Crisis de legitimidad

Gabriela Calderón de Burgos dice que el gobierno de la llamada "Revolución Ciudadana" que ha liderado Rafael Correa hace mucho perdió legitimidad en el ejercicio del poder pero que ahora la ha perdido hasta en las urnas.

Por Gabriela Calderón de Burgos

Desde hace casi una década vivimos en un sistema en el que las instituciones del Estado se encuentran sometidas a la voluntad de un solo partido político. Esto genera un alto grado de inestabilidad, tensión e incertidumbre, que ojalá no tenga consecuencias violentas.

James Buchanan y Richard Wagner decían que “los análisis que están divorciados de la realidad institucional son, en el mejor de los casos, un interesante ejercicio intelectual”.1

Algunos, dentro y fuera del gobierno, exigen que se sigan los cauces legales y que se acuda a las instituciones pertinentes con cualquier reclamo acerca del proceso electoral. Está bien. Pero no ignoremos que los reclamos tienen que ser procesados y juzgados por un organismo que no aparenta gozar de independencia.

Veamos quienes protagonizan esta película: el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, es conocido por sus credenciales partidistas habiendo sido el secretario que archivaba los juicios políticos en contra del gobierno —obstaculizando así la labor fiscalizadora de la Asamblea Nacional entre 2008 y 2012. Otro personaje clave, el presidente del TCE, Patricio Baca Mancheno, preside una institución de supuesto control electoral que suele fallar a favor del oficialismo. Y todo parece quedar en familia, como nos hemos acostumbrado en tiempos de revolución, pues su hermano —Carlos— es ahora el nuevo fiscal general (hasta enero de este año era asesor del presidente) y su otro hermano —Pablo— es abogado de la exministra y ahora asambleísta electa de Alianza PAÍS Doris Solis.

Estamos cosechando los frutos de una de las tantas novelerías políticas implementadas en la Constitución de 2008. En cuanto al organismo electoral, una de las principales promotoras de la “refundación” con “plenos poderes” en 2007-2008, María Paula Romo, declaró años después: “Hemos llegado a añorar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) anterior, que era el ejemplo del reparto: los partidos controlándose a ellos, los partidos controlando las elecciones, los partidos controlando firmas. Siete partidos eran mejor que uno”. Se ha vuelto normal que quien dirige el CNE sea evidentemente cercano al partido oficialista.2

En el caso de las elecciones del 2 de abril, está bien seguir el debido proceso y agotar todas las instancias locales en busca de justicia, pero no es suficiente y probablemente no rendirá más frutos que dejar constancia para la memoria histórica, para los procesos en litigios internacionales o para aquellos que se den aquí cuando el país vuelva a tener un régimen con separación de poderes.

Con las autoridades electorales, sucede lo mismo que con las otras de contol. Se ha vuelto evidente que la fiscalía envía a un limbo aquellos casos que involucran a funcionarios del gobierno, mientras que actúa con la velocidad de un rayo cuando las denuncias involucran a quienes incomodan al gobierno.3 Se ha vuelto normal que la Corte Constitucional sancione según la conveniencia del gobierno.

La Revolución Ciudadana acabó con lo que quedaba del Estado de Derecho en Ecuador e implantó un modelo de gobierno autoritario, con prácticamente todos los poderes concentrados en el ejecutivo. Así perdieron legitimidad en el ejercicio del poder. Ahora han perdido la legitimidad hasta en las urnas y para recuperarla requieren que la gente le crea al CNE, pero son ellos mismos los que han acabado con su reputación.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 3 de abril de 2017.

Referencias:

1. Buchanan, James M.; Wagner, Richard E. Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes. Liberty Fund. 2000.

2. También eran cercanos al gobierno sus antecesores Domingo Paredes y Omar Simón.

3 En varios de los casos pendientes en la fiscalía estaban involucrados funcionarios del gobierno (el caso Invermun en el que estaba implicado el secretario de Administración Pública Vinicio Alvarado; el caso de irregularidades en la compra de ambulancias por parte de la entonces ministra de Salud Caroline Chang; el caso de los helicópteros Dhruv que implica al ministro de Defensa, Javier Ponce; entre otros). En un caso incluso estaba involucrado el fiscal Galo Chiriboga, quien es otro amigo del presidente. Hasta hace poco también fue su abogado y hasta justo antes de convertirse en fiscal, embajador en España del gobierno de Correa.