Transparencia y rendición de cuentas

Nunca podremos vivir en un mundo perfectamente seguro, pero podemos abordar la cuestión de seguridad en los productos de consumo de una manera inteligente al balancear los costos y los beneficios de mejorar los criterios de seguridad. Lo que los países no deben hacer es valerse de la seguridad para disfrazar al proteccionismo.

De acuerdo al embajador estadounidense Alan Homer, enviado especial a China para el Diálogo Económico Estratégico, “la seguridad requiere el mejoramiento continuo, pero es importante que cualquier política gubernamental no sea proteccionista en esta área”.

Lo que China necesita más que nada es un sistema legal más transparente que proteja los derechos de propiedad y evite el fraude. Las virtudes del libre mercado podrían entonces mejorar la seguridad sin recurrir a un gobierno demasiado intervencionista y a mercados corrompidos.

La ejecución de Zheng Xiaoyu, el anterior director de la Administración Estatal de Alimentos y Medicinas, por haber recibido sobornos mientras que aprobaba medicinas que causaban la muerte es un crudo recordatorio de que la supervisión gubernamental no es una garantía de la seguridad en los alimentos y las medicinas. Aún una economía avanzada como la de EE.UU. ha fracasado en prevenir que productos dañados entren al mercado—y, en algunos casos, ha sido lenta para removerlos.

En el mundo real, ni la intervención gubernamental ni el mercado conducirán a productos y medicinas perfectamente seguros. Lograr una seguridad de 100 por ciento no es una opción. Las soluciones utópicas a los problemas socio-económicos siempre han demostrado ser desastrosas. La pregunta es qué mecanismo—un sistema de mercado o uno de planificación central—es más probable que resulte en un ambiente más seguro en el cual los beneficios de lograr alimentos y medicinas más seguros superen a los costos.

En un sistema de libre mercado, en el cual los dueños de las empresas de alimentos y medicinas tienen derechos de propiedad muy bien definidos—y, por lo tanto, se les puede pedir que rindan cuentas por comportamiento irresponsable—los costos de poner productos peligrosos en el mercado (esto es, quedar en bancarrota, la vergüenza social y el encarcelamiento) recaerán en los dueños.

Las agencias calificadoras independientes aparecerán para monitorear a empresas, y las leyes de responsabilidad serán creadas para proteger a los consumidores. Una prensa libre y el Internet rápidamente informarán a los consumidores e inversionistas acerca de los productos que no son seguros. Los precios de las acciones de las empresas irresponsables colapsarán y los recursos se desplazarán desde esas empresas hacia aquellas que si estén satisfaciendo las preferencias de los consumidores.

Las marcas son valiosas, y las empresas invertirán en asegurarse de que su reputación de largo plazo no esté en juego. La cultura empresarial, un estado de derecho transparente y la competencia ayudarán a garantizar que la innovación y la seguridad de los productos se den simultáneamente.

En la China continental, el subdesarrollo de las instituciones de libre mercado significa que habrá menos preocupación por el bienestar del consumidor que en una economía totalmente de mercado. Ejecutar a un funcionario público, o siquiera a varios, no llegará a la raíz del problema—específicamente, la ausencia de una propiedad privada esparcida y de rendición de cuentas en un régimen de un solo partido político y de un poder judicial independiente.

No hay duda de que los países con la mayor cantidad de libertad económica tienen los productos más seguros y los nombres de marca con la mejor reputación. Las empresas que no tienen precios y calidad competitivos desaparecen en un sistema de libre mercado. Por supuesto, algunos consumidores están dispuestos a aceptar más riesgos que otros por un precio más bajo—y esos sacrificios deberían ser permitidos en una sociedad libre. Pero para tomar decisiones racionales, las personas deben conocer los costos y beneficios de las alternativas, y eso es exactamente la información que un mercado libre provee.

El rol del gobierno es el de proteger los derechos de propiedad privada, y por lo tanto proteger a las personas del fraude y de la violencia. Un gobierno draconiano que trata de lograr “la seguridad perfecta” es muy probable que se equivoque al mantener demasiados alimentos y medicinas buenas fuera del mercado. En la economía global de hoy, es cada vez más costoso para los gobiernos monitorear cada producto. La única alternativa viable es fomentar la cultura empresarial y permitir que las agencias privadas suplementen a la regulación gubernamental para asegurar la cantidad óptima de seguridad—esto es, la cantidad que vale lo que cuesta.

Como el anterior sub-comisionado de la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA por sus siglas en inglés) de EE.UU. Scout Gottlieb indica: “La FDA no puede estar en todas partes, cada momento que surge un riesgo, especialmente cuando la cadena de oferta tanto para los alimentos como para las medicinas continúa volviéndose más diversa y más global. Al final de cuentas, la FDA necesita permitirle a las empresas ser inspeccionadas por terceros de buena reputación y privados que sean certificados por la agencia”.

El problema de China es más severo; y las reformas necesarias son más radicales. Para asegurar más seguridad en la manufacturación de alimentos y medicinas, tiene que haber más énfasis en el cambio institucional, particularmente en una mayor adherencia a los mercados libres que hacen que los individuos sean completamente responsables de sus actos. La competencia y la propiedad extranjera pueden avanzar ese objetivo.

Las consecuencias del comportamiento irresponsable deben ser totalmente reflejadas en los precios de mercado de aquellas empresas que perjudican a los consumidores. Debe ser más fácil enlistar empresas privadas en las bolsas, los intercambios necesitan tener acceso a los transparentes reportes anuales, y las acciones de las empresas estatales deben ser totalmente intercambiables para asegurar que no sean entregadas con tratamiento especial que podría perjudicar a los consumidores. Mientras que los funcionarios sigan teniendo el poder de aprobar productos nuevos, ellos estarán expuestos a ser sobornados, y la corrupción será inevitable. El reto es minimizar el rol del gobierno y aumentar la envergadura del mercado para maximizar la rendición de cuentas y lograr el nivel de seguridad que es racional en el mundo de hoy.

El peligro está en que los funcionarios, en su búsqueda de la seguridad perfecta, se olviden de las virtudes del mercado libre—y, al suceder eso, utilicen su poder para proteger intereses especiales en vez de públicos.

Este artículo fue publicado originalmente en el South China Morning Post el 8 de agosto de 2007.

Traducido por Gabriela Calderón para Cato Institute.