El artículo 122 es un anacronismo, no una autorización para imponer nuevos aranceles

A las pocas horas de que la Corte Suprema dictaminara que la IEEPA no autoriza los aranceles presidenciales, la Administración Trump volvió a la carga con un nuevo argumento jurídico: el artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta vez invocó "déficits de balanza de pagos graves y de gran magnitud" y "problemas fundamentales de pagos internacionales". Esas expresiones no son solo una forma elegante de decir "déficit comercial". Provienen de una era monetaria anterior, cuando los tipos de cambio estaban fijados al dólar y Estados Unidos estaba dispuesto a convertir dólares en oro a 35 dólares la onza. Utilizarlas de esta manera hoy en día es un anacronismo.

La última medida arancelaria de la administración no se basa solo en una mala política. Se basa en un concepto que ya no encaja en el mundo en el que vivimos. Por eso me sumé al escrito de amicus curiae de los economistas que impugna el uso de la Sección 122 por parte de la administración ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, que puede consultarse aquí. El problema fundamental es sencillo: la Sección 122 se redactó para un orden monetario que ya no existe. La administración está tratando de revivirlo como si nada importante hubiera cambiado en el sistema monetario internacional desde principios de la década de 1970.

La Sección 122 surgió del colapso del sistema de Bretton Woods, cuando los tipos de cambio eran fijos y las crisis de la balanza de pagos tenían un significado particular. En aquel mundo, un país podía enfrentarse a presiones sobre sus reservas, a presiones sobre sus compromisos cambiarios y a dificultades reales para mantener los pagos internacionales sin medidas de emergencia. Ese era el escenario que el Congreso tenía en mente. El escrito de los economistas explica que este es el contexto económico en el que la Sección 122 tiene sentido.

Bajo ese antiguo sistema, el problema era real. Si los gobiernos extranjeros acumulaban más dólares de los que deseaban mantener, podían dar media vuelta y exigir oro a Estados Unidos al precio oficial fijo de 35 dólares la onza. Eso es lo que convertía un déficit de la balanza de pagos en una auténtica emergencia monetaria. Un exceso de dólares en el extranjero podía convertirse en una reclamación directa sobre las reservas de oro de Estados Unidos.

Por ejemplo, en agosto de 1971, el presidente Georges Pompidou envió un barco a Nueva York para recuperar los depósitos de oro franceses, un claro recordatorio de que el exceso de dólares en el antiguo sistema podía convertirse en una reclamación directa sobre las reservas estadounidenses.

En el sistema moderno, los extranjeros pueden acumular dólares porque los estadounidenses les compran más de lo que ellos nos compran a nosotros, pero también porque los inversores globales y los bancos centrales quieren mantener activos en dólares estadounidenses. En cualquier caso, esos dólares no se canjean por oro. Pueden utilizarse para comprar bienes y servicios estadounidenses, invertir en activos financieros estadounidenses como valores del Tesoro, bonos corporativos, acciones y bienes inmuebles, o invertir directamente en empresas estadounidenses. En otras palabras, la contrapartida moderna de un déficit comercial es una entrada de capital.

Bajo tipos de cambio flotantes, el ajuste se produce a través de precios flexibles, mientras que los dólares regresan a Estados Unidos a través de los mercados financieros en lugar de mediante una retirada masiva de las reservas oficiales. La idea jurídica a la que recurre la Administración no solo es exagerada, sino que está fuera de lugar desde el punto de vista histórico. No obstante, la Administración habla como si los déficits comerciales actuales fueran históricamente elevados, al tiempo que omite que el tamaño de la economía estadounidense superó los 30 billones de dólares en 2025. Medido como porcentaje del PIB, el déficit por cuenta corriente ha sido, de media, inferior al 3% en los últimos 30 años.

Esos déficits no son prueba de ningún problema de pagos sin resolver. Son el reflejo de las entradas netas de capital, como muestra el Gráfico 1. E incluso según este indicador, 2024 no fue un año históricamente inusual. Con un 4% del PIB, el déficit por cuenta corriente ocupó el octavo lugar, muy por debajo de los picos alcanzados entre 2002 y 2008, como muestra el Gráfico 2.

No se trata de un pequeño cambio de definición. Una ley dirigida a una categoría limitada de emergencias de pagos internacionales de la década de 1970 no puede reutilizarse para justificar aranceles en la economía estadounidense moderna. El peligro va más allá de este último caso. Si los "déficits de la balanza de pagos" pueden redefinirse para referirse a algún desequilibrio comercial políticamente relevante, entonces la Sección 122 deja de ser una disposición de emergencia limitada diseñada para un sistema de tipo de cambio fijo y se convierte en una reserva permanente de autoridad arancelaria discrecional.

También sería un error ya conocido. La política comercial estadounidense tiene una larga historia de tratar las herramientas de emergencia como si fueran cimientos duraderos para la política. El recargo a las importaciones de Nixon de 1971 es el ejemplo más evidente. También fue una medida temporal del 10%, utilizada como palanca durante el colapso del sistema de Bretton Woods. Contribuyó a la firma del Acuerdo del Smithsonian, que fue aclamado en su momento como un gran logro. No duró. El acuerdo se desmoronó rápidamente porque se basaba en problemas económicos más profundos que la presión temporal y los acuerdos improvisados no podían resolver. El uso de la Sección 122 por parte de la Administración Trump tiene el mismo carácter improvisado: una ventaja temporal, presentada como una solución duradera.

Ese paralelismo histórico es relevante por otra razón. Incluso si se pensara que los aranceles temporales podrían crear una ventaja negociadora, se trata de una base débil para compromisos creíbles a largo plazo, ya sea por parte de Estados Unidos o de sus socios comerciales. Pero se ha convertido en una característica definitoria de los recientes acuerdos ejecutivos. Los principales acuerdos comerciales de EE. UU. suelen descansar sobre una base jurídica y política más sólida. Se negocian, se examinan y se someten al Congreso para su legislación de aplicación y votación. Ese proceso suele ser lento y frustrante. Pero es así como los compromisos comerciales ganan credibilidad y perdurabilidad.

La autoridad presidencial temporal para imponer aranceles es un pobre sustituto de la acción legislativa. Los costos económicos en este caso no son temporales. Puede que los aranceles de la Sección 122 deban expirar tras 150 días, pero la perturbación que causan no lo hace. El informe de los economistas destaca acertadamente que el daño no se limita a los ingresos arancelarios que podrían reembolsarse en algún momento. El comercio que nunca se produce no se recupera más tarde. Las empresas cambian de proveedores. La inversión se retrasa o se cancela. Las cadenas de suministro se rediseñan. Los problemas de liquidez se convierten en problemas de empleo, problemas de crédito y, a veces, problemas de solvencia. Esas son pérdidas reales, y muchas son irreversibles.

Este punto es especialmente importante porque los defensores de los aranceles suelen hablar como si la única cuestión fuera quién firma el cheque en la frontera. Así no es como los economistas ven el problema, y no es así como lo viven las empresas. El mayor costo es la propia distorsión: las transacciones que desaparecen, los planes que se archivan, la incertidumbre que se extiende a través de las decisiones de precios y abastecimiento, las relaciones comerciales que se rompen y no se reconstruyen fácilmente. Los reembolsos no subsanan esos perjuicios.

Esa es una de las razones por las que los economistas han alzado la voz aquí. No porque los economistas estemos de acuerdo en todas las cuestiones de política comercial. Es evidente que no lo estamos. Pero debería haber un amplio consenso sobre un principio más básico: el poder ejecutivo no debería poder blanquear viejos textos legales para convertirlos en nuevos poderes mediante un uso impreciso de la terminología económica. Si el Congreso quiere crear nuevas herramientas arancelarias para los presidentes, puede hacerlo. Lo que no debería obtener es una ficción bendecida por los tribunales según la cual una ley redactada para las crisis de pago de la era del tipo de cambio fijo se adapta de alguna manera al déficit comercial moderno de Estados Unidos.

El artículo 122 no es una licencia general para los aranceles presidenciales. Es un vestigio de un sistema monetario diferente. Tratarla como un arma comercial moderna no es solo mala economía. Es un intento de utilizar una justificación de emergencia obsoleta para reclamar un poder que el Congreso nunca concedió claramente.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 14 de abril de 2026.