Todo el mundo quiere mandar en Internet

Por Adam Thierer y Clyde Wayne Crews Jr.

Existe un creciente cuerpo de evidencia que indica que los buenos viejos tiempos cuando el Internet era una zona cibernética de libertad—donde los gobiernos generalmente no meten las manos—podrían tener los días contados. De hecho, hace unas semanas, delegados de 192 países se reunieron en Ginebra para discutir cómo debería ser gobernada Internet y qué pasos se deben tomar para revolver la "brecha digital" global y "aprovechar el potencial de la información" en favor de los pobres del mundo. También en la mesa de discusiones—la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información de las Naciones Unidas—estaba el tema de la administración de los nombres de los dominios y qué tanta protección debería recibir la libertad de expresión en la red.

El verdadero asunto, sin embargo, es si una "Naciones Unidas para el Internet" está en el camino. La cumbre de hace unas pocas semanas y otra en el 2005 discutirán si la toma de decisiones sobre Internet debiera ser transferida de una administración mayormente privada a las Naciones Unidas.

En cierto sentido, nada de esto es sorprendente. Los reguladores alrededor del globo han venido por mucho tiempo clamando por un mayor control sobre el contenido y el comercio en el Internet. Irónicamente, bajo el disfraz de proteger a los ciudadanos del mundo, los estatistas del planeta quieren poner sus manos sobre una de las tecnologías de comunicación más liberadoras que existen.

Mientras los conferenciantes de la ONU han acordado "generosamente" retener un lenguaje que proteja la libertad de expresión, a pesar de la desaprobación de países como China e Irán, estos asuntos están lejos de ser resueltos. Ya ha habido algunas disputas internacionales de consideración, como el intento de una corte francesa de obligar a Yahoo! a bloquear la venta a ciudadanos franceses de materiales nazis ofensivos, y el fallo de una corte australiana en cuanto a que la versión electrónica de la publicación Barron's de Dow Jones puede ser sujeta a las leyes de difamación del país. Además, las autoridades chinas han intentado censurar a los buscadores Google, AltaVista y Yahoo!

Aparte de las leyes sobre libertad de expresión y difamación, los impuestos de ventas, las políticas de privacidad, los estatutos antimonopolios, las leyes de propiedad intelectual, y la temible "brecha digital" son otros temas calientes que sin duda alguna tendrán un lugar en la agenda de la ONU. ¿Quién le da a los burócratas internacionales el derecho de meter sus tentáculos en la World Wide Web? ¿Cómo puede saber el operador de una página en Internet la forma en que puede actuar o hacer negocios en este confuso ambiente legal? ¿Y quién debería tener jurisdicción sobre las actividades en Internet de todas formas?

Nosotros examinamos estas complicadas interrogantes en el nuevo libro del Cato Institute, Who Rules the Net? La amenaza que presenta una mezcolanza de leyes internacionales sobre los vendedores en línea y el crecimiento del comercio electrónico surge del hecho que cumplir con 190 códigos legales diferentes sería confuso, costoso, y técnicamente imposible para todos excepto las compañías más grandes. La única opción para un operador de una página en Internet sería la de ajustar su discurso electrónico o sus actividades comerciales a las leyes más restrictivas del planeta con el fin de asegurar un cumplimiento global. Si a usted le atrae la idea de que el dictador de Zimbabwe establezca los estándares de difamación para todos en el planeta, este tipo de regulación basándose en el denominador común más bajo es el régimen legal para usted.

Si suficientes países empiezan a jugar estos juegos, la amenaza de represalias y guerras comerciales aumenta conforme las disputas legales internacionales se intensifican en temas como privacidad, apuestas, pornografía, propiedad intelectual y política tributaria. Todas estas intervenciones proveen una base de apoyo para que los países más pobres demanden transferencias de riqueza por parte de los países ricos con el fin de combatir la brecha digital y la pobreza que es mayormente producto de sus propios actos—problemas enraizados en gobiernos fundamentalmente ineptos o despóticos más que en quién gobierna el Internet.

Las implicaciones para el comercio electrónico son profundas. En el momento que se ingresa a una página de Internet, uno se ha "vuelto global". ¿Debería eso implicar que uno automáticamente y de buena voluntad ha aceptado las leyes de cada país en el planeta? ¿No debería importar el origen del contenido?

Esta es una razón por la cual algunos favorecen un modelo de "Naciones Unidas para el Internet". Pero otros han sugerido que los tratados internacionales o la adjudicación por parte de la Organización Mundial del Comercio podrían ofrecer un mejor enfoque. E incluso otros sostienen que la mejor respuesta es no hacer nada debido a que el actual ambiente desregulado del Internet ha ayudado a expandir la libertad de expresión y el comercio globalmente para compañías, consumidores e individuos.

Nosotros favorecemos la última. Sin embargo, hasta el tanto un laissez faire puro no sea una opción, los estándares de "país de origen" podrían ofrecer la mejor solución. Es decir, el gobierno debería ejercer autoridad sobre aquellos actores que residen físicamente dentro de sus límites geográficos tradicionales. En este sentido, una metodología jurisdiccional basada en la fuente de origen protege la soberanía al mismo tiempo que brinda significado a la noción de "consentimiento del gobernado" en un marco electrónico. Una sana regulación jurisdiccional y competencia tributaria a través de reglas de fuente de origen le permitiría a las compañías y consumidores tener una "válvula de escape" para evitar las jurisdicciones opresivas que buscan sofocar el comercio y la libertad de expresión electrónicas.

Software que permite la localización geográfica también podría jugar un papel cada vez más importante. Particularmente conforme el poder de la ONU crece, los negocios podrían optar por evitar la interacción utilizando tecnologías de geo-localización para fijar selectivamente dónde ofrecer sus servicios en lugar de poner sus productos a disposición de todo el planeta. Dicho direccionamiento podría ser un mejor enfoque desde una perspectiva de marketing de todas formas. Pero que sea impuesto por las triquiñuelas de la ONU sería desdichado.

La gran ventaja del Internet es precisamente la habilidad de alcanzar tanta gente como es posible y de sobrepasar las restricciones artificiales sobre el comercio o comunicaciones en fronteras geográficas tradicionales. La Web, sin importar cualquier problema que haya creado, ha brindado mucho más oportunidades y libertad a la humanidad. La ONU parece estar ansiosa por asumir un mayor control sobre Internet, no por sus fallas, sino porque mina la autoridad de sus miembros. Esa suena como la mejor razón de todas para asegurarse que una Naciones Unidas para el Internet nunca llegue a ser una realidad.

Traducido por Juan Carlos Hidalgo para Cato Institute.