El club obligatorio

Alfredo Bullard considera que la colegiación obligatoria ha dado paso a un lamentable historial de abuso de poder por parte del Colegio de Abogados de Lima.

Por Alfredo Bullard

¿Qué pensaría de una ley que dijera que es obligatorio convertirse en socio del club Regatas? Y obligatorio con todo: pagar la inscripción y mensualidades, cumplir con las reglas para asociarse, someterse a sus reglamentos, etc. Suena contrario al sentido común e inconstitucional: por qué obligarnos a afiliarnos a un club si no nos interesa. 

Un gremio es como un club. Uno se asocia si quiere y si no quiere, no. Usualmente un gremio tiene por finalidad defender a sus agremiados. Si usted valora esa defensa, se hace socio. Si no, lo deja pasar. 

Pero hay un tipo de gremio, club o como quiera llamarlo, que no funciona así: los colegios de abogados. Por una razón, no muy clara, la Constitución autoriza a que, por ley, si uno quiere ejercer la profesión de abogado, tiene que ser miembro de ese club. 

Miremos al Colegio de Abogados de Lima (CAL): un club que pretende (sin mucho éxito) defender a sus agremiados. Tiene un club de campo (comprado con fondos de los clientes de los abogados), un local donde reunirse, organiza actividades sociales y académicas. ¿Por qué nos obligan a agremiarnos? 

Tiene un lamentable historial de abuso del poder que le da la colegiación obligatoria. Hace pocos días, el Indecopi declaró ilegal que se cobre y se brinden cursos “forenses” para incorporarse al colegio, una actividad para esquilmar a los recién graduados por medio de cobros altos por cursos mamarrachentos que solo servían para confundir a los alumnos. A ello se suman la creación de papeletas de habilitación, tablas de honorarios mínimos (un cartel disfrazado de gremio), cobros excesivos por ceremonias de incorporación, entre otras perlas. 

¿Por qué entonces la ley nos obliga a afiliarnos a un club que nos pide tanto y nos da tan poco? Solo hay una posible (y dudosa) explicación: se le quiere asignar al colegio algún tipo de función pública. ¿Y cuál puede ser esa función? Solo surge una respuesta: la vigilancia ética de los agremiados. El Estado delega esa función a un ente “privado” y para poder ejercerla obliga a que nos sometamos a ese ente. 

¿Cree usted que el CAL cumple ese rol? Evidentemente no. Los abogados son considerados poco éticos, están mezclados en escándalos de corrupción y el CAL no hace nada. 

Pero la ética puede ser un factor de competencia. Cada vez es más común (en especial en estos tiempos) que muchas empresas buscan asegurar que sus abogados respeten reglas de ejercicio profesional responsable. Ser ético no solo es correcto. La ética paga porque hay empresas dispuestas a pagar por abogados correctos. Ninguna empresa, sin embargo, ve al CAL como una garantía de nada. 

Pero podemos pensar en colegios de abogados alternativos (por ejemplo la Barra de Abogados de Lima) que ofrezcan una acreditación de que sus agremiados cumplen ciertas reglas y estándares y sancionan a quienes no las cumplen. Competirían, con éxito, con el CAL en ofrecer prestigio y seguridad ética. Ayudarían a los abogados y estudios a crear su propia marca de prestigio. Solo se requiere asegurar que los abogados puedan optar y elegir el colegio que les parezca.

Este artículo fue publicado originalmente en Perú 21 (Perú) el 25 de febrero de 2019.