Derechos y riqueza secuestrados

Gabriela Calderón de Burgos indica que el resultado de la consulta popular realizada el domingo en el cantón de Girón en Ecuador amenaza con paralizar las importantes inversiones a ser realizadas en el sector minero y continúa la vieja práctica de ignorar la voluntad de los propietarios legítimos del subsuelo.

Por Gabriela Calderón de Burgos

El proceso democrático suele ser secuestrado por minorías bien organizadas. Mientras que en las democracias liberales y representativas los derechos fundamentales de los individuos están salvaguardados incluso aún cuando una mayoría se pronuncie a favor de su violación, en la nuestra basta que un grupo organizado se lo proponga para que logre violar derechos impunemente y, de paso, frenar el desarrollo de todo el país. Esto es lo que ha pasado con el resultado de la consulta que se realizó en el cantón de Girón el domingo.

“El agua vale más que el oro”, ha sido el slogan de los activistas medioambientales que se oponen a la explotación minera en la zona. Sucede que muchas actividades humanas, incluso algunos procesos de la naturaleza que no podemos controlar como la explosión de un volcán, contaminan el medio ambiente. Nos vemos obligados a sopesar los costos y beneficios de realizar o no cada actividad. Estas son decisiones que es mejor que se tomen de manera descentralizada. Pero en nuestro sistema legal, el subsuelo es propiedad del estado, prohibiendo que estas decisiones queden en manos de los propietarios de la superficie y que surjan señales de precios para que cada propietario decida según su conveniencia.

De manera que el Estado decide por los propietarios a quién le otorga la concesión de explotar y estos, con razón, se sienten esquilmados porque no reciben directamente la riqueza derivada de esa explotación.

Por otro lado, están los activistas, quienes son una bulliciosa minoría organizada. El año pasado incendiaron parcialmente las instalaciones de una minera. Luego fueron premiados por las autoridades, quienes en lugar de castigar los actos vandálicos y respetar los contratos firmados, les dieron a los activistas lo que exigieron violentamente.

En lo que concierne al resultado puntual de este domingo, los medios han reportado una victoria aplastante del ‘No’ a la minería: 86,7% vs. 13,21%. Pero detrás de este porcentaje abrumador se esconde una franca minoría que decidió por una mayoría que se hubiera beneficiado de un resultado contrario. Resulta que se le consultó a 15.363 personas sobre el destino de un proyecto que se proponía realizar una inversión de $309 millones en la zona y que se esperaba que generara $554 millones en regalías e impuestos al fisco nacional durante la duración del proyecto. Este era uno de los primeros proyectos que anunciaban una bonanza minera para el país bajo las nuevas reglas. Es probable que muchas inversiones se paralicen dado este resultado. Además, el Estado podría ser demandado si procede a clausurar el proyecto y todos tendríamos que pagar —a través del fisco— por lo que decidieron apenas 7.135 (los que votaron por el ‘No’) personas en Girón.

El problema coyuntural es que las reglas cambiantes generan incertidumbre para los inversores y los espanta. El problema de fondo, y por el cual podremos esperar todavía más enfrentamientos violentos, es que a los propietarios del suelo nadie les pregunta. Todos quieren decidir por ellos, su derecho de propiedad está secuestrado. Esos individuos en otros países serían millonarios y el país está viendo la oportunidad de una bonanza minera secuestrada por una minoría.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 29 de marzo de 2019.