Una construcción para la euroesclerosis

Por Lorenzo Bernaldo de Quirós

El proyecto de Constitución elaborado por la Convención sobre el Futuro de Europa es uno de los textos constitucionales más largos, confusos y peor escritos de la historia Occidental. Este último aspecto no es una coincidencia, sino la expresión de ese oscuro "eurodialecto", acuñado por las instancias burocrático-políticas europeas, incomprensible para la mayoría de los ciudadanos del Viejo Continente y sólo inteligible por una clase política que pretende conseguir más centralización y más poderes a costa de los Estados y los individuos de la Unión. Ese es el principal objetivo de los constituyentes: crear los cimientos de un súper estado a escala continental con mecanismos de control tan débiles que tenderán a erosionarse e incluso a desaparecer en el horizonte del medio y del largo plazo.

Si la Constitución norteamericana con su cuidadoso esquema de pesos y contrapesos no ha logrado evitar un paulatino aumento de las competencias de la Federación a costa de las de los Estados, el engendro constitucional gestado en la Convención constituye una patente de corso para extender las funciones de los poderes europeos. De esta manera, su dispositivo normativo conduce a la creación de un súper estado con amplias facultades discrecionales. Sin duda, esta afirmación parece excesiva a la vista de la presente coyuntura del Viejo Continente, pero lo cierto es que se han puesto los cimientos para que ese sea su desarrollo.

En el plano económico, las implicaciones del documento son muy graves. El artículo 14 establece que "La Unión deberá adoptar medidas para asegurar la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros". Esta misma terminología es empleada también para las políticas de empleo. Al mismo tiempo, el transporte, la energía, la protección al consumidor, el medio ambiente y las estrategias de cohesión económica, social y territorial se consideran competencias compartidas, lo que traducido del "eurodialecto" significa que, cuando la Unión legisla, los Estados no pueden hacerlo. En la práctica, el documento elaborado por la Convención pretende convertir el actual sistema económico de la UE en ley constitucional, esto es, fijar "ad aeternitatem" un esquema de altos impuestos y elevadas regulaciones que es la causa eficiente de la falta de dinamismo de la economía europea.

La Constitución establece una lista de metas obligatorias para todos los Estados de la UE. Entre ellas se incluye la denominada economía social de mercado. La cuestión es cuál de los dos componentes pesa más porque el término de referencia, inventado por los liberales de la Escuela de Ordo en la Alemania de la posguerra, tiene diferentes interpretaciones y de facto su significado prístino se ha visto desnaturalizado en demasiadas ocasiones. Así sirvió en ese país tanto para sentar las bases de un capitalismo competitivo en las décadas de los cincuenta y de los sesenta del siglo pasado como para impulsar desde comienzos de la década de los setenta hasta ahora una profunda estatización.

En la letra y en el espíritu del texto redactado por la Convención, el concepto de economía social de mercado constituye un evidente apoyo a una constante intervención estatal en la organización socioeconómica. El proceso de centralización y de unificación del modelo económico de la UE, su marco sesgo estatista se ve fortalecido por la sustitución de la unanimidad por el voto calificado en treinta y cuatro nuevas áreas políticas. Esto puede ser una luz verde para incrementar la legislación de la Unión, para incrementar el ya gigantesco peso acumulado de regulaciones, conocidas como acquis communitaire, que en estos momentos supone más de 97.000 páginas.

Si bien cualquier modificación europea de los impuestos directos exige el principio de unanimidad para ser efectiva, se han dado pasos importantes para erosionarle. La Constitución prevé la introducción del voto mayoritario para uniformar la fiscalidad de las sociedades si esa iniciativa está destinada a promover la cooperación administrativa y a combatir el fraude. A pesar de su aparente lógica, esta medida es un clásico truco para establecer el precedente de la mayoría calificada en el terreno impositivo y para extenderle, cuando se considere políticamente factible, al conjunto de la tributación. Como demuestra una abundante evidencia empírica, la medida más eficaz para quebrar la generalidad de una norma es fijar una excepción a su cumplimiento.

En la práctica, todas las disposiciones del proyecto de constitución europea vulneran el principio de subsidiariedad consagrado en el Tratado de Maastricht. La idea según la cual sólo debe hacerse a escala continental lo que no puede hacerse en los ámbitos nacionales se ha visto desvirtuada por la orientación contraria: el buen funcionamiento de la economía europea exige una concentración de poderes en manos de las instituciones de la UE. Este enfoque es erróneo en la teoría y en la práctica. Ambas demuestran que la competencia no sólo entre políticas económicas sino también entre instituciones promueven la eficiencia y el crecimiento. Sin embargo, los constituyentes han optado por una recreación de la planificación frente al mercado como instrumento de coordinación e integración.

¿A quién favorece la constitución económica diseñada por la Convención? La respuesta es evidente: a los Estados con altos impuestos, elevado gasto público y pesadas regulaciones que, si el proyecto Giscard se aprueba tal como está ahora, no se verán forzados a competir con los países que tienen una fiscalidad más baja, un menor gasto público y unos mercados más libres. Se trata de imponer a todos los miembros de la UE las ineficiencias del modelo corporatista y estatista de Francia y Alemania. Si el eje franco-alemán tuviese un marco de instituciones sociales y económicas de corte liberal, las disposiciones de la constitución europea en ese ámbito hubiesen sido muy distintas. Desde esta perspectiva, la Conferencia Intergubernamental que se celebrará en Roma el próximo octubre ofrece la oportunidad de enmendar los desatinos cometidos por la Convención e introducir las modificaciones necesarias para que Europa no se convierta en un Parque Jurásico económico.

Con independencia de la necesidad o no de una Constitución para Europa, el hecho es que se ha perdido la oportunidad de establecer un texto que consagre los fines básicos que inspiran la tradición constitucional del mundo Occidental: la limitación de los poderes del Estado. Al contrario, el texto aprobado por la Convención europea es una invitación a su extensión, lo que constituye una pésima noticia.