El debate sobre los aranceles se basa en criterios erróneos

Los economistas de la Reserva Federal de Nueva York han publicado un nuevo estudio sobre cómo los aranceles de 2025 se reflejaron en los precios al consumidor, y este ha recibido una merecida atención. En el estudio, Mary Amiti, Sebastián Heise y David Weinstein rastrean los aranceles desde la frontera hasta los estantes de las tiendas. Esa no es una tarea sencilla, ya que las categorías de precios al consumidor mezclan productos importados y nacionales y no coinciden con los aranceles.

Algunas de las conclusiones confirman su trabajo anterior: los exportadores extranjeros absorbieron solo una pequeña parte de los aranceles, y aproximadamente el 90 por ciento se trasladó a los precios de importación de Estados Unidos. La contribución más importante es demostrar que los aranceles también elevaron los precios de los productos fabricados en Estados Unidos. Los productores nacionales pagaron más por los insumos importados, y algunos aumentaron sus márgenes de ganancia a medida que las importaciones competidoras se encarecían.

En total, los autores estiman que alrededor de una cuarta parte del aumento arancelario se refleja en los bienes de consumo, y que aproximadamente un tercio de esa cantidad proviene de productos fabricados en el país. Como explican en una entrada de blog que acompaña al estudio, ese efecto interno se acumula lentamente y tarda alrededor de un año en transmitirse por completo. La evidencia es valiosa, aunque los autores son cautelosos respecto a lo que puede y no puede decirnos sobre la inflación agregada.

Separar adecuadamente los efectos de los aranceles de todo lo demás implicaría estimar un modelo macroeconómico de economía abierta con datos que incluyan el período de los aranceles y, luego, descomponer la inflación y la producción en sus fuentes correspondientes (Anteriormente hemos utilizado ese enfoque para demostrar que la inflación se debía principalmente a factores ajenos a la política monetaria).

Sin embargo, un problema es que los modelos se estiman a partir de datos trimestrales, y los aranceles han estado vigentes solo durante unos pocos trimestres, demasiado pocos para identificar adecuadamente cómo se han propagado por la economía. Hasta que haya más datos disponibles, nos quedamos con herramientas más simples, como los métodos de mínimos cuadrados ordinarios y de variables instrumentales que emplean los autores de la Fed de Nueva York en su estudio. Y eso lleva a otro problema, ya que esas herramientas siempre implican decisiones discutibles. No obstante, vale la pena utilizarlas porque brindan respuestas oportunas a preguntas que la evidencia estructural aún no puede resolver.

De todos modos, la inflación ha dominado el debate sobre los aranceles, y eso es un error, aunque la mayor parte de la evidencia inicial sugiera que los aranceles han impulsado al alza los precios agregados. Fijarse solo en la inflación les da a los defensores de los aranceles una salida fácil: si los datos de inflación parecen moderados, entonces los aranceles deben ser inofensivos. Pero, entre otras posibles dificultades, el costo de un arancel puede manifestarse en los precios, en el empleo y en la producción, o en los tres.

Una investigación de la Fed de San Francisco de 2025, que abarca 150 años de política arancelaria de Estados Unidos reveló que, históricamente, los aumentos arancelarios han elevado el desempleo y reducido la inflación, actuando más como un golpe a la demanda que como un choque de oferta. Por supuesto, ese estudio analiza un período muy diferente de la historia económica de Estados Unidos, por lo que tal vez la última ronda de aranceles actúe más bien como un choque de oferta. De cualquier manera, un arancel que no eleva la inflación no necesariamente causa menos daño. De hecho, un arancel que no eleva la inflación podría causar aún más daño.

En términos más generales, los defensores de los aranceles siguen presentando argumentos económicos erróneos para justificar las restricciones comerciales, y prácticamente todos los datos han favorecido la eliminación de esas restricciones.

Por ejemplo, los defensores de los aranceles prometieron que serían los extranjeros, y no los estadounidenses, quienes pagarían la cuenta. El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, incluso argumentó que los exportadores extranjeros reducirían sus precios para absorber los aranceles. La evidencia de la Fed de Nueva York muestra que casi todos los costos recayeron sobre los compradores estadounidenses. Ni Navarro ni ninguno de los otros defensores de los aranceles consideraron jamás fuerzas económicas como el poder de mercado o los márgenes de ganancia al declarar que los estadounidenses no soportarían el costo del aumento de las restricciones comerciales internas.

Tomemos ahora el sector manufacturero. El empleo en las fábricas sigue por debajo de donde estaba cuando el presidente Trump asumió el cargo, y el reciente repunte en la producción se concentra en las industrias que los aranceles dejaron de lado.

Pero incluso si los empleos en el sector manufacturero hubieran resurgido, aumentar los aranceles aún así habría sido una mala política porque el prolongado declive del empleo en las fábricas nunca fue un problema que debiera resolverse en primer lugar.

Los economistas especializados en crecimiento denominan transformación estructural al proceso subyacente que experimentó Estados Unidos durante la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. A medida que las economías se enriquecen, la actividad se desplaza de la agricultura a la industria manufacturera y luego a los servicios. Estados Unidos ya ha pasado por este tipo de transformación estructural anteriormente, cuando el trabajo agrícola dio paso al trabajo en las fábricas. El mismo patrón se observa en todos los países: la participación de la industria manufacturera en el empleo aumenta a medida que un país se desarrolla y luego disminuye a medida que se enriquece. El giro de Estados Unidos hacia los servicios es el reflejo de un crecimiento exitoso.

Para que los nuevos aranceles hubieran reactivado el empleo en las fábricas, habrían tenido que hacerlo desviando trabajadores y capital de industrias en las que Estados Unidos es relativamente más eficiente. Ese giro hacia los servicios refleja las decisiones de millones de personas, y revertir esas decisiones por decreto obliga a la gente a hacer lo que los funcionarios del gobierno quieren en su lugar. No es más que una forma de planificación centralizada. Esta reversión dirigida por el gobierno, en la práctica, grava los insumos que impulsan la próxima transformación —ya sea el desarrollo de la inteligencia artificial o alguna otra industria que aún no hayamos descubierto— para apuntalar las actividades que favorece la clase dominante actual.

El déficit comercial cuenta la misma historia de fracaso: se suponía que los aranceles reducirían el déficit comercial, pero este ha aumentado y, básicamente, ha vuelto a los niveles previos a los aranceles. Aun así, al igual que con otros indicadores favoritos de sus partidarios, ni siquiera un déficit más pequeño habría justificado los aranceles. Como medida del bienestar, el déficit comercial carece de sentido. Refleja en gran medida la brecha entre lo que los estadounidenses ahorran y lo que invierten, por lo que un déficit a menudo significa que los extranjeros ven a Estados Unidos como un buen lugar para invertir su dinero. Además, los déficits tienden a reducirse en las recesiones, cuando los estadounidenses gastan menos y el consumo agregado cae.

Después de más de un año y medio, los aranceles han elevado los precios de muchos bienes de consumo, han gravado los insumos de los propios fabricantes estadounidenses, han dejado al país con menos empleos en las fábricas y no han logrado reducir el déficit comercial. Los estadounidenses están pagando costos reales por una política que ha fracasado incluso cuando se mide con los indicadores preferidos por los defensores de los aranceles.

Pero el argumento más sólido en contra de los aranceles no se basa en estos datos. Los aranceles serían una mala política incluso si hubieran alcanzado cada uno de sus objetivos declarados, ya que esos objetivos no son indicadores del bienestar económico. El hecho de que, de todos modos, no hayan alcanzado esos objetivos solo hace que el veredicto en contra de los aranceles sea aún más severo.

El Congreso, que tiene la facultad constitucional de establecer aranceles, debería dejar de evaluarlos en función de las cifras de inflación, las nóminas industriales y la balanza comercial. No existe ningún escenario en el que aumentar los impuestos, restringir el comercio y obligar a las personas a aceptar empleos que de otra manera no existirían vaya a mejorar el nivel de vida de los estadounidenses. No es de extrañar que los ingresos reales hayan disminuido a lo largo del año. Ya es hora de que el Congreso restablezca su autoridad sobre la imposición del comercio internacional y revierta las políticas destructivas de la administración de Trump.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 15 de octubre de 2026.