Venezuela pierde su riqueza

El 5 de enero, Caracas perdió su conexión con su aeropuerto, su puerto, sus playas y con una importante ciudad dormitorio, al colapsar un puente de 300 metros cuya vulnerabilidad se conocía desde hace años. La vía alterna es una antigua y peligrosa carretera de montaña, con solo dos canales de circulación, construida en 1910 y sustituida en 1953 por la autopista que acaba de colapsar. Un nuevo viaducto tomará unos 15 meses construirlo, si es que no colapsan también otras de las pocas autopistas que sirven a Caracas.

Por Vladimir Chelminski

El 5 de enero, Caracas perdió su conexión con su aeropuerto, su puerto, sus playas y con una importante ciudad dormitorio, al colapsar un puente de 300 metros cuya vulnerabilidad se conocía desde hace años. La vía alterna es una antigua y peligrosa carretera de montaña, con solo dos canales de circulación, construida en 1910 y sustituida en 1953 por la autopista que acaba de colapsar. Un nuevo viaducto tomará unos 15 meses construirlo, si es que no colapsan también otras de las pocas autopistas que sirven a Caracas.

A la luz de un golpe de esta magnitud, el modelo de gobierno venezolano debe ser revisado, poniéndose énfasis en las ventajas y desventajas que tiene la propiedad en manos del Estado, en la importancia de respetar los contratos y en el daño producido por los controles de precios.

En 1994 la autopista Caracas-La Guaira estaba ya en tan malas condiciones y las finanzas del gobierno venezolano eran tan precarias que era obvio que debía darse en concesión, para su recuperación y mantenimiento, a través de una licitación internacional. Así, las gigantescas inversiones necesarias de reconstrucción, con un nuevo viaducto como primera prioridad, las haría quien tuviese la experticia de ingeniería y las posibilidades financieras para realizar la obra, cobrando el precio más bajo posible a los usuarios.

La alternativa era que el gobierno arreglara el problema quién sabe cuando. La licitación internacional se hizo, la empresa ganadora estuvo dispuesta a acometer la obra cobrando un peaje que para los vehículos livianos comenzaría en unos 42 centavos de dólar y terminada la reconstrucción aumentaría a 1,30 dólares. El contrato entre el gobierno y la constructora mexicana ICA fue rescindido tácitamente por el gobierno del presidente Caldera y oficialmente por el actual gobierno en el año 2000. Un arbitraje internacional obligó a indemnizar a ICA por el desconocimiento del contrato.

Hoy, los habitantes de Caracas, quienes estamos sufriendo el retroceso de medio siglo en nuestra principal vía de comunicación, debemos reconocer que aquella era la mejor opción. Cierto que para los venezolanos, mal acostumbrados por el populismo que propició la riqueza petrolera, el costo del peaje podía parecer alto. Pero hoy, en lugar de 17 Km. de autopista estamos de vuelta a la anciana carretera de 33 Km. y 336 curvas, bordeando espectaculares precipicios, que no permite el transporte de modernos y pesados camiones.

Este es un extraordinariamente costoso ejemplo del daño producido por un Estado empeñado en ocuparse directamente de todo lo que considera importante y que se siente cómodo señalando que “o lo hace el estado o no lo hace nadie”, que implícitamente apoya a quienes no están dispuestos a pagar precios de mercado por los servicios que reciben y que impone controles de precios sobre cualquier bien o servicio durante cualquier tiempo y en cualquier monto, sin importar las consecuencias.

Los venezolanos vivimos mal porque esa es la forma cómo actúan nuestros gobiernos. La fatal idea de que el estado acapare toda actividad económica importante y que “al público no se le puede permitir que pague un precio de mercado”, ha sido demasiado frecuente en nuestro país desde los años 70. Por eso es muy poca la riqueza que se llegó a crear. Ahora esa escasa riqueza se está perdiendo rápidamente. Se está disipando la riqueza pública, como por ejemplo el resto de la red de vialidad, y también el capital privado, asfixiado por controles de precios y de cambio. Nuestros controles de precios llegan a tal irracionalidad que nada menos que la ministra del Trabajo le ha dicho a los conductores de autobuses que tienen que continuar cobrando la misma tarifa por la vía alterna mucho más larga, que toma tres o cuatro veces más tiempo, es muy peligrosa y resulta mucho más dura para sus vehículos. Esa es la lógica socialista.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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