubican en una escala lineal de izquierda a derecha, como si toda la complejidad política pudiera reducirse a una única dimensión.

Como procedo de Venezuela, llegando a España en el año 2017, con los años y de forma creciente he observo algunos debates españoles con una sensación incómodamente familiar. No porque España sea Venezuela ni porque sus instituciones sean comparables, sino porque reconozco ciertos mecanismos sociales que precedieron a nuestro deterioro democrático: la sustitución del análisis por la identidad, de la crítica por la lealtad y de la razón por la emoción. Las democracias rara vez se deterioran de forma repentina; suelen hacerlo gradualmente, alimentadas por la polarización, la desconfianza y la incapacidad de reconocer errores propios. El problema no comienza cuando una sociedad se divide, sino cuando deja de escucharse a sí misma.

Parar este declive exige recuperar una cultura política basada en la reflexión y no en la reacción. Significa preguntarnos por qué apoyamos determinadas posiciones y si seguiríamos haciéndolo aunque fueran defendidas por nuestros adversarios. Significa aceptar que ninguna ideología posee el monopolio de la verdad y que toda propuesta pública debe ser evaluada por sus consecuencias reales, no por la etiqueta ideológica que la acompaña. También exige una mayor responsabilidad por parte de líderes políticos, medios de comunicación e instituciones, cuyas narrativas pueden contribuir a la convivencia o profundizar la crispación.

España no necesita menos discrepancia ni menos pluralismo. Necesita más racionalidad. Porque la polarización es solo el síntoma visible; la verdadera enfermedad es la incapacidad creciente de pensar políticamente más allá de nuestras trincheras. Y cuando una sociedad deja de evaluar ideas para limitarse a elegir bandos, la democracia empieza a perder una de sus defensas más importantes: la razón.