Se está ampliando la vigilancia financiera en la frontera sur
Nicholas Anthony considera que las personas que viven en estas comunidades no deberían tener que demostrar su inocencia para utilizar los servicios financieros.
Por Nicholas Anthony
La administración de Donald Trump ha ampliado la vigilancia financiera en la frontera sur para incluir a más de 3,5 millones de personas.
El aumento de la vigilancia comenzó en marzo de 2025 con una orden de vigilancia geográfica (o GTO, por sus siglas en inglés) emitida por el Departamento del Tesoro. Esta orden temporal redujo el umbral para los reportes de transacciones en efectivo (CTR) de 10.000 dólares a tan solo 200 dólares para empresas de servicios de cambio de divisas como Western Union que operan en 30 códigos postales a lo largo de la frontera.
La orden de vigilancia fue rápidamente impugnada ante los tribunales por el Institute for Justice y otras organizaciones. Y, en un cambio de rumbo bienvenido, los tribunales coincidieron en que algo no cuadraba.
En Texas, el tribunal calificó la orden de vigilancia de 200 dólares como "irrazonable" porque "se excede de su alcance", "desafía el sentido común" y "probablemente viola la Cuarta Enmienda". El tribunal dictó una orden judicial para suspender la vigilancia hasta que cada parte pudiera presentar sus argumentos. En California se dictó una orden judicial similar.
Sin embargo, el Departamento del Tesoro tenía otros planes. En lugar de respetar el litigio en curso, emitió una nueva orden con un umbral de 1.000 dólares que abarca cuatro veces más códigos postales.
En el anuncio de la nueva orden, la directora de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), Andrea Gacki, dijo: "Los informes generados por esta Orden de Focalización Geográfica seguirán ayudando a las autoridades a investigar poderosas redes ilícitas que operan a lo largo de la frontera suroeste y más allá". Sin embargo, curiosamente, cuando Gacki compareció ante el Congreso apenas unos días después, no pudo precisar cuántos delincuentes habían sido capturados gracias a este régimen de vigilancia.
En cambio, lo único que hemos podido observar es que las pequeñas empresas se han visto atrapadas bajo una pesada carga de cumplimiento normativo. Y, en un cruel giro irónico, la política destinada a capturar delincuentes probablemente esté empujando a las personas hacia los mercados ilegales.
Una pequeña empresa estimó que, bajo la orden inicial, probablemente pasaría de presentar nueve reportes por semana a presentar 50.000 reportes por semana. Esa es una norma prácticamente imposible de cumplir. Otra pequeña empresa observó cómo las largas filas de clientes que esperaban para cobrar cheques y enviar dinero a sus familias se desvanecieron, ya que los clientes comenzaron a preocuparse por los nuevos requisitos de vigilancia.
Desafortunadamente, ni la falta de resultados ni el impacto en las empresas han hecho cambiar de opinión al Tesoro. En septiembre de 2026, la orden se amplió nuevamente. Lo que comenzó en 30 códigos postales se expandió a 304 códigos postales. Lo que comenzó con un límite de seis meses ya lleva casi dos años.
Al gobierno no le importó que hubiera un proceso judicial que impugnara la vigilancia. Al gobierno no le importó que la gente estuviera perdiendo sus negocios. En cambio, lo único que parece importarle es la idea de que el gobierno deba tener acceso sin restricciones a nuestras vidas financieras.
Para la persona común, es fácil restarle importancia a estas preocupaciones. Después de todo, se supone que este régimen de vigilancia intensificada está confinado a la frontera sur. Sin embargo, lo que está sucediendo en el sur es solo una pieza de un vasto sistema de vigilancia financiera construido al amparo de la Ley de Secreto Bancario durante los últimos 56 años.
Los bancos están obligados a verificar tu identidad, a denunciarte por usar más de $10.000 en efectivo y a denunciarte por cualquier acción fuera de lo normal. ¿Y para qué? Se estima que se gastan $59 mil millones al año en cumplir con la Ley de Secreto Bancario, ya que los bancos presentan más de 28,7 millones de informes sobre clientes al gobierno. Sin embargo, los informes presentados solo dieron lugar a unas 275 investigaciones penales.
El Departamento del Tesoro debería poner fin a este régimen de vigilancia intensificada, y el Congreso debería reformar las leyes que lo hacen posible. Como mínimo, las órdenes de focalización geográfica deberían exigir un mayor nivel de evidencia para justificar su emisión. Sin embargo, el Congreso debería ir más allá. Debería derogar la Ley de Secreto Bancario y exigir que las autoridades obtengan una orden judicial para acceder a los registros financieros. Cobrar un sueldo, enviar dinero a la familia o hacer algo fuera de lo normal no debería colocarte automáticamente en una lista de vigilancia del gobierno.
Las personas que viven en estas comunidades no deberían tener que demostrar su inocencia para utilizar los servicios financieros. Tampoco las pequeñas empresas deberían tener que elegir entre denunciar a sus clientes o cerrar sus puertas. Es hora de poner fin a la vigilancia sin control, en todas sus formas.
Este artículo fue publicado originalmente en Peer to Peer (Estados Unidos) el 29 de octubre de 2026.