Acordaron posponer reformas
Gabriela Calderón de Burgos considera que la Ley de Eficiencia Económica aprobada esta semana en la Asamblea ecuatoriana carece de reformas estructurales que enfrenten los principales problemas que afligen a la economía.
Por Gabriela Calderón de Burgos
El presidente dijo estar contento porque “por fin pudimos ponernos de acuerdo como país”. Valentina Centeno del partido del gobierno celebró que la Asamblea está logrando la tan añorada gobernabilidad. Pero no todo acuerdo es bueno. El proyecto de ley no contiene reforma alguna para enfrentar los principales problemas que afligen a la economía ecuatoriana.
La semana pasada, el exvicepresidente Alberto Dahik señaló que nada hace esta ley para abordar la brutal hemorragia de recursos del fisco en subsidios. El país destinó este año la friolera de $7.463 millones a subsidios. 42% de estos fueron destinados a subvencionar las pensiones del IESS y un 36% a subsidiar los combustibles. Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal estima que el déficit fiscal para 2023 terminará siendo de alrededor de $6 mil millones, de tal manera que solamente estos dos rubros suman una cantidad equivalente al 96% del déficit ($5.776 millones). Ambos subsidios son regresivos e ineficientes.
La eterna búsqueda para focalizar los subsidios a los combustibles elude la solución más sencilla y justa: suplementar el bono de desarrollo humano por el impacto estimado en aquellos que supuestamente son los verdaderamente más vulnerables. Sabemos que el subsidio beneficia principalmente a los quintiles más ricos de la población. Además, si el gobierno pretende obtener préstamos adicionales de los multilaterales para cerrar la brecha financiera, debe saber que la existencia de estos subsidios los bloquea, puesto que los ven como una política opuesta a su campaña para combatir el cambio climático.
Durante la última década (2014-2023), el país destinó $22.372 millones a subsidiar los combustibles. Si bien es cierto que parecen ser una vaca sagrada para ciertos grupos violentos que se niegan a actuar dentro del orden constitucional y democrático vigente, les corresponde a los gobiernos demócratas administrar de la mejor manera posible los recursos que le han sido confiados por la sociedad, en lugar de continuar apoyando su despilfarro de manera activa o pasiva.
Durante la última década el país destinó $16.115 millones a subsidiar las pensiones del privilegiado grupo de individuos que conforman el sector formal del mercado laboral. Según las últimas cifras de empleo, solo 35,5% de los trabajadores ecuatorianos tienen un trabajo adecuado, 60,40% un empleo inadecuado y 3,7% se encuentran desempleados. Entonces, por qué el gobierno, que debería servir a todos, dedica cada vez más recursos para subsidiar a los 3 de cada 10 ecuatorianos que si tienen un empleo formal.
El sistema no establece una relación entre lo aportado y lo que reciben los jubilados, desalentando así el ahorro. Los empleadores lo perciben como un impuesto a la contratación, socavando la creación de empleo. Los trabajadores son clientes cautivos de un monopolio estatal que les ofrece servicios de mala calidad.
Estos dos subsidios constituyen las principales bombas fiscales, aunque no son las únicas. Entre los dos hemos gastado en la última década el equivalente a 51% de la deuda pública. La Asamblea festeja un acuerdo en torno a una ley que no aborda estos problemas ni otros que afligen la economía, como la falta de un sistema financiero internacionalizado y un mercado laboral flexible.
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 22 de diciembre de 2023.