Contrariamente a lo que afirma la Casa Blanca, eliminar los aranceles de la IEEPA no provocará una crisis financiera

Antes de que la Corte Suprema se pronuncie sobre si el presidente puede imponer aranceles en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), cuyos alegatos orales comenzaron la semana pasada, la Administración ha esgrimido una serie de extraños y débiles argumentos a favor de conceder al poder ejecutivo dicha autoridad. Quizás la afirmación más imaginativa de la Casa Blanca es que negar al presidente la capacidad de imponer aranceles en virtud de la IEEPA dejaría a Estados Unidos en una situación comprometida por valor de billones de dólares. La eliminación de los aranceles de la IEEPA, advierte un escrito legal del Gobierno, podría "conducir a la ruina financiera", dada la incapacidad del país para "devolver los billones que otros países se han comprometido a pagar".

Es de suponer que este lenguaje se refiere a los compromisos financieros contraídos por otros países en virtud de diversos "acuerdos" celebrados por la Administración Trump. Para evitar aranceles más elevados por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, por ejemplo, prometió comprar 750.000 millones de dólares en energía estadounidense e invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos. Japón se ha comprometido a aportar otros 550.000 millones de dólares como parte de su propio acuerdo comercial, mientras que Corea del Sur ha prometido 350.000 millones de dólares.

Sin embargo, como señala un amicus brief presentado por el Instituto Cato, no existe ninguna vía legal o financiera plausible por la que estos compromisos puedan suponer una carga de deuda para el Gobierno estadounidense.

En primer lugar, los compromisos de inversión y compra anunciados por la Administración son en gran medida aspiracionales, ya que se encuentran en fase de planificación o no se han acordado plenamente. Por ejemplo, se informó de que Corea del Sur se había comprometido a invertir 350.000 millones de dólares y a comprar energía por valor de 100.000 millones de dólares. Sin embargo, no se ha firmado ningún acuerdo formal por escrito, y el propio presidente de Corea del Sur advirtió en septiembre que compromisos de tal magnitud podrían poner en riesgo la estabilidad financiera.

Del mismo modo, la Administración ha anunciado 600.000 millones de dólares en posibles inversiones de la Unión Europea y 750.000 millones de dólares en compromisos de compra de energía. Sin embargo, los funcionarios de la UE han subrayado que estas cifras representan intenciones del sector privado, no obligaciones vinculantes del Gobierno. Japón es el caso más claro: un acuerdo firmado en septiembre hacía referencia a 550.000 millones de dólares en financiación para proyectos seleccionados por el Gobierno estadounidense, y se ha firmado un memorando de entendimiento. Sin embargo, no se ha identificado ningún proyecto, no se ha realizado ningún gasto y no se ha creado ninguna deuda vinculante. Sencillamente, no hay nada que pagar.

Informes posteriores refuerzan esta valoración. El Japan Times, por ejemplo, señaló que "no se concretó ningún proyecto en el marco del compromiso de inversión de 550.000 millones de dólares de Japón" durante la visita del presidente Trump la semana pasada. La publicación añadió que, aunque "se publicaron dos documentos en los que se nombraban empresas, conceptos y objetivos", estos "se quedaron cortos en cuanto al dinero real comprometido y los proyectos reales iniciados".

Del mismo modo, el acuerdo entre Estados Unidos y Corea del Sur fue descrito por Trump como "prácticamente finalizado" la semana pasada, lo que sugiere que quizá no se hayan ultimado todos los detalles, y el acuerdo aún está pendiente de ratificación por parte de la legislatura surcoreana.

Hay otros dos puntos que merecen ser mencionados. En primer lugar, incluso si los compromisos contraídos en virtud de estos acuerdos hubieran comenzado a materializarse, no hay razón para creer que estos representarían pasivos para el Gobierno de Estados Unidos. No se crea deuda pública cuando los extranjeros invierten en Estados Unidos o compran productos estadounidenses.

En segundo lugar, las declaraciones anteriores de los funcionarios de la Administración contradicen su nuevo alarmismo sobre la deuda creada por los compromisos financieros extranjeros. De nuevo, según el escrito amicus curiae:

Por último, la propia caracterización que hace la Administración de estos compromisos socava la sugerencia de deuda. El presidente Trump, por ejemplo, describió el supuesto compromiso de inversión de 600.000 millones de dólares de la UE como un "regalo". Con los regalos, por supuesto, "no hay nada que devolver". Del mismo modo, el presidente Trump ha comparado el compromiso de 550.000 millones de dólares de Japón con un "bonus por firma", un término que no se suele entender como generador de deuda.

La advertencia de la Casa Blanca sobre una crisis de un billón de dólares es un intento retórico desesperado que refleja la débil base jurídica y económica del programa arancelario de la IEEPA en general. Si la mejor defensa de la autoridad arancelaria unilateral es una deuda nacional inventada, no es de extrañar que las cortes inferiores hayan fallado en contra de la administración y que la Corte Suprema haya aceptado el caso. El alarmismo sobre obligaciones imaginarias no justifica en absoluto una ampliación legalmente dudosa del poder ejecutivo.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 5 de noviembre de 2025.