Defensa de la condicionalidad

Lorenzo Bernaldo de Quirós considera adecuada la condicionalidad para recibir asistencia por parte de otros estados puesto que haría de la Unión Europea el único freno a la política económica pretendida por el gobierno español.

Por Lorenzo Bernaldo de Quirós

En el Siglo XI, Enrique IV, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico emprendió una larga peregrinación desde Espira a Canossa para acatar la penitencia papal y así liberarse de su excomunión. Algo parecido ha resultado del viacrucis realizado por el presidente del Gobierno a lo largo y ancho de Europa, sintetizado en su rogativa de eximirle del cumplimiento de condiciones macro y microeconómicas para acceder a los recursos del Fondo de Reconstrucción Europeo. Según parece, el precio para conseguir esa meta no es realizar un acto de contrición y proclamar un propósito de la enmienda, fugaz como la fortuna, sino aplicarse el cilicio de la disciplina.

El Gabinete español apela a la solidaridad de sus socios para que le suministren fondos con los que abordar la crisis, pero esto choca de manera frontal con un criterio exigible a priori: el de la responsabilidad. Los estados de la Unión Europea son soberanos en materia fiscal y presupuestaria; son libres de actuar y, por tanto, han de hacer frente a las consecuencias de sus actos. El Ejecutivo patrio ha hecho de la irresponsabilidad financiera bandera y ha desoído de manera sistemática las recomendaciones-exigencias de la Comisión Europea para que pusiese en orden sus cuentas públicas.

Esta es una crisis que ha golpeado de manera simétrica e inesperada a todos los Estados de la UE. Pero es asimétrica en algo fundamental: ninguno de ellos, salvo España e Italia, precisan la ayuda de sus socios para evitar la bancarrota. Aprovecharon los años de bonanza para reducir el binomio déficit-deuda ante la eventual emergencia de un shock adverso. Fueron austeros en los buenos tiempos para estar preparados en los malos. España hizo lo contrario. No aprovechó el período de expansión para recortar el endeudamiento del sector público; optó por gastar más.

En este contexto, el Gabinete hispano carece de autoridad moral para solicitar apoyo incondicional; esto es, para desplazar los costes de su frivolidad irresponsable a terceros. Mal responderían los gobiernos de la UE ante unos ciudadanos a los que impusieron austeridad durante la fase alcista del ciclo, si accediesen a transferir miles de millones de euros sin condicionalidad alguna a un Estado que no ha querido ni quiere hacer los deberes y está embarcado en una fuga hacia adelante incompatible con la racionalidad económica. Quienes financien a los pródigos con los impuestos detraídos a sus austeros electores serán castigados por éstos En consecuencia no sacrificarán su posición de poder nacional para salvar al soldado Sánchez. En democracia, los gobiernos responden ante su ciudadanía no ante las necesidades-deseos del Ejecutivo de otro país.

Calificar de antipatriotas o carentes de sentido de Estado a quienes defienden y demandan desde la propia España la condicionalidad de la asistencia europea es un burdo sofisma. Por desgracia, el binomio condiciones-auxilio es imprescindible ante la política económica desplegada por este Gobierno. Su continuidad conduciría de manera inexorable a una crisis fiscal, a un empobrecimiento generalizado de la sociedad española y a colgar un dantesco lasciate ogni speranza sobre el futuro económico del país. En estos momentos, la UE es la única trinchera para frenar esa peligrosa dinámica.

Los llamados Estados Frugales son los mayores defensores de las familias y de las empresas españolas. Su postura es un caso paradigmático de la mano invisible de Adam Smith; de cómo la búsqueda del interés propio lleva a promover el de los demás; en este supuesto, el de España. Su posición los convierte en la principal fuerza de oposición real y eficaz a una estrategia gubernamental que lleva la economía española al abismo. Sin un “no, es no” europeo a la gratuidad de las transferencias, este Gobierno no cambiará de rumbo.

La condicionalidad es la expresión palpable de la falta de credibilidad y de confianza en los planes económicos del ejecutivo social-podemita. Es una moción de censura en toda regla a su programa y una manifestación de un mal estructural de la izquierda gobernante: la incompatibilidad de su ideología con la realidad. En esta tesitura, el Gabinete tiene tres opciones: rectificar su política, renunciar a los fondos europeos o, locura no descartable, amenazar con salir del euro; en otras palabras, ejercer un chantaje en los siguientes términos: o me das la pasta gratis o me cargo la moneda única.

Este artículo fue publicado originalmente en El Español (España) el 19 de julio de 2020.