Un requisito mínimo para el progreso

Por Gabriela Calderón de Burgos

A pesar de tener recursos minerales abundantes y tierras fértiles, un clima favorable, haber comenzado antes a construir sociedades democráticas y países libres, el Asia y el Oeste han dejado atrás a Latinoamérica. Instituciones débiles y el irrespeto del estado de derecho son dos de las razones por lo que el progreso no se da en la región.

Con la resurgencia de los anteriores líderes de golpe de estado, Hugo Chávez de Venezuela y Lucio Gutiérrez de Ecuador (recientemente caído del poder por protestas populares), y de líderes socialistas como Lula de Brazil, Kirchner en Argentina, y Tabaré Vásquez en Uruguay, es difícil ignorar el romance sinfín de los latinos con líderes populistas. Es así que a pesar de que las llamadas reformas “neoliberales” de los 90s, la izquierda sigue viva y palpitante en Latinoamérica.

Desde haber ganado su independencia, los países latinoamericanos han tenido democracias débiles e inestables en las mejores instancias, y dictaduras militares recurrentes con pequeños experimentos socialistas. Además de los famosos casos de Pinochet y del muy mistificado régimen de Allende, Latinoamérica ha sufrido el terror de dictadores como Leopoldo Galtieri y Jorge Rafael Videla en Argentina, y como Manuel Noriega en Panamá, para nombrar tan solo unos pocos. Entre la derecha y la izquierda, regimenes democráticos y autoritarios, solo una palabra puede capturar la esencia de la región, inestabilidad, y si un solo ejemplo puede ilustrar esto es cuando Ecuador tuvo cinco presidentes en una sola semana en el año 2000. Si, ¡Cinco!

Mediante la teoría de elección pública, el Premio Nobel James Buchanan ha argumentado desde hace mucho que las instituciones públicas son fundamentales para que una sociedad florezca, y que estas deberían promover la actividad económica del individuo en lugar de impedirla. Las instituciones públicas son mantenidas y fortalecidas por las constituciones, las cuales deberían, idealmente, tomar en cuenta las realidades económicas que se supone que deben servir.

Mientras que la constitución estadounidense ha durado más de 200 años, las constituciones latinoamericanas suelen tener vidas mucho más cortas. Los gobiernos cambian la constitución con gran facilidad y están a la merced de las emociones públicas y pasajeras de determinado momento. Esta no es la manera de gobernar un país y esto deriva en la inestabilidad política y en la confusión lo cual hace muy difícil que las costumbres y las instituciones fuertes sean formadas y heredadas. Por ejemplo, con veintiún constituciones, solo 18 de 83 presidentes ecuatorianos han podido terminar su periodo constitucional sin ser forzados a retirarse. Hasta ahora, el número promedio de constituciones para los países de la región Andina es de veinte—Venezuela teniendo el mayor número (24) y Colombia teniendo el menor número (16).

Obviamente, las acciones inconstitucionales parecen ser más frecuentes que las constitucionales aún cuando las constituciones están siendo cambiadas para complacer las demandas de cada día. Como un analista político ecuatoriano dice, “Si existe algo peor que una constitución mala, es una sociedad donde cada político esta pensando en una nueva”. Aunque las constituciones cambian frecuentemente, su esencia de establecer al estado como la fuente del bienestar común nunca ha cambiado. Si en algo han cambiado, las nuevas constituciones han fortalecido el poder estatal.

Además, las constituciones latinoamericanas, casi sin excepción son compuestas y aprobadas por asambleas constituyentes, las cuales son más que menos constituidas por las legislaturas del momento y son, por ende, altamente politizadas. Eso no se presta para diseñar una carta política estable y de larga duración. Lo que resulta de estos procesos son documentos llenos de compromisos y absurdas regulaciones, las cuales sirven las emociones pasajeras del momentáneo ambiente político.

En vez de adoptar constituciones concisas y de principios básicos como la que Argentina tuvo en la segunda mitad del siglo XIX, Latinoamérica continúa adhiriéndose a las extensas diatribas, las cuales buscan regular cada aspecto de la vida del individuo como si hubiese que temer al individuo y no al estado.

Las constituciones latinoamericanas siempre le dan prioridad al orden y al progreso. Eso se reflejó a lo largo de la región en los intentos de “fomentar” el desarrollo mediante masivas inversiones gubernamentales en infraestructura y también en las estrategias mercantilistas de substitución de importaciones, las cuales se basaban en la compra estatal de intereses controladores en industrias claves como la de energía y hasta algunas de manufacturación para supuestamente crecer y lograr progreso tecnológico. Estas estrategias con miras hacia adentro derivaron en nada más que miseria. En muchos casos estas iniciativas gubernamentales para el progreso fueron las que promovieron la corrupción endémica de la región.

Las cosas no tienen que ser así. Medio siglo con la constitución liberal de Juan Bautista de Alberdi hizo de Argentina un rival de la economía estadounidense a fines del siglo XIX. De hecho, a comienzos del siglo XX, Argentina era la séptima economía más grande del mundo. El motor secreto para el crecimiento del cual Argentina y nuestra contraparte Asiática se valieron para progresar no fueron las “estrategias para el desarrollo” o el fortalecimiento de las exportaciones a expensas de las importaciones: fue el establecimiento del estado de derecho. Latinoamérica aparentemente carece de este motor secreto.

De acuerdo al reporte del Banco Mundial, Haciendo Negocios en el 2005, hacer cumplir un contrato en Latinoamérica significa 35 procedimientos, 465 días, y cuesta US$1,343. Obviamente, conducir negocios en la región es más que complicado y los incentivos y las protecciones legales por poco no están presentes. En los ambientes más regulados, la economía informal resultó ser más grande.

Además, la independencia jurídica en la región casi no existe. Solo 25% de la población latinoamericana confía en sus cortes. En Ecuador, por ejemplo, las cortes han sido manipuladas por los partidos políticos más importantes del país desde fines de los 1970s, y a comienzos de este año la rama ejecutiva del gobierno se aprovechó de su mayoría en el congreso para violar la constitución y repletar la corte suprema de justicia con jueces parciales a los intereses del presidente. Todo esto fue hecho con la intención de anular cargos en contra del anterior presidente Abdalá Bucaram quien regresó al país y prometió liderar una revolución al estilo Chávez en Ecuador—el caos políticos de la semana pasada puso fin a su sueño de liderar la revolución Chavista en Ecuador al convertirlo en un fugitivo de la justicia.

Los políticos lanzándose sillas y botellas de agua, siendo perseguidos fuera de su sesión con bombas de gas lacrimógeno, el presidente escondiéndose fortaleciendo los reesfuerzos militares alrededor de su palacio, el presidente siendo sacado del poder por protestas populares y una resolución constitucionalmente cuestionable del congreso, no son ocurrencias inesperadas en Ecuador donde la constitución se ha convertido en una carta muerta.

Parece que las constituciones latinoamericanas continúan satisfaciendo el principio del famoso economista liberal austriaco Friedrich A. Hayek de que las costumbres y las tradiciones como las asociaciones voluntarias civiles (como el matrimonio o los clubes sociales) y las relaciones comerciales preceden a las constituciones formales; y si una constitución falla en reflejar esas costumbres y tradiciones es inválida, y se volverá irrelevante. Las constituciones latinoamericanas pedían que las personas coloquen el bien común por encima del bien personal y en nombre de este principio—lo cual viola directamente los derechos universales individuales como el derecho a la vida, y a la propiedad—dejaron la puerta abierta para los abusos estatales de su poder coactivo. Y hoy día vemos todo esto resultando en políticas proteccionistas de comercio, sistemas de educación ineficientes, sistemas de pensiones en banca rota, y muchas más políticas públicas malas que no trajeron progreso a la región.

Una condición mínima para el progreso es tener una constitución que no impida la primacía del estado de derecho. Los latinoamericanos están experimentando lo vacía que es la libertad sin el estado de derecho. Los derechos, la riqueza, y la seguridad no están garantizados sin el. Conferir derechos colectivos y redistribuir la riqueza como muchas constituciones latinoamericanas lo hacen, es un modelo predestinado a fallar.