Colombia y la inseguridad jurídica

Colombia, desde hace muchos años, ha sido reconocida por ser un país respetuoso de las leyes y en especial de la democracia. Fue el único país que se mantuvo libre de una seguidilla de dictaduras en América Latina, y a no ser por Rojas Pinilla, habríamos estado libres de ellas.

Dicha tradición legal hizo que tuviéramos grandes juristas y fuéramos ejemplo en el idioma, así como en la producción de libros de derecho. Este legalismo le permitió a Colombia ser un nicho seguro de inversión a empresas extranjeras que querían invertir en el país. Sin embargo esta gran fortaleza se ha ido perdiendo.

El caso más grave es el de la explotación minera. Actualmente, fruto de varios fallos tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, se está sometiendo tal explotación a una consulta previa convocada por las autoridades territoriales. No basta con tener un título minero, por tanto, para explotar un mineral; ahora la gente, amparada en dichos fallos, decide si desean o no la explotación en sus municipios, guiados casi siempre por la mala imagen que tiene dicha actividad. El resultado ha sido que donde se ha hecho la consulta se ha detenido o se ha impedido comenzar la actividad minera.

Dicho panorama está llevando a que la misma Agencia Nacional de Minería no sepa cómo actuar y se limite a paralizar las licencias que previamente la misma entidad expidió. En boca de sus mismos funcionarios y del actual ministro de Minas, la inseguridad ronda el sector, trayendo como consecuencia la paulatina parálisis de la minería y el alejamiento de diversas compañías extranjeras que no saben a qué atenerse, gracias al caos jurídico que ronda el sistema.

Otro ejemplo es el sector hotelero. Durante varios años gozaron de un régimen especial en la construcción de hoteles, en donde se veían beneficiados por la exención del impuesto a la renta al invertir en el sector; súbitamente dichos beneficios fueron modificados con la última reforma tributaria y fueron trasladados a hoteles que se construyan en municipios con menos de 200.000 habitantes, mientras que a los construidos, que en principio tenían un beneficio de exención por 30 años, les será aplicado, entre otros, 9% de dicho impuesto. Es decir, el beneficio que traían desde 2002 les fue cambiado sobre la marcha, generando, como dijo a la revista dinero el director de Cotelco, una afectación a la confianza inversionista por el cambio de las condiciones a mitad del camino.

Para que exista inversión y emprendimiento, los empresarios necesitan reglas claras. La inseguridad jurídica que tiene ahora el país impactará negativamente en la economía. La zozobra se siente en los gremios y la otrora época de producción de grandes juristas y oras de derecho, parece haber desaparecido. El gobierno debe tomar cartas en el asunto, pensar más en la clase productiva, la estabilidad y menos en un proceso de paz que se está llevando las mismas instituciones por delante.

Este artículo fue publicado originalmente en La República (Colombia) el 5 de octubre de 2017.