California le declara la guerra a la industria de comida rápida

A California parece que nunca se le terminan las malas ideas de políticas públicas. Pero el último ejemplo de cómo el Estado Dorado ignora los conceptos básicos de economía tiene que ir a la cabeza de la lista. 

Días atrás la legislatura aprobó por un pequeño margen la Ley de Recuperación de Estándares y Rendición de Cuentas de la Comida Rápida (FAST) que efectivamente permitiría que el estado fije los salarios, beneficios, horas y condiciones de trabajo para la industria de comida rápida. La legislación, AB-257, establecería un Consejo de Comida Rápida como parte del Departamento de Asuntos Industriales, compuesto de representantes de las franquicias de comida rápida, trabajadores de la industria y sindicatos laborales (eufemísticamente referidos como “defensores de los empleados”), y un representante de la Oficina del Gobernador para los Negocios y el Desarrollo Económico; el consejo de miembros sería designado por el Gobernador, el Presidente de la Asamblea y el Comité de Reglas del Senado. El Consejo tendría la autoridad de imponer acuerdos laborales a todas las franquicias de comida rápida con al menos 100 locales a nivel nacional. 

Si el nuevo Consejo a nivel del estado no es suficiente regulación de la industria de comida rápida, la legislación también permitiría que cualquier ciudad o condado con una población de al menos 200.000 personas establezca sus propios concejos para regular las empresas dentro de su jurisdicción —siempre y cuando no reduzcan ninguno de los beneficios establecidos por el Consejo a nivel del estado. Esto funciona solo de una manera: ellos pueden aumentar las regulaciones, pero nunca reducirlas. 

En un breve saludo a la sanidad económica, el poder del Consejo no es ilimitado. Por ejemplo, el Consejo (o consejos) no pueden elevar los salarios por encima de un valor inicial de $22/hora, indexado anualmente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Consejo tampoco puede establecer nuevos beneficios pagados por enfermedad o vacaciones. Aún así, la legislación ciertamente acabará imponiendo costos sustanciales sobre los dueños de franquicias, los clientes y la economía de California. Un estudio por los economistas en la Universidad de California Riverside estima que la legislación eventualmente podría aumentar los costos laborales en hasta un 60 por ciento e incrementar los precios de la comida rápida hasta en un 20 por ciento. Adicionalmente, en un momento en el que hay un mercado laboral extremadamente apretado, también es probable que haya un efecto de derrame al elevar los costos laborales en otras industrias de ventas al por menor. Además, el Departamento de Finanzas del estado advierte que los contribuyentes acabarán pagando la cuenta de los “costos significativos pero desconocidos” de monitorear y hacer cumplir la medida. 

La literatura económica acerca de los aumentos al salario mínimo se ha vuelto más obscura durante los últimos años, pero la gran mayoría de los economistas coinciden en que los aumentos importantes del salario mínimo que están por encima de las ganancias en la productividad implican que los empleadores operarán a pérdida en lo que tiene que ver con los trabajadores afectados. Dado que un nivel promedio de margen de ganancia en la industria de comida rápida es de tan solo 6 a 9 por ciento, esos costos es casi seguro que serán traspasados a precios más altos o empleos perdidos. No queda claro si los Consejos podrían prevenir que las franquicias despidan a trabajadores en el caso de costos laborales más altos (desde ya los puntos de pago automatizados están reemplazando a muchos trabajadores en la industria), pero no hay nada que podrían hacer para prevenir que algunas franquicias cierren y se vayan del estado. Algunas empresas, como McDonald’s, ya han dado indicios de esto. Los despidos y negocios cerrados casi seguro acabarán perjudicando a las comunidades de ingresos bajos y a las comunidades con una mayor proporción de minorías de color. Generalmente, las áreas de salarios bajos del estado, como el Valle Central, también serán particularmente afectadas. 

Empeorando las cosas, esta legislación es notablemente innecesaria. El salario mínimo del estado ya es de $15/hora y se espera que suba 50 centavos el próximo año, y la gran mayoría de las ciudades grandes de California, incluyendo a Los Ángeles y San Francisco, ya tienen salarios mínimos más altos. Además, como señalé anteriormente, hay un mercado laboral muy apretado en la post-pandemia, dándole a los trabajadores un mayor poder de negociación. 

El gobernador Newsom todavía no ha anunciado si firmará la medida, y muchos analistas sugieren que podría estarse inclinando hacia un veto. Aún así, el gobernador está bajo una presión enorme por parte de los sindicatos que han gastado casi $5 millones cabildeando a favor de la ley (gastando 5 veces lo que han gastado sus adversarios). Si firma esta legislación mal concebida, acabará perjudicando la economía del estado y sobre todo a sus trabajadores más vulnerables.* 

* Desde la publicación de este artículo, Newsom firmó la ley. 

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (EE.UU.) el 31 de agosto de 2022.