Corrupción y despilfarro en el IESS

Gabriela Calderón de Burgos estima que para evitar en un futuro el nivel de corrupción y despilfarro que se ha dado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sería preciso transitar hacia un sistema de capitalización individual, donde los ecuatorianos sean verdaderos dueños de sus ahorros.

Por Gabriela Calderón de Burgos

Los escándalos de corrupción y despilfarro que protagoniza el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  (IESS) demuestran que esta institución no tiene mucho de segura ni de social. Siempre ha sido así: una institución politizada que suele poner en riesgo el ahorro de los trabajadores y cuya atención médica deja mucho que desear. Cada administración nueva promete mejorar su gestión y servicios pero terminamos en más de lo mismo porque si el camión está dañado no importa cuántas veces cambiemos de conductor: no va a andar.

El problema de fondo es que los trabajadores no son realmente dueños de sus ahorros y no tienen la libertad para elegir cómo se gestionan, ni la capacidad de exigir una verdadera rendición de cuentas de quienes los manejan. Lamentablemente, estando así las cosas, sólo quienes ganan por encima de cierto nivel pueden contratarse un plan privado de ahorro para su vejez y un plan privado de seguro de salud, escapando así­ de un sistema así­ de inseguro y antisocial.

Incluso según el escenario más optimista, el IESS tendrá un déficit actuarial de $4.500 millones para el año 2058 si es que el estado mantiene su aporte de 40% a las pensiones y si las inversiones del IESS tienen un rendimiento promedio de 6,25%. Bajo estas condiciones, el último año de saldo positivo será el 2053. Es decir, que para quienes hoy tienen 27 años el seguro no les podrá honrar la pensión y beneficios prometidos dado que estará en rojo. Les tocará seguir trabajando unos años más o incrementar aportes si es que nuestra clase polí­tica adopta las usuales medidas parche —medidas que implican un incumplimiento de lo prometido.

Por estas razones conviene transitar hacia un sistema en que los trabajadores ecuatorianos sean dueños de sus ahorros. Al igual que la dolarización, esta reforma servirí­a para proteger los ahorros de la voracidad de nuestra clase política.

En los sistemas de capitalización individual los polí­ticos no pueden tocar un centavo, a menos que decidan confiscar los fondos e incurrir en el costo polí­tico inherente. Este modelo le da al afiliado la libertad para elegir entre distintas aseguradoras que compiten por obtener sus ahorros. Para lograrlo tienen que ofrecerle al cliente la combinación óptima de seguridad y rentabilidad en las inversiones. Aquí­ se le permite al afiliado migrar de una aseguradora a otra, de un trabajo a otro, o de un portafolio de inversiones a otro, según él decida. Lo importante es que tiene la libertad para diseñar su propio plan de inversión.

La Superintendencia de Bancos asumiría la regulación de las entidades que deseen ofrecer el servicio de administración de fondos de capitalización individual y se crearí­a una ley que regule la autorización de los oferentes, la cual deberá comprender provisiones para un manejo prudencial del riesgo de las inversiones de los ahorros de sus clientes.

Los trabajadores, salvo aquellos muy cercanos a su edad de jubilación, tendrán un plazo de 1 a 2 años para ejercer su derecho a elegir entre el sistema estatal y el sistema nuevo. El déficit actuarial acumulado por el sistema antiguo, debe ser cubierto por el estado. Para otra columna queda pendiente cómo se podría mejorar la atención médica a los afiliados y el control de la corrupción en los hospitales del IESS.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 19 de junio de 2020.