Un esfuerzo más Presidente Uribe, pero sin impuestos

por Lorenzo Bernaldo de Quirós

El rechazo del proyecto de reforma de la Constitución planteado por el presidente de Colombia Álvaro Uribe ha desatado una avalancha de especulaciones sobre la hipotética fragilidad del gobierno, sobre un supuesto desengaño de la población con su estrategia y con un eventual empeoramiento de la situación del país tras la aparente desautorización del pueblo soberano a los planes del ejecutivo. Sin embargo, todas estas sombras son simples espejismos que no reflejan la realidad colombiana de estos momentos. Uribe mantiene un altísimo porcentaje de aceptación popular, el 78% después del referéndum constitucional, cuyo fracaso se ha debido más a su complejidad, quince preguntas de pesadilla, que al inexistente desencanto de los ciudadanos con la política de su primer mandatario.

De entrada conviene recalcar algo elemental: El éxito de Uribe es esencial para la normalización y para la estabilización democrática de la región andina y del resto del Cono Sur. En una área amenazada por un neopopulismo con injertos narco-indigenistas, la apuesta del líder colombiano por el fortalecimiento del Estado de Derecho, de las instituciones democráticas, de la economía de mercado, así como su lucha decidida contra la guerrilla y sus aliados, los narcotraficantes, constituye un ejercicio de rigor y de responsabilidad que debe contar con la simpatía y el apoyo decidido de todas las personas que creen en la democracia, en la decencia y en el futuro de una Iberoamérica moderna y próspera. Frente a la epidemia de irracionalidad que afecta a Venezuela, Ecuador, Bolivia y corre el riesgo de contaminar a Perú, Uruguay o la propia Argentina, el presidente de Colombia es un símbolo de la mejor tradición occidental, la asentada en los valores del capitalismo democrático, entendido éste como la mezcla indisoluble de la libertad política y económica.

Desde un punto de partida dramático heredado de la nefasta gestión de Pastrana, la acción del gobierno colombiano ha cosechado victorias indiscutibles en su objetivo de restaurar el imperio de la ley, de garantizar la vida y la hacienda de los ciudadanos. Con un escrupuloso respeto a la legalidad, los homicidios han descendido un 22%, el número de víctimas en masacres un 41%, los secuestros un 33%. El gabinete colombiano ha reestablecido la presencia de la fuerza pública en 174 municipios de los 192 en los cuales reinaba la anarquía antes del acceso de Uribe al poder. Por último, la captura de guerrilleros y de miembros de las denominadas autodefensas se ha incrementado en un 91% y en un 147% respectivamente. Con estas actuaciones, Uribe y su equipo han reestablecido la presencia y la autoridad del Estado, su monopolio de la violencia en amplias zonas del territorio en las que habían desaparecido desde hace años. Estos brillantes resultados son una muestra palpable de que el orden empieza a desplazar al caos en Colombia.

El único punto flaco del gobierno Uribe es la economía. Su programa de estabilización del binomio déficit-deuda se sustenta en un fuerte aumento de los impuestos cuyo impacto sobre la actividad económica será negativo. Sin duda, Colombia necesita corregir el desequilibrio de las finanzas públicas y cortar la espiral alcista del endeudamiento externo pero la manera de lograr esa meta no es con subidas impositivas, sino mediante la articulación de un programa macroeconómico creíble y consistente en el tiempo que incluya recortes simultáneos del gasto público y de los impuestos. El camino elegido por el gabinete colombiano con su aroma "hooveriano", similar al implantado en Argentina por De La Rúa, producirá efectos distintos a los esperados. En concreto deprimirá el consumo y la inversión privada y estimulará la evasión fiscal con una consecuencia: la reducción de la recaudación tributaria y la asfixia de la incipiente recuperación de la economía.

La audacia y la firmeza mostrada por Uribe en el plano político-institucional debería aplicarse también en el económico. En este marco, profundizar en la flexibilización del mercado de trabajo es vital para reducir el abultado desempleo del país, el 14% de la población activa. Culminar la plena privatización del sector público empresarial, incluida la compañía estatal de petróleo es vital para allegar recursos a las arcas públicas, así como para aumentar la eficiencia y la competitividad del tejido productivo colombiano. Al mismo tiempo, abrir la economía al exterior ya sea dentro del ALCA o bien a través de una decisión unilateral y liberalizar los mercados de bienes y servicios constituyen medidas imprescindibles para crecer y crear puestos de trabajo. Estas iniciativas son prioritarias y un complemento ineludible para que cualquier proyecto de estabilización macroeconómica produzca bienestar para todos.

El gobierno Uribe tiene la credibilidad suficiente para que un programa de esta naturaleza sea aceptado por los agentes económicos de dentro y de fuera de Colombia. En un marco de restauración de la autoridad del Estado, la combinación del rigor fiscal y presupuestario con políticas agresivas en el lado de la oferta producirían un choque positivo de confianza en los mercados con efectos expansivos sobre la economía. Para empezar se reduciría la tasa de interés doméstica y la prima riesgo-país lo que aliviaría de manera inmediata el déficit público, la deuda externa y mejoraría las expectativas del consumo y de la inversión. Desde esta perspectiva, la experiencia española es ilustrativa. Un plan económico como el descrito ha permitido conjugar el descenso de los impuestos con el equilibrio de las cuentas públicas y con un sólido crecimiento del PIB y del empleo. Por eso, Presidente Uribe, haga un esfuerzo más y archive su estrategia de ajuste fiscal y sea audaz.