¿Una globalización más equitativa?

En la sesión plenaria del Foro Internacional sobre el Nexo entre Políticas y Ciencias Sociales, organizado por UNESCO y realizado en Buenos Aires, se presentó un “diagnóstico sobre los desafíos contemporáneos en lo que se refiere a los vínculos entre las ciencias sociales y la formulación de políticas”.

Por Martín Krause

En la sesión plenaria del Foro Internacional sobre el Nexo entre Políticas y Ciencias Sociales, organizado por UNESCO y realizado en Buenos Aires, se presentó un “diagnóstico sobre los desafíos contemporáneos en lo que se refiere a los vínculos entre las ciencias sociales y la formulación de políticas”.

La intención es que se podrían implementar políticas más sensatas si se tomaran en cuenta las enseñanzas que brindan las ciencias sociales. Pero el problema está en que las “ciencias sociales” que predominan en los organismos internacionales y los políticos aplauden no son muy sólidas.

Veamos un caso al que se hizo referencia en esa misma reunión. En los considerandos de la declaración se cita “la Declaración de la Cumbre Mundial de 1995 sobre Desarrollo Social, la Declaración del Milenio (Naciones Unidas) y una serie de informes de alto nivel sobre desarrollo humano e igualdad elaborados por varios organismos de las Naciones Unidas y por la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización”.

Las Naciones Unidas y en particular esta última comisión mundial abogan por una “globalización equitativa”. Esa definición es típica de un organismo internacional, donde se busca alcanzar acuerdos utilizando un lenguaje aceptado por todos, que signifique todo para todos o, más bien, nada. Es que la palabra “equitativa” relacionada a la globalización puede ser interpretada por un liberal como el respeto igualitario a los derechos individuales en todo el mundo (derecho de propiedad, libertad de expresión, de movilidad, etc.) o, por un socialdemócrata, como la necesidad de instrumentar una redistribución masiva de ingresos a escala global.

Pero esas son las visiones de distintas “filosofías políticas”; ¿podrían las ciencias sociales sacarnos de ese atolladero presentando una solución “científica” al dilema? Al menos desde la ciencia económica existe un concepto que es utilizado para fundamentar la segunda posición: los bienes públicos.

Durante el siglo XX, a partir de trabajos desarrollados por el economista Paul Samuelson, se extendió el uso de este concepto como una justificación para un mayor papel del Estado: éste produciría los bienes que el mercado “fracasa” en proveer espontáneamente. Inicialmente, Samuelson incluía en su lista algunos como la defensa, seguridad, la provisión de justicia y alumbrado público, argumentando que el mercado sería incapaz de proveerlos por la conducta de los “free riders” o sea los usuarios que se benefician con esos servicios, pero eluden su pago si éste fuera voluntario como es en el mercado.

Ese concepto predomina en toda justificación teórica de alguna política pública, pero ahora se ha “globalizado” y es así como algunos académicos y, por supuesto, los funcionarios de las Naciones Unidas, han extendido el concepto hacia los “bienes públicos globales”, que el mercado también fracasaría en proveer y serían ofrecidos por un “gobierno mundial” o su más cercano equivalente, la ONU.

En un libro publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), varios autores incrementan la cantidad de bienes públicos globales para incluir, por supuesto, la equidad. En un capítulo a cargo de Ethan Kapstein, el profesor de “desarrollo sustentable” sostiene que “la justicia distributiva es un bien público internacional”. Esta es la llamada ciencia social detrás de la interpretación distribucionista de la “globalización equitativa”.

Pero, ¿cómo puede decirse que una cierta distribución de ingresos es un “bien público”? No podemos decir que el mercado “fracasa” en proveer distribución, todo lo contrario, distribuye según aquella máxima que planteara el filósofo Robert Nozick: “de cada uno según su elección, a cada uno según sea elegido” por los demás, por los clientes. Puede ser que el mercado no provea el tipo de distribución que desearía Kapstein o el funcionario del PNUD, quienes en tal caso deberían explicar por qué una “redistribución” sería superior.

Puede que tengan argumentos para ello, pero ya no serán ciencia sino preferencias políticas. La realidad es que ese intento de encontrar una justificación científica para la equidad global no tiene tal sustento.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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