Un estado demasiado grande para los keynesianos

Juan Ramón Rallo asevera que hay una condición muy poco mencionada para que funcione la teoría keynesiana: que el tamaño del estado no sea muy grande.

Por Juan Ramón Rallo

Los economistas ortodoxos suelen decir que en los últimos 40 años la macroeconomía se ha desarrollado especialmente en lo relativo a la política monetaria. Enterrado Keynes en la crisis de los 70, la política fiscal ha recibido desde entonces una atención minoritaria, motivo que explicaría los bandazos que todos los políticos están dando estas semanas en relación con la gestión de sus déficits presupuestarios.

La lógica, pues, establecería que en las próximas décadas viviéramos un auge en la investigación en torno a las distintas políticas fiscales y sus efectos sobre la estabilización del ciclo y el crecimiento a largo plazo. Espero, sin embargo, que este debate no termine cerrándose en falso como el de teoría monetaria, donde parecía que ya estaba todo escrito y al final nos hemos encontrado con que los bancos centrales, a través de su científica política monetaria, contribuyeron a provocar una de las mayores crisis de nuestra historia.

Tampoco estaría de más, por cierto, que la escuela austriaca, tan dada en muchos casos a la endogamia, participara activamente en un debate ni mucho menos resuelto. Sin ir más lejos, uno de sus principales exponentes, Wilhelm Röpke, defiendió políticas de estabilización de la demanda para combatir lo que él denominaba “contracción secundaria”.

Los argumentos de Röpke son sugerentes y merecen ser estudiados de manera desapasionada. Personalmente no me convencen, pero sería interesante que todos aquellos que los rechazan de plano se dedicaran antes a tratar de refutarlos con calma. Al fin y al cabo, Röpke no es un Keynes cualquiera que ignore a Böhm-Bawerk, Mises y Hayek sino que los conoce a la perfección (a ellos y a aquello que cuenta, sus contribuciones esenciales: la compleja y rígida estructura de capital determinada por los precios relativos de cada etapa).

De las ideas de Röpke extraigo una interesante reflexión que deberían plantearse los keynesianos y, en general, todos aquellos que crean en las políticas públicas de estabilización del ciclo. Si algún sentido cabe encontrarle a eso de que aumentando la demanda agregada incrementamos la producción agregada (o frenamos su caída) es justo el de que el Estado pasa a subrogarse transitoriamente en la demanda de los agentes privados para que, una vez se estabilicen las expectativas y los ánimos, los éstos vuelvan a sustituir al Estado en sus demandas: el crédito público sostendría durante las crisis al menguante crédito privado hasta que éste se recupera. La traducción presupuestaria de este principio sería que el Gobierno debería acumular superávits durante la etapa de boom económico e incurrir en déficits durante las de recesión (por supuesto, intento ponerme en la cabeza de los keynesianos, con lo que obvio en esta discusión los problemas básicos de su teoría).

Sin embargo, para que esta política tenga visos de triunfar resulta esencial una condición que muy pocas veces se explicita: el peso del Estado en la economía no puede ser muy grande. Si el Estado copa grandes porciones de la riqueza nacional, no sólo tendrá incentivos durante la etapa del boom a endeudarse de manera desproporcionada como hacen el resto de agentes económicos; sobre todo se habrá adaptado a una estructura de ingresos basada por necesidad en impuestos tremendamente procíclicos (impuesto sobre la renta, sociedades, ganancias patrimoniales…).

Lo que desatará las crisis —el hundimiento de los ingresos derivado del parón de la actividad— será, pues, un déficit público de tal magnitud que se volverá insostenible para el conjunto de la economía y que, en lugar de generar tranquilidad, provocará desazón por la progresiva insolvencia del Estado. España, Grecia, Portugal, Irlanda o Italia lo están comprobando estos días. No se trata tanto de que hayan incrementado sus gastos de manera discrecional para sostener la demanda agregada, sino de que la crisis ha revelado un déficit estructural en sus cuentas públicas que es en sí mismo insostenible y que sólo puede revertirse de dos formas: o aumentando impuestos o reduciendo el gasto, justo lo que ningún keynesiano recomendaría en plena crisis.

Podemos comprender más fácilmente mi argumento si asumimos una economía totalmente socializada en la que el peso del Estado es del 100%. En este supuesto es evidente que el Estado no tendría ninguna capacidad para estabilizar la demanda agregada de la economía porque toda la demanda sería la del propio sector público. Es decir, desde una perspectiva keynesiana este país se enfrentaría necesariamente a una crisis similar a la de otro país cuya economía fuera 100% privada y donde el Estado no pudiera estabilizar la demanda agregada (básicamente la falsa historia que a los keynesianos les encanta explicar sobre la Gran Depresión estadounidense).

Para que un Estado pueda tener éxito a la hora de estabilizar la demanda agregada parece evidente que sus saldos presupuestarios deben ser en buena medida autónomos de la situación económica (adiós, pues, a las ilusorias bondades de los estabilizadores automáticos) y ello sólo puede lograrse cuando los ingresos de ese Estado se obtienen de impuestos acíclicos (por ejemplo, impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol, los hidrocarburos…) que al ser escasos (sólo una pequeña parte de la economía puede quedar al margen del ciclo) necesariamente limitan la cuantía de los gastos en los que ese Estado puede incurrir. Es más, sólo un sector público diminuto tiene capacidad en medio de una crisis para incrementar los impuestos y recaudar enormes cantidades adicionales de una riqueza que antes quedaba exenta; es decir, sólo un Estado pequeño puede permitirse el lujo de mantener durante varios ejercicios déficits públicos elefantiásicos sin que su propio crédito no sea puesto en entredicho.

Es hasta cierto punto comprensible que los economistas keynesianos no pensaran en ello durante los años 20 y 30, cuando el peso del Estado en la economía apenas suponía un 10% o 15% del PIB, pero ahora que el Estado llega a apoderarse en ocasiones de más del 50%, parece claro que ese problema no puede pasar desapercibido.

Si la profunda investigación sobre política fiscal que anticipaba al comienzo del artículo se produce en los próximos años, podríamos asistir al curioso espectáculo de observar a los keynesianos, los sicofantes del Gran Gobierno, defender la imperiosa necesidad de adelgazar el sector público. Quizá así los liberales consigamos un éxito en la práctica, aunque sea por las razones equivocadas.