Cuidado con el dogma

Scott Lincicome explica que el liberalismo es una visión que comprende la acción estatal como necesaria para proteger los derechos naturales de los individuos en aquellos raros casos de legítimos fallos del estado y explica cómo se vería una agenda liberal frente a una pandemia.

Por Scott Lincicome

Uno de los comentarios más incisivos circulando en Internet es que la pandemia del coronavirus ha eliminado a todos los liberales —un resultado que tal vez es todavía más sorprendente para aquellos que somos liberales y todavía existimos. Dejando la broma metafísica a un lado, la visión predominante es que la crisis del COVID-19 en EE.UU. ha dejado al liberalismo inútil frente a una sinnúmero de errores. Más importante (y molestoso) es que parecen no comprender lo que el liberalismo realmente es y cuál sería su respuesta ideal frente a una pandemia global. Todavía más extraño, estos comentarios ignoran las muchas maneras en que la sociedad estadounidense se ha vuelto más, no menos, liberal durante las últimas semanas.

Para empezar, el liberalismo es la visión de que “cada persona tiene el derecho de vivir su vida de la manera que elija hacerlo siempre y cuando respete los mismos derechos de otros”, en las palabras del vicepresidente del Instituto Cato David Boaz. Implícito incluso en esta definición sencilla hay dos puntos claves que los críticos parecen no comprender. Primero, mientras que los liberales valoran sumamente la libertad económica y social, también reconocen sus límites y por lo tanto se oponen a acciones humanas que directamente perjudican a otros. Segundo, y debido al primer punto, los liberales de la corriente dominante ven la acción estatal como necesaria para proteger los derechos naturales de los individuos (derechos que anteceden al estado como el derecho a la vida, la libertad y la propiedad) y permitida en aquellos (raros casos) de legítimos “fallos de mercado”. Al mismo tiempo, los liberales comprenden que los estados están compuestos de seres humanos falibles y corruptibles y, cuando son combinados con una licencia para usar la fuerza o la amenaza de utilizarla, tienen el potencial de cometer idioteces en el mejor de los casos y graves daños en el peor de los casos. Por ende, los liberales creen que la acción estatal requiere límites estrictos, escepticismo, y escrutinio, dejando las restantes alegrías y necesidades de la vida a aquellas cosas que están mejor preparadas para lograrlas: los mercados, los gobiernos de los estados y locales, la sociedad civil, y los individuos. Tales ideales están incorporados en la Declaración de la Independencia y en la Constitución

Por estas razones, hay mucho que los gobiernos “liberales” pueden y probablemente harían en respuesta al COVID-19, como por ejemplo:

  • asegurar el flujo libre del comercio interno e internacional, especialmente de los productos y servicios médicos, para asegurar que los recursos (bienes capitales, productos y trabajadores) sean producidos y distribuidos de la manera más rápida y eficiente posible (en lugar de ser obstaculizados por la burocracia y tributados en las aduanas);
  • gestionar la diplomacia internacional y la coordinación multilateral de asuntos de salud pública y económicos para compartir las mejores prácticas, asegurar la cooperación médica a nivel global, y prevenir las políticas contraproducentes de “empobrecer al vecino” tales como el almacenamiento compulsivo o las restricciones a las exportaciones;
  • vigilar en contra del fraude interno e internacional y otros crímenes para proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos estadounidenses;
  • proveer una política monetaria sana para mantener a flote los mercados financieros; y
  • componer los antiguos fallos de mercado o aquellos causados por una catástrofe histórica al ofrecer, por ejemplo, premios de múltiples miles de millones para los investigadores médicos que inventen una vacuna contra el COVID-19 y acepten donarla.

Incluso podrá encontrar liberales que respalden los mandatos coercitivos de “distanciamiento social” hasta que estas medidas sean requeridas para prevenir que los individuos perjudiquen a otros a través del esparcimiento intencional o negligente de una enfermedad contagiosa —un argumento que muchos liberales (aunque ciertamente que no todos) han esgrimido al respaldar las políticas de vacunación obligatoria.

Al mismo tiempo, por supuesto, los liberales celebrarían el papel de los mercados libres, las empresas privadas, las caridades privadas, los estados y los gobiernos locales, y el de los individuos para aliviar el sufrimiento o resolver los problemas médicos o económicos causados por la pandemia —problemas que Washington, DC, todavía está mal preparado para abordar de manera eficiente. De hecho, durante las semanas de discusiones a nivel federal en torno al paquete de rescate o a la invocación de la Ley de Defensa de la Producción, los individuos y empresas privadas se han adaptado rápidamente para proveer productos y servicios críticos como mascarillas quirúrgicas u horas especiales de compras para los mayores de edad. 

Pero, por supuesto, eso es un ideal —una situación que no tenemos. En cambio, el gobierno federal durante décadas ha estado profundamente involucrado en la política de salud nacional y las regulaciones económicas relacionadas y ha gastado billones (“trillions” en inglés) para abordar estos asuntos. Desafortunadamente, los retornos iniciales sobre esta inversión bipartidista han sido menos que estelares (esto no es ninguna presunción liberal, le prometo).

En cambio, en lugar de socavar los ideales liberales, los eventos recientes han visto cómo grandes segmentos de la sociedad estadounidense los han fortalecido o se están adhiriendo a ellos. De hecho, más allá de la mera incompetencia de la respuesta inicial del gobierno de EE.UU. al COVID-19, las últimas semanas han revelado una respuesta sólidamente liberal por parte de los individuos en el sector privado y la comunidad global. Frente a las costosas regulaciones, la guerras territoriales entre burócratas, y los cínicos cálculos políticos bloqueando la producción y diseminación rápida de los equipos para realizar pruebas, hemos presenciado cómo las empresas privadas y los individuos han tomado el liderazgo no solo en la innovación médica, sino también en relación al distanciamiento social, la higiene pública, la comunicación masiva, y la asistencia para los grupos vulnerables como los trabajadores en servicios de hospitalidad o los mayores de edad. La innovación a través de las fronteras y “sin permiso” se ha dado a un paso acelerado entre los grupos médicos de investigaciones a nivel global, buscando hacer un mapa del virus y luego desarrollar remedios efectivos. Los gobiernos de los estados y las ciudades se han hecho presentes aportando directrices de salud pública y seguridad donde el gobierno federal se quedó corto, presionando a las autoridades federales para que hagan más. 

La respuesta temprana inadecuada del gobierno federal a la crisis ha provisto amplia evidencia de las consecuencias negativas no intencionadas de las restricciones anti-mercado tales como el proteccionismo —por ejemplo, los aranceles que exacerbaron la escasez de geles antibacteriales para manos— y las leyes anti-especulación causando la acumulación impulsiva (y por lo tanto la escasez) de las necesidades diarias. Aún así en los días desde que sucedió todo eso, incluso el gobierno ha empezado a salirse del camino, por así decirlo. Hemos visto exenciones arancelarias para las importaciones de equipos médicos, a la policía local posponiendo el arresto por crímenes no violentos, e incluso a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pausando algunos métodos de cumplimiento de inmigración durante la epidemia. Los estados, gobiernos locales, y el gobierno federal han lanzado esfuerzos de “emergencia” para no aplicar regulaciones que “nunca fueron necesarias” y que han bloqueado o impedido la provisión de servicios médicos a través de las fronteras de los estados o a través de Internet, la producción rápida de equipos médicos como ventiladores médicos, la investigación y desarrollo de medicinas, el transporte comercial, y la producción, venta y entrega de alimentos y bebidas. Las ciudades alrededor de EE.UU. están liberando a prisioneros de bajo riesgo para liberar recursos de la policía o prevenir que se propague más la enfermedad.

Todas estas políticas y reacciones de alguna forma han sido de una u otra forma parte de la agenda liberal, la cual enfatiza el capitalismo de libre mercado, el federalismo, la desregulación, la reforma de las licencias ocupacionales, la reforma de la justicia criminal, un comercio e inmigración liberalizados, y los beneficios de la acción privada por sobre la acción política en la gran mayoría de los casos. Conforme el fiasco de las pruebas en EE.UU. pasa de ser una pequeña molestia a ser un gran problema (y un potencial escándalo), la más importante de estas políticas de ahora en adelante bien podría ser la agenda de desregulación, conforme décadas de tramitología parecen haber convertido a agencias como la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en enloquecedoras barreras contrarias al riesgo que impiden la producción y distribución rápidas de productos que salvan vidas. Nada de esto sugiere que solamente hay liberales en una pandemia. En realidad, la crisis de COVID-19 es un evento “cisne negro”, de esos que suceden solamente una vez en el lapso de una vida y que, por lo tanto, requiere que todos pongamos a un lado por un momento la ideología, aceptemos la realidad desafortunada que se nos ha presentado y simplemente logremos que las cosas se hagan.

Para los liberales, esto podría implicar no oponerse a alguna acción estatal otrora impensable para detener el colapso económico, una expansión estatal todavía mayor y todavía más coartaciones de la libertad en el futuro. De hecho, abra Twitter ahora y verá a los economistas liberales no simplemente alabando las políticas de desregulación sino también debatiendo las maneras más efectivas para que el gobierno compense, via un gasto deficitario inmenso —no evaluado según los medios— la manutención de millones de estadounidenses que fue confiscada por el estado. En tiempos normales, tales planes serían una herejía liberal, despertando preocupaciones legítimas acerca de una deuda explosiva, del riesgo moral, del fraude, y de los incentivos no intencionados (esto es, para el trabajo). Pero estos no son tiempos normales y muchos liberales parecen entenderlo. ¿Lo entenderán nuestros críticos?

Este artículo fue publicado originalmente en The Washington Examiner (EE.UU.) el 26 de marzo de 2020.