Un arreglo perfecto para la industria del azúcar

por Doug Bandow

Uno nunca le puede sacar demasiado a los consumidores y a los ciudadanos que pagan impuestos. Ese parece ser el slogan de la industria del azúcar. Recibir subsidios. Restringir el comercio. Ilegalizar a tus competidores. Dejen que los ciudadanos estadounidenses paguen.

Estos no son buenos tiempos para los abogados de la industria azucarera. Las ventas bajaron por un 4.3 por ciento en el 2004.

El Presidente de la Asociación Azucarera, Andy Briscoe admitió que “El azúcar tiene un problema de imagen”. Obviamente, el azúcar no causa la obesidad. Consumir mucha comida y bebidas repletas de azúcar causan la obesidad.

Por esto los sustitutos de azúcar son como un regalo de dios para muchos estadounidenses. Con muchas dietas sumidas en calorías, Equal, Sweet ‘N’ Low, y Splenda ofrecen un alivio moderado. Lo cual es malo desde el punto de vista de los abogados de la industria azucarera.

Entonces la Asociación Azucarera ha hecho lo americano—ha demandado a McNeil Nutritionals, el productor de Splenda. Los abogados del azúcar acusaron a McNeil de falsa publicidad y competición injusta por haber dicho que Splenda es “hecho de azúcar” y por haber utilizado la línea “¿De qué están hechas las niñas pequeñas? Splenda y especias y de todo lo bueno”.

De hecho, la sucralosa es sacarosa, químicamente modificada. Y parece dudoso que este creativo producto derivado de viejos productos similares sea la razón por la cual los productores de azúcar están perdiendo ventas. Pocos consumidores podrían creer que están recibiendo azúcar.

Pero la Asociación de Azúcar no solo ha respondido con una demanda, los abogados del azúcar también le han pedido a la Comisión Federal de Comercio que investigue a McNeil. Y la Asociación ha contratado a la firma de relaciones públicas Communications para crear una página de Internet exponiendo la “verdad acerca de Splenda”.

no lo puso exactamente de esa manera, por supuesto. En vez, anunció que “un grupo de consumidores preocupados, dirigidos por los productores de caña de azúcar y granos de azúcar alrededor de EE.UU.”, lanzaron la página de Internet.

Claro, productores de caña de azúcar y de granos de azúcar, que se han pasado años beneficiándose de subsidios pagados por los ciudadanos estadounidenses.

El programa de azúcar actual fue establecido en 1981. Cuando el congresista John Breaux, Demócrata de Louisiana, intercambió su apoyo por otra ley en retorno por el apoyo de la administración de Reagan a los subsidios de azúcar, el memorablemente dijo que su voto estaba “rentado”, no comprado.

La garantía del préstamo ha estado costando alrededor de $200 millones al año. Pero, los desembolsos pueden ser más altos: en el 2000, el Departamento de Agricultura gastó $465 millones para pagarle a los agricultores para que destruyan sus cultivos.

Cuando el Congreso reautorizó el programa de la Ley de Agricultura en el 2002, este cortó las penalidades para los granjeros que perdían su azúcar, aumentando las ganancias de la industria por unos $500 millones más. Además, Washington gasta unos $90 millones más al año para pagar por productos con azúcar con precios más altos. Esto lo hace como parte de sus programas de alimentación.

Washington también mantiene cuotas de importación, las cuales tienen un costo a los consumidores estimado en $2 mil millones anuales. Estas restricciones han destrozado las economías de los países pobres de Latinoamérica.

Un quinto de los agricultores reciben 60 por ciento de los beneficios. Y subiendo los precios—hasta cinco veces por encima del nivel mundial—ha derivado en que los manufactureros utilicen substitutos, como el sirope alto en fructosa del maíz, diezmando así la industria de refinería doméstica (12 de las 22 refinerías han cerrado a lo largo de las dos últimas décadas).

Pero la industria siempre quiere más. La administración de Bush ha estado presionando para aumentar la presencia estadounidense en los mercados extranjeros con el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica. La Asociación de Azúcar naturalmente se ha pronunciado en contra de este tratado.

Por supuesto, la página de Internet auspiciada por la industria no menciona lo que realmente está debatiéndose aquí: aumentar la ganancia de la industria. Aunque Qorvis dice que está utilizando argumentos de salud, la página de Internet declara que “nadie puede decir con certeza que la sustancia es segura para el consumo”.

Splenda es utilizada por miles de productos y por millones de personas, y no han surgido problemas. ¿Pero, aún así, podríamos estar seguros?

Si el estándar de los productos fuese “seguridad”, tendríamos poco que comer y tomar. Es imposible comprobar un negativo.

Pero numerosos estudios han establecido que Splenda es seguro. El edulcorante también ha sido aprobado en Canadá por la rama de Protección de Salud y por el Comité Experto en Aditivos Alimenticios de la Organización Mundial de Salud y por la Organización de Agricultura, como también por la Administración de Alimentos y Drogas de EE.UU.

Con poca evidencia de su lado, los abogados del azúcar simplemente insisten en su causa. “Es decisión de los padres el decidir si quieren que sus hijos consuman compuestos de cloro”, dice Qorvis.

Este es un lindo slogan con connotaciones negativas. Si Splenda no es azúcar, como dicen los productores de azúcar, entonces tampoco es cloro. Honestamente, no hay muchas cosas que uno quisiera comerse—por ejemplo, salchichas—luego de leer la información en las etiquetas, las cuales están llenas de ingredientes que suenan muy extraños. Sin embargo, los productos son perfectamente seguros.

“Tomen acción” demandan los abogados del azúcar. El pueblo estadounidense debería acabar con este arreglo perfecto del cual goza la industria del azúcar a cuesta de los consumidores y los ciudadanos que pagan impuestos. Los estadounidenses deberían asegurarse de que la industria del azúcar no siga restringiendo sus opciones.

¿Deberían las personas utilizar azúcar o edulcorantes artificiales? No hay una respuesta correcta. Pero esta decisión debería estar a cargo de los consumidores y no a cargo de los abogados del azúcar.

 

Traducido por Gabriela Calderón para Cato Institute.