Vieja y nueva política industrial
Lorenzo Bernaldo de Quirós sostiene que la Nueva Política Industrial, con su lenguaje de "misión" y corrección de fallos sistémicos, es un intento arriesgado y costoso de sustituir el proceso de descubrimiento descentralizado del mercado con la visión limitada y políticamente manipulable de la burocracia estatal.
Por Lorenzo Bernaldo de Quirós
El resurgimiento de la política industrial (PI) en la esfera global, replanteada por académicos como Dani Rodrik o aprendices de brujo tal Mariana Mazzucato, se presenta como el método redentor para permitir a los países, por ejemplo España o regiones, lease Europa, reindustrializarse y competir con las grandes compañías de Estados Unidos y de China en el escenario de la IV Revolución Industrial. Sin embargo, la Nueva PI, con su enfoque en "misiones" y en la corrección de fallos sistémicos es una versión moderna del viejo dirigismo o de la antigua planificación centralizada; lejos de superar las deficiencias de éstas las ha revestido con una retórica más ambiciosa y, también, más peligrosa.
En la Nueva PI, el Estado ya no se arroga sólo la tarea de corregir los hipotéticos fallos de mercado, sino la de identificar y planificar las trayectorias tecnológicas que son óptimas para la sociedad. Aspira a moldear los mercados y la estructura económica hacia fines predeterminados como, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático o el liderazgo en inteligencia artificial. Ahora bien, eso exige un nivel de información y de conocimiento sobre el cual será la evolución de la tecnología, las preferencias de los consumidores y las eficiencias de costos que, simplemente, los Gobiernos y sus servidores no tienen. Ahí radica la superioridad del sistema de precios, su capacidad de generar y procesar el conocimiento disperso, frente al colectivismo duro o suave,
Por otra parte, al concentrar recursos y talento en iniciativas que son políticamente atractivas, pero cuya viabilidad económica es incierta, el Estado favorece una estructura monolítica de innovación; esta es, por definición, menos adaptable y menos resiliente que la dinámica descentralizada de ensayo y error propia del capitalismo de libre empresa. Por añadidura, la historia muestra que, casi siempre, los avances disruptivos surgen de trayectorias imprevistas y experimentos no patrocinados por los gobiernos. Además, la intervención estatal en tecnologías nacientes (como la IA o el hidrógeno verde) se da bajo una incertidumbre tecnológica radical. El Estado, al no arriesgar capital propio de la misma manera que el inversor privado, es estructuralmente incapaz de internalizar el costo del error y, por lo tanto, no puede tomar decisiones eficientes. Esa falta de disciplina conduce de modo inexorable a la perpetuación de proyectos ineficientes (Johnson S. Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation, Penguin, 2010)
El segundo gran fallo de la Nueva PI es idéntico al de la Vieja PI. No resuelve el problema de la búsqueda de rentas y la captura del político-burocrata por parte de los grupos de interés beneficiarios de aquella. .Al contrario, lo amplifica y lo vuelve crónico. Al ofrecer apoyo financiero y regulatorio a largo plazo para "misiones" estratégicas, se crea un potente imán para que los extractores de rentas actúen. Aunque se promueva la condicionalidad (vincular el apoyo al rendimiento), la realidad hace que sea casi imposible retirar el apoyo a empresas o proyectos grandes una vez que han sido bautizados como estratégicos para una misión nacional.
Eso crea una situación de riesgo moral en la cual las empresas tienen un incentivo claro para maximizar el cabildeo político en lugar de la productividad. La concentración de grandes sumas de dinero público en campeones nacionales que impulsan la “misión” (ej., fabricantes de baterías o chips) crea entidades que son “demasiado importantes para fracasar" desde una perspectiva política. Esto garantiza que cualquier ineficiencia, mala gestión o fracaso operativo será socializado (pagado por el contribuyente), mientras que los beneficios y las ganancias serán privatizados. Además, el enfoque de la PI moderna facilita una forma de corrupción lícita, donde la transferencia masiva de riqueza a empresas políticamente conectadas se legitima bajo el pretexto de la "seguridad nacional", la "resiliencia de la cadena de suministro" o la "urgencia climática".
Ante esa situación, la mejor o, para ser precisos, la opción más sensata es recurrir a políticas horizontales para estimular la innovación y el crecimiento, es decir, políticas que se aplican a todos los sectores de la economía. Entre los principales vectores de la política horizontal se encuentran: invertir en la economía del conocimiento (especialmente en educación superior e investigación), reformar los mercados laborales y de productos para hacerlos más dinámicos mediante políticas adecuadas para la competencia y desarrollar el capital de riesgo y el capital privado para financiar la innovación.
En resumen, la Nueva Política Industrial, con su lenguaje de "misión" y corrección de fallos sistémicos, es un intento arriesgado y costoso de sustituir el proceso de descubrimiento descentralizado del mercado con la visión limitada y políticamente manipulable de la burocracia estatal. En la práctica, es más probable que conduzca a la ineficiencia económica generalizada y al aumento de la captura regulatoria que a la innovación sostenible y al crecimiento inclusivo, representando, por lo tanto, una amenaza renovada a la disciplina económica y la asignación eficiente de recursos.
Este artículo fue publicado originalmente en El Mundo (España) el 7 de diciembre de 2025.