De nuevo los notarios

Alfredo Bullard indica que cuando se promulgan leyes que limitan la competencia los consumidores nos vemos forzados a pagar más de lo que pagaríamos sin esas limitaciones.

Por Alfredo Bullard

Quien no cree en la libertad económica suele despreciar otras formas de libertad. No es extraño (como ocurre con la Venezuela de Nicolás Maduro o en el Perú de Velasco) que cuando se nos priva de libertad económica, se nos prive, además, de libertades políticas y civiles. Una de las primeras víctimas es la libertad de expresión

Y cuando un agente económico trata de limitar nuestra libertad económica, no es extraño que le desagrade que ello se denuncie públicamente. 

La libertad trae competencia. En economía significa elegir entre distintas opciones sin que el Estado cree barreras de entrada o mercados cautivos. La libertad política trae la competencia que desemboca en la democracia. Y la libertad de expresión permite la competencia de ideas. 

Escribí en este diario un artículo (“A los notarios con cariño”, 14/4/19) sobre los intentos de los notarios de introducir regulaciones que, eliminando sistemas de contratación que permiten prescindir de ellos, limitan el derecho de los ciudadanos a elegir qué seguridad quieren tener en sus transacciones. 

En respuesta, el decano del Colegio de Notarios (y presidente, además, de la Junta de Decanos) envió una carta a este diario para exigir una rectificación de lo indicado en mi artículo y reservándose su derecho a iniciar acciones legales. Señala que los he calificado como un “cartel” (que, según ellos, es una “organización ilícita”) y que he indicado que pretenden meter la mano al bolsillo a los ciudadanos. 

Económicamente un cartel no es una organización ilegal. Basta leer cualquier tratado básico de economía para encontrar que se le define como un acuerdo dirigido a reducir competencia a fin de aumentar beneficios de sus integrantes. Lo que puede ser ilegal son algunas de las conductas que desarrollan para cumplir sus fines. Por ejemplo, sería ilegal si se ponen de acuerdo para fijar los aranceles que cobran por sus servicios. Si ello estuviera ocurriendo, Indecopi podría abrir una interesante investigación y sancionarlos. Pero esto último no fue objeto de mi artículo. 

La gestión conjunta de intereses no es en principio ilegal, pero no hace que la organización que la realiza para reducir competencia deje de ser un cartel. Y que, por tanto, en uso de mi libertad de expresión, pueda calificar su conducta como una conducta “cartelizada”. Por ejemplo, un sindicato de trabajadores es un cartel, pero su conducta de negociar conjuntamente sueldos no es ilegal. Ello no me limita a criticar lo que hace un sindicato. 

Lo que sí ocurre cuando se gestionan leyes que limitan la competencia es que nos vemos forzados a pagar más de lo que pagaríamos sin esas limitaciones. El efecto de una ley dada en esos términos es “que nos metan la mano al bolsillo” para quedarse con dinero que no tendrían si dicha ley no existiera. Ese es el efecto que los notarios están persiguiendo: que tengamos menos dinero y que ellos tengan más. 

O se cree en la libertad o no se cree en ella. Defenderé el derecho de los ciudadanos a decidir con quién contratar con la misma decisión con que defiendo mi derecho de decir libremente lo que pienso.

Este artículo fue publicado originalmente en Perú 21 (Perú) el 5 de mayo de 2019.