Reformas laborales: salarios y pensiones

El presidente López anunció que el 5 de febrero enviará al Congreso un conjunto de iniciativas de modificación a la Constitución, entre ellas dos al artículo 123. La primera es que los aumentos salariales siempre tengan que ser superiores a la inflación y la segunda una reforma al sistema de pensiones para, según él, que los trabajadores reciban una pensión igual al 100% de su último salario. Estas propuestas ameritan unos comentarios.

Revisiones salariales

Un primer comentario es que el anuncio presidencial no especifica a qué tipo de revisión salarial se refiere, si es solo el salario mínimo o la generalidad de revisiones salariales, incluidas las contractuales. Es de suponer, sin embargo, que el presidente sólo propondría introducir en el texto constitucional el que los aumentos en el salario mínimo no podrán ser inferiores a la tasa de inflación acumulada desde la revisión previa.

Esto no parecería ser problemático dado que desde que se introdujo la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2016, lo que permitió desligar diferentes obligaciones del salario mínimo, los aumentos que ha tenido han sido superiores a la tasa de inflación de forma tal que el salario mínimo real se ha incrementado sostenidamente desde 2017. Menos problemático sería si la economía experimenta un proceso sostenido de crecimiento real lo cual, naturalmente, derivaría en aumentos en los salarios reales.

Hay sin embargo otra consideración que es importante resaltar. Es un grave error de política económica indizar precios claves a la tasa de inflación, destacando tres: el tipo de cambio, el precio de la gasolina y los salarios. En particular cuando los salarios se indizan, tal como lo propone el presidente, se puede introducir un piso a la tasa de inflación por arriba del objetivo del Banco de México, el cual tendría frente a sí dos opciones, ambas con un alto costo. La primera es validar con una política monetaria expansiva a la tasa de inflación resultante lo cual, por su propia dinámica, se traduciría en una trayectoria creciente y explosiva de la inflación. La segunda es no validar ese mayor piso inflacionario y, con el fin de lograr su objetivo de inflación, adoptar una política monetaria restrictiva con el efecto negativo sobre producción y empleo.

Hay además una rigidez no deseada al indizar los salarios que es el costo de no poder enfrentar de manera eficiente un choque real negativo. Si la economía recibe un choque negativo significativo, por ejemplo si gana Trump las elecciones y cumple con su promesa de deportar a cinco millones de mexicanos e imponer un arancel generalizado a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos el choque tendría que ser absorbido, para minimizar el costo, con un incremento del tipo de cambio real y una caída de los salarios reales (estas son las dos caras de una misma moneda). Si el salario real no puede caer por estar indizado, todo el ajuste recaería sobre los niveles de producción y empleo y el costo, en lugar de minimizarse, se maximizaría.

Por las razones mencionadas en los dos párrafos anteriores, es que sería un grave error introducir al nivel constitucional la propuesta presidencial de que el incremento de los salarios nunca sea menor a la tasa de inflación.

Pensiones

La segunda propuesta que el presidente anunció es una para que el monto de las pensiones sea igual al último salario. Es importante señalar que en ningún país las pensiones son iguales al último salario; el promedio de los países de la OCDE la tasa de reemplazo es del 50.7%. Por otra parte, y como bien señaló Abraham Vela quien fuera presidente de la CONSAR en su artículo “Reforma de AMLO al sistema de pensiones del SAR: ¿Por qué y para qué?” publicado en el portal de Arena Pública, con la reforma que entró en vigor en enero de 2021 al sistema de pensiones que llevará en 2030 las aportaciones patronales a las cuentas individuales de retiro al 13.875% del salario, en conjunto con la aportación del propio trabajador de 1.125% de su salario,15% en total, la tasa de reemplazo para un trabajador que gana hasta dos salarios mínimos y laboró 27 años y medio en el sector formal, su tasa de reemplazo alcanza el 94.5%. Para la mediana de salarios la tasa de reemplazo llegaría en 2030 a casi 70%. Así, el que un individuo obtenga una pensión igual al 70% de su último salario, se le considera como la adecuada para estándares internacionales.

Uno de los problemas que tenemos en México es la elevada rotación de los trabajadores entre el sector formal y el informal, lo que se traduce en que muchos trabajadores no llegan a las semanas cotizadas necesarias para tener una tasa de reemplazo del 70%. Con 1,000 semanas cotizadas ésta sería apenas de 48%. Claramente la solución pasa por hacer una reforma integral que abarate los costos de la formalidad, tanto para empresas como para los trabajadores.

Adicionalmente, para aumentar la pensión de la manera más eficiente el gobierno podría utilizar un mecanismo de “empujón” (Nudge en los términos del Premio Nobel de Economía Richard Thaler) e incentivar a cada individuo a aportar voluntariamente a su cuenta individual de retiro aportando con recursos fiscales un monto igual al que cada quien deposite. Contrario a lo que cree el presidente, los individuos sí responden positivamente si los incentivos son los correctos.

Habrá que ver qué propone el presidente, pero si incluye desaparecer el sistema de Afores creando una única administradora gubernamental de las cuentas individuales, como lo hizo Cristina Fernández en Argentina, ello equivaldría a una expropiación y desaparición de su ahorro. ¿Usted lo permitiría?

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 15 de enero de 2024.