Robo legalizado en Venezuela

Por Carlos A. Ball

La manera preferida por los gobernantes latinoamericanos de robar a los ciudadanos es impulsando la inflación y la devaluación de la moneda. Si un venezolano rico tenía en 1960 el equivalente en bolívares a un millón de dólares y –confiando en los gobernantes y en el Banco Central– hubiera dejado su dinero en efectivo, hoy su “fortuna” sería de 1.745 dólares al cambio oficial o 1.300 dólares en el mercado paralelo (negro). Si eso no se considera un robo descarado es porque los políticos utilizan un lenguaje diferente al de la gente normal.

Y luego de sus triunfos fraudulentos en el referendo del 15 de agosto y en las elecciones locales del 31 de octubre, Hugo Chávez se prepara para seguir los pasos del Che Guevara, quien fue nombrado por Fidel Castro presidente del Banco Central de Cuba, en noviembre de 1959, y procedió a borrarle un par de ceros al peso cubano. Parece que el gobierno venezolano prepara ese nuevo golpe contra el bolívar para la primera semana de enero y dará pocas horas para que los venezolanos cambien sus billetes viejos por los nuevos. Así la policía política podrá elaborar listados sobre las cantidades en efectivo que tiene cada ciudadano. Y el control de cambios será extendido indefinidamente para “garantizar un uso correcto de las divisas”, lo cual significa dejar totalmente en manos del gobierno la decisión sobre quién merece o no tener derecho a importar o a viajar al exterior o a tratar de educar a sus hijos fuera del ambiente estalinista venezolano.

Tales tragedias suceden cuando se entiende como democracia el simple voto de las mayorías y las constituciones no limitan claramente el poder de los gobernantes ni establecen un requisito clave de cualquier sociedad civilizada: respeto por la propiedad privada. Los Chávez, Lula, Kirchener, Toledo, etc. no actúan como presidentes democráticos de países civilizados sino como mafiosos empeñados en concentrar en sus manos todo el poder y toda la riqueza, en el menor tiempo posible. El filósofo escocés Adam Ferguson definió claramente el problema hace más de dos siglos: “La más importante diferencia entre un salvaje y un hombre civilizado es que el salvaje no reconoce los derechos de propiedad”.

En la medida en que la concentración del poder político y económico en América Latina siga desplazándose hacia las manos de gente como Eduardo Duhalde, Tabaré Vásquez, José Vicente Rangel, Evo Morales y Lucio Gutiérrez, la región se empobrecerá hasta alcanzar niveles africanos y el único freno posible sería regresar al patrón oro, donde el valor de cada moneda se fija en cierta cantidad de oro y todo tenedor de un billete puede ir al Banco Central y exigir que se lo cambien por oro. Es un sueño, sí, como también lo fue para nuestros antepasados alcanzar la independencia de España.

Parte de la tragedia latinoamericana se debe a que los políticos, los intelectuales, los empresarios, los líderes obreros, los periodista, las ONG, etc. luchan por cambiar esto o aquello que puede significarles una mejoría o una ventaja temporal, mientras que los problemas verdaderamente de fondo, como la no confiabilidad de la moneda, raramente se discuten y se pelean.

Entre 1880 y 1914, período en el cual Estados Unidos estuvo bajo el patrón oro, la inflación anual promedió 0,1%. Por el contrario, el promedio de la inflación en EEUU entre 1946 y 1990 fue de 4,2%. Y ese sueño maravilloso no ocurría sólo en los países prósperos y desarrollados. El bolívar venezolano valía exactamente un gramo de oro desde 1879 hasta 1961 y eso fue uno de los fundamentos de la prosperidad de Venezuela durante los años 50, cuando su inflación era inferior a la de Estados Unidos, había más inversión extranjera que en cualquier otra nación latinoamericana y la inmigración fluía desde Europa, Norteamérica y Suramérica, atraída por la creciente prosperidad. Claro, ni el petróleo ni el Banco Central habían sido todavía “nacionalizados” ni los partidos habían politizado el sistema judicial, lo cual a partir de los años 70 disparó la corrupción y descuartizó el estado de derecho.

No hay ninguna duda de que los culpables de la aplastante miseria latinoamericana han sido nuestros infames gobiernos y mientras la gente siga creyendo que son los políticos quienes los sacarán de la pobreza, en vez del esfuerzo propio en un ambiente de respeto por la propiedad privada, estado de derecho, gobiernos limitados y libertad de comprar y vender, importar o exportar, la región continuará sumida en la pobreza y el desaliento. Y los latinoamericanos continuaremos siendo un pueblo de emigrantes.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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