Cómo no masificar el gas

Iván Alonso indica que los subsidios cruzados del gas no derivan en un uso racional y eficiente del gas.

Por Iván Alonso

Una controversia entre generadores eléctricos en torno al precio del gas natural motivó nuestra columna del viernes pasado. Esta vez la motiva otra controversia, entre distribuidores de gas, acerca de los territorios donde pueden competir unos con otros. Hay dos tipos de distribuidores: “gasoductos virtuales”, es decir, compañías que reparten gas con una flota de camiones; y gasoductos propiamente dichos, tendidos y operados por un concesionario. Una modificación al reglamento de comercialización impediría que los primeros distribuyan gas en las áreas de concesión de los segundos.

No es nuestro propósito discutir si tal impedimento se ajusta o no a los contratos de concesión. Nos interesa, más bien, analizar la causa del mismo y los efectos que se siguen de esa causa.

Lo primero que llama la atención es que exista una controversia. Una red de distribución por ductos debería ser más eficiente que una flota de camiones. Suponemos que es una ventaja que la tubería sea más duradera y consuma menos energía. ¿Por qué, entonces, querrían competir los gasoductos virtuales con los concesionarios? Pues porque, a pesar de que sus costos unitarios son mayores que los de estos últimos, hay usuarios que estarían interesados en contratar con ellos. ¿Cómo así?

La explicación la ha dado el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara. A fin de masificar el consumo de gas, los concesionarios aplican una política de subsidios cruzados: cobran por debajo del costo a los clientes residenciales, y recuperan esa pérdida cobrando por encima del costo a los clientes industriales. Allí es donde los gasoductos virtuales ven una oportunidad.

La idea del subsidio cruzado viene de la Política Energética Nacional aprobada en el 2010, que fija como uno de sus objetivos el establecimiento de una tarifa única… “por sector de consumo”. Un objetivo que ciertamente no compartimos. El subsidio cruzado es la combinación de un impuesto y un subsidio. Cada uno tiene un costo para la economía del país. No exactamente por la plata que se transfiere de la gente al fisco o del fisco a la gente, sino por las conductas que inhiben o que inducen, respectivamente.

Supongamos que el costo unitario de distribuir el gas por una red de ductos sea de US$1 por metro cúbico y que a los clientes industriales se les cobre US$1,20. Habrá industrias que puedan pagar US$1,20, pero habrá otras que no puedan pagar más de US$1,15, US$1,10 o US$1,05. Todas estas se inhibirán de comprar gas y probablemente de expandirse, lo cual es una pérdida para el país.

Por otro lado, tenemos clientes residenciales que con gusto pagarían lo que cuesta llevar el gas a sus casas (o sea, US$1) y que no necesitan subsidios; y otros que, a ese precio, preferirían no usar gas para no sacrificar el consumo de otras cosas. Valoran más esas otras cosas que la disponibilidad del gas. Al cobrárseles solamente US$0,90 o US$0,80, se los induce a optar por una canasta de consumo que no es, desde su propio punto de vista, la mejor.

La masificación del gas no es un fin en sí misma. Siempre puede lograrse subsidiando a los clientes residenciales. Todo depende de cuánto esté uno dispuesto a subsidiar. Pero eso no es lo mismo que hacer un uso racional del gas. Como tampoco lo es retaceárselo a los clientes industriales que podrían usarlo provechosamente, trasladándoles el costo del subsidio.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 21 de junio de 2019.