Colombia elimina su nefasto impuesto al patrimonio

Si usted mira una lista de los países de la OCDE que han tenido un impuesto al patrimonio, notará que a) la mayoría de ellos entendieron que gravar el patrimonio neto es un grave error, así que eliminaron el gravamen hace bastante tiempo. Y b) sólo Noruega, España y Colombia aún lo mantienen, al igual que algunos cantones suizos que lo aplican a nivel local. Ante esto, una reacción inicial válida sería preguntarse por qué Colombia aparece en una lista de la OCDE en primer lugar.

Como escribí en 2018, Colombia, un país de ingresos medios, no tenía por qué ingresar a la OCDE. Para empezar, el mero intento reveló las ínfulas de pertenecer a un club de países desarrollados, dominado en particular por la Europa continental estancada que tanto admira la intelectualidad anti-yanqui colombiana. Más importante aún, para ese entonces, países como Francia y Alemania ya usaban a la OCDE para obligar a sus competidores emergentes— sobre todo a Irlanda— a subir la tasa de su impuesto corporativo de renta a un mínimo acordado de manera colectiva. Para ello, recurrían al perverso eufemismo de la “armonización tributaria”.

Desde entonces, la pertenencia a la OCDE ha significado todo tipo de trámites adicionales para las empresas colombianas, sujetas ahora a varios niveles nuevos de regulación internacional innecesaria. Esto se suma a la sobrerregulación local, que ya era absurdamente burocrática para empezar. Además, los progresistas colombianos ahora dicen con frecuencia— y de manera campante— que el país tiene que aumentar drásticamente sus impuestos para alcanzar el promedio de la OCDE del recaudo como porcentaje del PIB, que yace en el 34%. No obstante, el nivel actual en Colombia, donde el recaudo equivale el 22% del PIB, ya es más alto que el de Irlanda y el de Chile, países mucho más ricos que nosotros (en especial Irlanda). Resulta que tener un alto porcentaje de recaudo / PIB no significa nada en términos de desarrollo.

Por ello, el único aspecto positivo que le veo a la membresía de la OCDE es que dejó a Colombia en la ínfima minoría de países con un impuesto al patrimonio. Pero únicamente porque esto refuerza el mensaje de que incluso la mayoría de los estados europeos, tan proclives a cobrar altos impuestos, le han huido a un gravamen tan nocivo.

Colombia introdujo el impuesto al patrimonio en 1935, pero lo suspendió en 1992. En ese entonces, el país, tan proteccionista que se conocía como el “Tíbet de Suramérica”, abrió tímidamente su economía a los mercados globales.

La versión actual del impuesto al patrimonio se remonta a 2002, cuando el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) lo revivió mediante un decreto de emergencia. Uribe sostuvo que el impuesto era indispensable para financiar su política de seguridad contra las FARC (la cual fue necesaria y resultó ser exitosa). No obstante, existían otras fuentes de recursos para la ofensiva militar, como la venta total de Ecopetrol, la empresa petrolera estatal. Y, por supuesto, Uribe aseguró que su impuesto al patrimonio era una medida temporal que aplicaría durante un solo año. Inicialmente, el impuesto gravaba el patrimonio neto a partir de apenas ~ USD $65.000 a la tasa de cambio de la época, con una tarifa del 1,2% tanto para personas naturales como para jurídicas.

Al año siguiente, sin embargo, el gobierno Uribe pasó una ley que gravaba el patrimonio neto por encima de ~ USD $1.000.000 al 0,3 % hasta el año 2006. Y en 2006, Uribe extendió el impuesto al patrimonio hasta 2010, subiendo la tarifa al 1,2 % con el mismo umbral y el cobro tanto a personas naturales como a empresas.

El expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), el sucesor de Uribe, mantuvo el impuesto al patrimonio durante todo su mandato. En 2014, Santos bajó el umbral del impuesto, el cual, debido a la fuerte devaluación del peso, quedó por debajo de los USD $300.000 a la tasa de cambio de 2016. Santos también subió la tarifa máxima del impuesto al patrimonio al 1,5%, aunque su gobierno sí alcanzó a eximir a las empresas de su pago.

El sucesor de Santos, Iván Duque (2018-2022), también mantuvo el impuesto al patrimonio para personas naturales durante toda su presidencia —nuevamente de manera temporal—, mientras subió el umbral a ~ USD $1,5 millones a la tasa de cambio de 2018 e implementó una tarifa única del 1%.

Pero cuando el expresidente socialista Gustavo Petro asumió el poder en 2022, impuso la permanencia del impuesto al patrimonio, redujo de nuevo el umbral a ~ USD $650.000 y subió una vez más la tarifa máxima al 1,5 % de los activos netos. Cuando el gasto desmedido de Petro empeoró la crisis fiscal crónica de Colombia en 2025, el Congreso le hundió su nueva “reforma tributaria”, un intento descarado de aumentar aún más los impuestos. Petro respondió al decretar una serie de medidas de emergencia económica que redujeron el umbral del impuesto al patrimonio a unos ~ USD $500.000, aumentaron la tarifa máxima a un exorbitante 5% y reintrodujeron el cobro del gravamen a las empresas.

No obstante, el pasado abril, la Corte Constitucional tumbó el decreto de emergencia económica que cambiaba las reglas de juego del impuesto al patrimonio para las personas naturales, medida que consideró inconstitucional. Pero la Corte dejó en firme el decreto del impuesto al patrimonio a las empresas, que Petro había justificado al escudarse en una emergencia climática de inundaciones.

Así que, durante 25 años, Colombia ha tenido un impuesto “temporal” al patrimonio que, en la práctica, ha sido permanente. Los gobernantes han usado excusas de todo tipo para extenderlo, mientras imponen umbrales para el cobro que son ridículamente bajos en términos globales. Todo lo cual deja al descubierto lo inoportuno que es dicho impuesto. Para los gobiernos, sin embargo, es relativamente fácil de cobrar. Además, saben que su imposición, por injusto que sea gravar el ahorro, seguramente no desatará protestas callejeras masivas. 

En términos del recaudo, el impuesto al patrimonio no ha hecho mayor diferencia. En palabras de Lisandro Junco, el director de la autoridad tributaria bajo Duque, el impuesto al patrimonio se quedó muy por detrás del impuesto de renta, del IVA y del impuesto al consumo como fuente de ingresos para el Estado.

Luego está el asunto de la fuga de capitales. Aunque el impuesto al patrimonio no ha sido su única causa en Colombia, sí se da por sentado que es uno de los factores principales. Entre 2010 y 2018, más de 8.000 individuos renunciaron a la nacionalidad colombiana y se fueron a vivir al exterior. En ese entonces, la prensa especulaba con frecuencia que los cobros excesivos de impuestos eran la razón principal para dejar el país. En 2025, al menos 150 colombianos con un patrimonio líquido superior a USD $1.000.000 se fueron de manera permanente del país según un informe independiente. De nuevo, los medios reportaron que gran parte de estos migrantes estaban huyendo del impuesto al patrimonio.

Sean o no éstos exiliados tributarios —prácticament ninguno lo dijo en público—, un hecho fortuito puso al impuesto al patrimonio en el centro del debate público. En 2024, el equipo de fútbol bogotano Millonarios le ofreció un contrato por seis meses y ~ USD $500.000 a la estrella Radamel Falcao García, el máximo goleador internacional del país.

Falcao, que llevaba dos décadas en el exterior, no era residente fiscal en Colombia en ese momento. Aceptó el contrato y pudo jugar inicialmente sin activar la residencia fiscal, condición que se adquiere al cumplir 183 días en el país durante un periodo de 365 días. 

El problema surgió a la hora de renovar el contrato a principios de 2025. Como el impuesto al patrimonio en Colombia se cobra sobre el patrimonio neto a nivel global, la mera residencia fiscal significaba que Falcao le debería al fisco muchísimo más de lo que el equipo le pagaba de salario anual tan solo al gravarse su patrimonio. Así que el jugador y el equipo no pudieron llegar a un acuerdo. Fue sólo cuando un grupo de patrocinadores aceptó compensar a Falcao por su pago de impuestos que el jugador permaneció en la nómina del equipo (hasta mediados de 2025).

El drama de Falcao demostró lo destructivo que es es el impuesto al patrimonio. En primer lugar, es contraproducente porque persigue a quienes tienen la capacidad de vivir cómodamente en el exterior. Y, como aprendieron los aficionados del balompié, si un país decide castigar el éxito, lo único que logra es ahuyentar a quien es exitoso. Falcao pudo permanecer en Colombia gracias a una excepción a la regla; los empresarios e inversionistas que triunfan en los mercados no cuentan con patrocinadores corporativos que les paguen su impuesto al patrimonio. Sencillamente preferirán quedarse en países o jurisdicciones con impuestos menores y con un mayor respeto por la propiedad privada.

Por fortuna, el nuevo presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, parece entender lo nefasto que es el impuesto al patrimonio. Durante su discurso de posesión el pasado 7 de agosto, anunció que lo va a eliminar por completo. “Debemos dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza en nuestra patria”, afirmó. Así desató el optimismo entre los generadores de riqueza que tanto necesita Colombia tras más de una década de estancamiento del PIB per cápita.

Si De la Espriella cumple lo prometido, Colombia está a punto de unirse a la lista de países que han eliminado el impuesto al patrimonio (un mejor club al cual pertenecer que la OCDE). Es clara la lección para Reino Unido, California y otras jurisdicciones de altos impuestos que hoy consideran gravar la riqueza neta de las personas o empresas: la mejor alternativa frente al impuesto al patrimonio es nunca cobrarlo en primer lugar.

Este artículo fue publicado originalmente en el Institute of Economic Affairs (Reino Unido) el 9 de agosto de 2026.