El circo del mal uso y abuso de los recursos del contribuyente

En los países que se precian de ser civilizados no cabe duda alguna que los recursos estatales dirigidos mediante el gasto público deben destinarse para el servicio de los ciudadanos de manera a garantizar sus vidas, libertades y propiedades. Esta es la impronta genuina de lo que se denomina la República, resultado de una larga tradición histórica universal que coloca al individuo como principal protagonista de la vida social; siendo, por tanto, el Estado y los consecuentes gobiernos representantes de aquellos.

Si bien el Estado en las últimas décadas está adquiriendo un papel cada vez incidente en la vida ciudadana, no es menos cierto que los gobiernos conformados por personas que juraron respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, tienen la obligación de hacer no solo buen uso de los recursos que fueron creados previamente por las personas y las empresas, sino también utilizarlos en calidad superlativa, de modo que todos los habitantes del país gocen sin privilegios de la igualdad ante la ley.

Observamos y estamos siendo testigos, lamentablemente, de un grave y hasta peligroso alejamiento de los señeros principios que hacen al Estado de Derecho, puesto que algunos aprovechadores lo están convirtiendo en un botín de guerra para beneficio propio y de las camarillas que como bufones los alientan a seguir viviendo del trabajo de los demás.

Los que han sido electos por el pueblo deben honrar su compromiso con la patria, siendo honestos y celosos con el dinero que después de todo no es de ellos, sino que lo administran en nombre del pueblo paraguayo. Si no es así, los que ahora ocupan cargos electivos y administrativos en el Estado están dejando de representarnos, cayendo de ese modo la actividad política en el descrédito y la falta de representatividad que no hace más que convertirse en el mejor caldo de cultivo para que los demagogos y populistas, sean de izquierda, del centro o de la derecha, asalten al Estado con canonjías y detestables privilegios.

Esto se está convirtiendo en un circo que en nada le conviene al presente y al futuro del país. Así como estamos, el mal uso y abuso de nuestro dinero solo termina por beneficiar a algunos en desmedro de la mayoría, alentando un tipo de democracia bullanguera y de los tambores, que dista absolutamente ser diferente a la constitucional.

Así como vamos, esta no es la democracia constitucional que deseamos. En la democracia constitucional es el ciudadano el que debe ser representando siendo el mandante de sus ocasionales mandatarios, los dirigentes políticos y los funcionarios administrativos, quienes no pueden hacer lo que se les antoja al compás de sus caprichos y en la búsqueda de acceder al poder y mantenerse en el a toda costa. No podemos permanecer silenciosos y pasivos los que trabajamos, invertimos, innovamos, creamos puestos de trabajo para miles de familias y pagamos nuestros impuestos en tiempo y forma, al momento en que unos pocos siguen haciendo mal uso y abuso de nuestro dinero que, por cierto, sigue cayendo el peso de la carga tributaria sobre unos pocos, sin tener visos de solución ni la tan mentada ampliación de la base tributaria.

Cabe recordar, en este sentido, que nuestra Constitución Nacional en su artículo 101 establece de manera clara e indubitable que "los funcionarios y empleados públicos están al servicio del país" y no al revés como parece que algunos pretenden interpretar la ley fundamental de manera absurda e interesada. Igualmente, el artículo 176 de nuestra Carta Magna sostiene que "la política económica tendrá como fines, fundamentalmente, la promoción del desarrollo económico, social y cultural", agregando que "El Estado promoverá el desarrollo económico mediante la utilización racional de los recursos disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y sostenido de la economía".

De ahí que exigimos como ciudadanos emprendedores contribuyentes que los gobernantes pongan en ejecución el principio constitucional y moral de la contra prestación de los tributos, para hacer posible de ese modo la seguridad jurídica y ciudadana, así como de un mejor ambiente institucional para la radicación de más y mejores inversiones de capital, como única manera de salir de la mentalidad y de la perversa práctica que desea mantener el atraso y la ignorancia y de la que en modo alguno estamos dispuestos a acompañar.